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LA SUBORDINACIÓN Y SU EXPANSIÓN: FUNCIÓN Y CONTENIDO EN LA DETERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
La subordinación laboral ha sido objeto de una significativa expansión en la historia de las ideas jurídicas. La primera, en el pasado, en relación con su función jurídica, a través del deslizamiento desde una función de control a una de protección o tutelar. La segunda, en el presente, de su contenido, en el tránsito de una forma disciplinaria a una virtual. Esto es, un desplazamiento de un control cuyo contenido exhibe un carácter anatómico, tópico y procesal, a uno cuyas notas características son el carácter virtual, atópico y reputacional.
De esas transformaciones da cuenta este artículo, para desde ahí, revisar el impacto en el derecho del trabajo chileno y analizarlos desafíos que dicha noción enfrenta como categoría central del derecho del trabajo para determinar el sujeto protegido por las normas que lo componen.
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EL ARTÍCULO 1698 INCISO 1.° DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO COMO NORMA EN BLANCO: LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL REPARTO JUDICIAL DE LA CARGA
Este trabajo analiza el art. 1698 inc. 1.° del CC, y, en particular, la consideración de este como la norma de carga de la prueba aplicable a los casos concretos que requieren la aplicación de una regla de reparto de la carga de la prueba y de juicio. El estudio demuestra que el precepto en cuestión no tiene ese alcance, y que, en definitiva, es una norma en blanco. Esta únicamente podría adquirir un sentido operativo real si se integra con el efecto jurídico pedido, que es el criterio que permite singularizar en cada supuesto los tipos de hechos y la necesidad de prueba sobre los mismos, elementos imprescindibles para la aplicación del reparto de la carga de la prueba y la regla de juicio. Es decir, es la manera fiable para responder a la pregunta clave: ¿quién tiene que probar qué cosa?
Establecido lo anterior, se aborda el asunto referido a la necesidad de matizar el reparto normativo de la carga de la prueba con ajustes judiciales a través de tres instrumentos específicos, que plantean la dificultad de discernir si en rigor se tratan de fenómenos que se ubican en la formación de prueba o si representan medios para modificar el reparto de la carga de prueba en casos determinados.
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LOS ALCANCES DEL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA COLECTIVA Y EL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte Suprema con fecha 1 de octubre de 2024, en la causa rol n.° 20.625-2024 caratulada “Conadecus con Santander Consumer Finance y otros”, referida a los requisitos con los que debe cumplir la demanda colectiva para ser declarada admisible, y cuáles son los alcances del examen de su admisibilidad y sus efectos en el derecho de defensa de las partes.
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CONSECUENCIAS PROCESALES DE LA TERMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO: REVISIÓN CRÍTICA Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN EN EL DERECHO CHILENO
Las personas jurídicas de Derecho Privado pueden terminarse de acuerdo con las reglas de la legislación civil y comercial; sin embargo, la ley procesal civil no regula las consecuencias cuando dicha terminación ocurre mientras la persona jurídica es parte en un proceso. La doctrina y legislación comparada proponen como soluciones la sucesión procesal para algunos casos o, bien, la terminación definitiva del proceso por la inexistencia sobrevenida de un presupuesto procesal. En este trabajo se analiza la pertinencia de estas soluciones.
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ACCIÓN COLECTIVA DE ACREEDORES FRENTE A LOS COSTOS DE EXTERNALIDAD Y OBSTRUCCIÓN
Este artículo busca relacionar dos temáticas que son relevantes para entender las alternativas procesales que surgen en la acción colectiva de los acreedores cuando se enfrentan los distintos acreedores persiguiendo el pago de sus acreencias respecto del patrimonio del deudor común. Al respecto, la legislación contempla distintas vías para encausar esa acción colectiva. Sin embargo, en el contexto de lo anterior, surgen dos clases de costos que afectan la obtención de un resultado eficiente, entendiendo por tal el escenario que minimiza los costos que asumen acreedores, deudor y el sistema de justicia para alcanzar un destino adecuado de los recursos del deudor. Se trata de los costos de externalidad y obstrucción. La forma en que aparecen esos costos en la legislación chilena y ciertas propuestas de solución, serán la materia principal de análisis en este trabajo.