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ACERCA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL MATRIMONIO EN ECUADOR: ¿EN REALIDAD TIENEN FUENTE CONTRACTUAL?
Mientras que la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Gestión de la Identidad y Datos Civiles definen al matrimonio como una unión, el CC lo etiqueta como un contrato solemne. Más allá del rótulo que tanto el constituyente como el legislador optaron por asignarle, pretendemos profundizar en el análisis de su supuesta fisonomía contractual a la luz de la teoría de las obligaciones. Concluimos que, si bien el matrimonio podría encasillarse en la noción de contrato dirigido o de contenido forzoso, en realidad no es tal en cuanto la fuente de sus obligaciones no es contractual, sino exclusivamente legal. El matrimonio es un negocio jurídico que se limita a modificar el estado civil de las personas y solo como consecuencia de aquel nuevo estatus es que los cónyuges adquieren obligaciones, de fuente legal. Por último, se levanta del interrogante sobre si acaso el vínculo matrimonial se encamina hacia un régimen que permita a los contrayentes, maximizando el principio de la autonomía de la voluntad, configurar el vínculo con más libertad.
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LA CURADURÍA DEL DEMENTE INTERDICTO POR PARTE DE SU CÓNYUGE O CONVIVIENTE CIVIL. UNA LECTURA DE LOS ARTS. 462 Y 503 DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO
Este trabajo aborda la aparente contradicción que se produce entre los arts. 462 y 503 del CC chileno respecto de la inhabilidad que tiene un cónyuge para ser curador del otro que padece demencia, situación que también se extiende a los convivientes civiles por aplicación de la Ley n.o 20830. Ella se acrecienta por cierta interpretación jurisprudencial que considera que la separación total de bienes impide que se discierna esa curaduría. Debido a los cambios que han experimentado dichas normas desde la promulgación del CC, la comprensión de esa evolución y una lectura sistemática del sistema de guardas resulta crucial para fijar el sentido y alcance de la inhabilidad de un cónyuge o conviviente civil para ser curador del otro. Por cierto, ese sistema requiere un urgente ajuste para adecuarlo a las normas internas e internacionales sobre discapacidad.
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SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A PARTIR DEL DESEQUILIBRIO EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Este comentario analiza las sentencias pronunciadas en virtud de una acción en protección del interés colectivo iniciada por el SERNAC destinada a declarar la abusividad de los términos y condiciones predispuestos en el sitio web de una plataforma de comercio electrónico, al cual los consumidores debían adherir al momento de realizar sus compras. El estudio se centra en el razonamiento, a la luz de los criterios establecidos en el artículo 16 letra g) de la ley n.º 19496, efectuado en las distintas instancias y por la Corte Suprema al examinar las cláusulas referidas al derecho de retracto, la formación del consentimiento en la contratación electrónica y las reglas sobre la competencia ante conflictos sufridos por los consumidores.
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LEGITIMACIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL A PROPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA SEPARACIÓN CONVENCIONAL DE BIENES
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto para revertir la desestimación de una tercería de posesión. El fundamento de esa decisión consistió en que el acto de adjudicación de los derechos sobre un inmueble, como consecuencia de la liquidación de una comunidad derivada de una sociedad conyugal, y el pago de una compensación económica, por la cual una persona transfería el restante porcentaje de derechos a favor de su excónyuge, requerían un tratamiento diferenciado, distinguiéndolo del pacto de separación de bienes celebrado en el mismo instrumento. En concreto, la discusión se centró en la función de la inscripción conservatoria respecto de la adjudicación, que la tercerista estimaba que venía exigida de manera expresa por la ley, pero cuya procedencia resulta de las reglas generales que informan el sistema registral chileno, sin olvidar las particularidades del régimen de sociedad conyugal.
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RAWLS Y RESPONSABILIDAD CIVIL: UNA CRÍTICA DE RIPSTEIN
El artículo cuestiona las tesis de Arthur Ripstein sobre el lugar del derecho privado (y, en particular, del derecho de daños) en la teoría de la justicia de John Rawls. Según Ripstein, la teoría de la justicia de Rawls otorga al derecho privado una cierta independencia, al no someterlo a los mandatos distributivos de los principios elegidos en la posición original. Esta conclusión tiene dos bases, una negativa y otra positiva. En el lado negativo del argumento, Ripstein afirma que la posición original de Rawls no se presta a guiar el diseño de instituciones, especialmente instituciones, como la ley de responsabilidad civil, con una estructura deontológica. En el lado positivo, Ripstein recurre a la idea de una división de responsabilidades entre ciudadanos e instituciones sociales (idea que Rawls presenta en el artículo Social Unity and Primary Goods) para demostrar el compromiso de Rawls con una concepción preinstitucional de propiedad y con la independencia del derecho privado que se derivaría. El artículo sostiene que Ripstein se equivoca al descuidar el papel de la posición original y los principios elegidos en esa posición, así como exagera las consecuencias para el derecho privado de la división de responsabilidades entre ciudadanos e instituciones.
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Familia, discapacidad y sucesión por causa de muerte. Algunas ideas para la nueva Constitución de Chile
El presente trabajo tiene por objetivo proponer que en la nueva Constitución debe establecerse en forma especial la protección de los descendientes menores y las personas discapacitadas como integrantes de la familia. Conforme a ello, y partiendo de la base de la existencia de la libertad de disposición del causante a través de las reglas de la sucesión por causa de muerte, planteamos que las restricciones a dicha libertad deben basarse, no en la función social de la propiedad, sino, más bien, en la protección de los integrantes de la familia, siempre que ellos sean descendientes o personas con discapacidad, justificando, entonces, el paso de una asignación forzosa con naturaleza hereditaria a una de carácter alimenticia, como se ha planteado en algunos sistemas comparados.