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ESTUDIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO MEDIO DE TUTELA DEL DERECHO DE OBTENTOR EN CHILE
En el trabajo se aborda la falta de previsión de acciones civiles en defensa del derecho de obtentor en la Ley n.º 19342. Se analiza de forma crítica la aplicación de la acción reivindicatoria en favor del titular del derecho en esta materia, otorgándole la propiedad de las plantas reproducidas sin autorización. Se estudia la naturaleza del derecho de obtentor y la funcionalidad de las acciones para su defensa. Dicha naturaleza no se corresponde con un derecho de propiedad, sino con la facultad exclusiva de autorizar actos de propagación de la variedad. Ello se constata desde el trámite de aprobación de la ley vigente. No resulta adecuado aplicar a esta materia el derecho de autor y los derechos reales. Se postula que las lagunas existentes en la Ley n.º 19342 deben integrarse con el artículo 106 y concordantes de la Ley n.º 19039, dada la analogía de régimen jurídico con las patentes. Las notas explicativas de UPOV y la legislación proyectada en Chile sobre derechos de obtentor, señalan un régimen de acciones distinto a la acción reivindicatoria, pero coincidente con el previsto en la Ley de Propiedad Industrial.
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EL CONCEPTO DE EMPRESA PARA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y SUS IMPLICANCIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS
El presente trabajo tiene por finalidad determinar el significado del término ‘empresa’ para la Ley de Delitos Económicos. Esto es particularmente relevante respecto de los delitos de las categorías segunda y tercera, y en menor medida la cuarta. La relevancia de la pregunta se basa en que el legislador lo ha empleado como un elemento estructural o fundamental para la delimitación de lo que se entenderá por delito económico y, como consecuencia de ello, para activar el estatuto especial de penas y consecuencias adicionales a la sanción aplicable a las personas responsables de los delitos económicos. Para dar respuesta a esta interrogante, primero se acude a la legislación extrapenal. A continuación, se revisa el artículo sexto de la Ley n.º 21595 y el respectivo reenvío que esta disposición efectúa a la Ley n.° 20416. Sobre la base de ello se deduce que no es posible incardinar dentro del concepto de empresa a las corporaciones y fundaciones, con las consecuencias que ello implica. Por último, se destaca el impacto que esta técnica legislativa genera para el estatuto penal de las personas jurídicas, que también fue modificado por la ley de delitos económicos.
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PROBLEMAS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROYECTO DE LEY DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MENSAJE N.° 063-371)
Este trabajo analiza el régimen de responsabilidad civil propuesto en el proyecto de ley de inteligencia artificial en Chile, presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados el 7 de mayo de 2024. El enfoque es examinar y evaluar el régimen de responsabilidad civil propuesto en los arts. 28 y 29, evaluando su compatibilidad con el régimen supletorio del CC y otros marcos de responsabilidad extracontractual aplicables a proveedores de tecnología. El análisis se enfocará en los aspectos de imputabilidad definidos en el proyecto de ley. Se sugiere que la propuesta legislativa, aunque innovadora, requiere ajustes para evitar contradicciones y mejorar la claridad en su aplicación práctica.
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APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY N.º 19496 A COMUNICACIONES DE NATURALEZA PUBLICITARIA EMITIDAS POR LÍDERES DE OPINIÓN O INFLUENCERS
El presente trabajo tiene por objetivo analizar la aplicación de las normas contenidas en la Ley n.º 19496 sobre protección de los derechos de los consumidores a los denominados “lideres de opinión” o influencers, en especial dos supuestos infraccionales, la falta de información y la publicidad engañosa. Así, se describe de manera preliminar el ámbito de aplicación o la relación de consumo, compuesta por el proveedor de bienes o servicios, el líder de opinión o influencer y el consumidor. Luego, se da paso al estudio de las principales normas aplicables en esta materia, nos referimos al art. 3.o letra a) sobre libre elección, 3.o letra b) sobre información veraz y oportuna y, por último, el artículo 28 sobre publicidad engañosa. De la mano de legislación nacional y comparada, estudio de casos y doctrina, se construyen obligaciones particulares o deberes de conductas específicos para este tipo de sujetos, conforme a su estándar de profesionalidad y asignando responsabilidad civil o infraccional según corresponda. Por último, se analizan las acciones que otorga la ley por la inobservancia o incumplimiento de dichas obligaciones.
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LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EXIGIR EL COBRO DE ALIMENTOS LEGALES DEVENGADOS
En este trabajo se analiza el nuevo art. 19 bis de la Ley n.° 14.908, que establece una regla de prescripción para el cobro de alimentos legales devengados. Hasta antes de la entrada en vigencia de esta norma, la prescripción de esta acción se sujetaba a las reglas generales del Código Civil, con soluciones distintas en algunas materias, según el análisis de la jurisprudencia nacional, lo que se pretendía mejorar con la citada nueva regla. Sin embargo, de su revisión se desprende que aún persisten algunas dudas, en relación con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, su interrupción y con la suspensión de esta en favor del alimentario o alimentaria, lo que se pretende aclarar.
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LA ‘MANIFESTACIÓN EVIDENTE DEL DAÑO AMBIENTAL’ COMO REQUISITO DE LA ACCIÓN CIVIL INDEMNIZATORIA POR DAÑO AMBIENTAL
El presente trabajo analizamos uno de los presupuestos de la acción indemnizatoria por daño ambiental contemplada en el art. 63 de la Ley n.o 19300: la manifestación evidente del daño ambiental; aspecto que presenta dificultades en el ámbito de interpretación de categorías extrajurídicas como las representadas en la frase “manifestación evidente” utilizada en el texto legal. Esto provoca la necesidad de saber en qué medida esa representación fáctica denominada “manifestación del daño ambiental” puede constituir una limitante al momento de decidir un litigio en que se discuta la existencia del mismo. Las modificaciones legales posteriores (Ley n.o 20600, que crea los tribunales ambientales) no empecen el entendimiento de los conceptos que planteamos en el presente trabajo. Es más, sostenemos que el requisito de manifestación evidente no lo es respecto de la acción por daño ambiental que se regula en la Ley n.o 20600, sino que a la acción civil indemnizatoria del daño que sigue encontrándose incólume en la Ley n.o 19300. De hecho, las modificaciones introducidas al procedimiento en la primera ley citada, no perjudican el presente análisis.