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EL PRECIO DE DECLARAR PAGADO EL PRECIO (ART. 1876 DEL CÓDIGO CIVIL)
Este comentario analiza una reciente sentencia que considera que la cláusula de haberse pagado el precio en la compraventa impide que el vendedor pruebe que, en realidad, no recibió el precio. El fallo se apoya en las palabras “no se admitirá prueba alguna en contrario” del art. 1876, el cual es considerado aplicable entre las partes en tanto reflejaría el valor probatorio de los instrumentos públicos consagrado en el art. 1700. Se comenta críticamente esta decisión, ya que el art. 1876 asigna ciertos efectos a la cláusula de haberse pagado el precio únicamente respecto de terceros, como se desprende no solo de su tenor literal, sino, también, de las fuentes que lo inspiraron. Se critica, asimismo, el valor probatorio que el fallo concede a los instrumentos públicos, así como las consecuencias prácticas que de ello se siguen para el tráfico comercial cotidiano.
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LA CESACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PREVISTA EN EL ART. 1999 INC. 2° DEL CÓDIGO CIVIL
El art. 1999 inc. 2° del Código Civil faculta al mandante de la obra para hacerla cesar anticipadamente, reembolsando al artífice los gastos y dándole la utilidad que le habría reportado de haberse ejecutado completamente. No obstante, tratarse de una disposición con orígenes en Robert Pothier y el Código Civil francés, presente en la mayoría de los códigos herederos de esta tradición, no abundan en nuestro país comentarios doctrinarios ni jurisprudencia reciente que permita ilustrar el supuesto de hecho y la naturaleza de sus efectos. -
INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS: ENTRE LITERALIDAD E INTENCIÓN
El art. 1560 del Código Civil concierne a la interpretación de contratos, del cual se sospecha que carece de operatividad. La estrategia para abordar el problema anunciado implica un análisis de su dimensión pragmática (¿para qué sirve dicha disposición?), para luego dar cuenta de su dimensión semántica (¿qué significa dicha disposición?). En tal sentido, se identifican distintas funciones: simbólica, técnica, definitoria e interpretativa. Tal estructura de análisis conduce a enfatizar, entre otras cosas,
i) la utilidad del art. 1560 para determinar qué es lo que los jueces deben interpretar (y no tanto, el cómo);
ii) los aportes de tal disposición para la comprensión de lo que debe entenderse por literalidad; y
iii) la atención que cabe prestar a las acciones intencionales (y no a los estados mentales) para enfrentar el arduo problema del conocimiento de la intención de los contratantes.
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EL ARTÍCULO 1698 INCISO 1.° DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO COMO NORMA EN BLANCO: LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL REPARTO JUDICIAL DE LA CARGA
Este trabajo analiza el art. 1698 inc. 1.° del CC, y, en particular, la consideración de este como la norma de carga de la prueba aplicable a los casos concretos que requieren la aplicación de una regla de reparto de la carga de la prueba y de juicio. El estudio demuestra que el precepto en cuestión no tiene ese alcance, y que, en definitiva, es una norma en blanco. Esta únicamente podría adquirir un sentido operativo real si se integra con el efecto jurídico pedido, que es el criterio que permite singularizar en cada supuesto los tipos de hechos y la necesidad de prueba sobre los mismos, elementos imprescindibles para la aplicación del reparto de la carga de la prueba y la regla de juicio. Es decir, es la manera fiable para responder a la pregunta clave: ¿quién tiene que probar qué cosa?
Establecido lo anterior, se aborda el asunto referido a la necesidad de matizar el reparto normativo de la carga de la prueba con ajustes judiciales a través de tres instrumentos específicos, que plantean la dificultad de discernir si en rigor se tratan de fenómenos que se ubican en la formación de prueba o si representan medios para modificar el reparto de la carga de prueba en casos determinados.
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Tercería de prelación y prueba del hecho negativo. Corte Suprema, 3 de diciembre de 2019, rol n° 12.044-2019
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Corte Suprema con fecha 3 de diciembre de 2019, en la causa rol n.° 12.044-2019, referida a la exigencia de aportación de prueba por parte del tercerista de prelación.
El fallo resulta de gran relevancia por cuanto la decisión considera que, sobre el tercerista de prelación, en su calidad de demandante, pesa la carga de probar que se cumplen los requisitos establecidos en el art. 2478 del Código Civil en afinidad con el art. 527 del Código de Procedimiento Civil. (...)
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EXTENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS INSTRUCCIONES NOTARIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO POR SU INCUMPLIMIENTO
El presente artículo pretende demostrar que las instrucciones notariales obligan no solo al notario con quien se celebraron sino, también, a quien lo reemplace, y que el fundamento de ello es el art. 402 del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, se intenta demostrar que, como consecuencia de esa extensión de obligaciones, ante un incumplimiento o cumplimiento imperfecto de las instrucciones, se genera responsabilidad civil para el notario incumplidor, cualquiera sea su clase, la que se regirá en principio por el estatuto contractual. No obstante, atendidas las especiales características de la función notarial, se origina una concurrencia (cúmulo) de responsabilidades.