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JUSTICIA DISTRIBUTIVA Y DERECHO CONTRACTUAL: SOBRE LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DEL TRABAJO EN PETER BENSON
El artículo aborda la defensa que hace Peter Benson de una DIT entre instituciones encargadas de llevar a cabo la justicia distributiva y el derecho contractual. Más precisamente, el artículo aborda dos de las tesis de Benson al respecto. La primera es la propia tesis de la DIT. Según esta tesis, es la propia justicia distributiva la que requiere una división del trabajo entre el derecho contractual y las instituciones encargadas de cumplir los mandatos distributivos. La segunda es la tesis de la aplicación indirecta, según la cual la DIT es compatible con la justicia distributiva aplicada indirectamente al derecho contractual. El artículo plantea objeciones a ambas tesis.
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ACERCA DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONTRACTUAL
La regla de la exigibilidad para establecer el cómputo del plazo de la prescripción extintiva constituye la norma general en el derecho de las obligaciones. Su interpretación tradicional la asume como una cuestión sencilla, que hace coincidente el nacimiento de la obligación con la exigibilidad, cuya excepción es la obligación sujeta a plazo o condición suspensiva. La existencia del crédito y la acción para su ejecución o cumplimiento constituye el trazo esencial para su comprensión. Sin embargo, como demostraremos en este trabajo, ese entendimiento no es satisfactorio, al menos de una manera tradicional, para fijar el momento del inicio de la prescripción de la acción indemnizatoria derivada del incumplimiento del contrato. Razonaremos y concluiremos que la acción indemnizatoria por incumplimiento contractual no comienza a correr sin la manifestación del daño y el conocimiento o posibilidad de él de parte del acreedor.
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LA BUENA FE CONTRACTUAL COMO NORMA JURÍDICA
La buena fe contractual tiene la forma de una cláusula general cuya aplicación presupone delegar en el juez la tarea de definir en concreto los deberes de comportamiento o efectos jurídicos que se derivan de la misma y que constituyen el contenido implícito del contrato. Para realizar esa tarea el juez debe efectuar una valoración de todas las circunstancias concretas a la luz de los valores y fines remitidos por la buena fe, de manera que su aplicación presupone la existencia y ejercicio de una potestad delegada, pero estrictamente dirigida, orientada a concretizar el estándar del contratante leal y honesto. La necesidad del derecho de contratos de contar con un instrumento de esa naturaleza radica en la falta de exhaustividad de sus normas, permitiendo la buena fe, primero, morigerar la aplicación puramente formal de la ley cuando en atención a circunstancias particulares esa aplicación lleva a resultados insatisfactorios y, segundo, hacerse cargo de las transformaciones sociales que inciden en la institución del contrato y que resultan imprevisibles para el legislador. La buena fe permite, de esta manera, la aplicación coherente y el desarrollo interno del derecho de contratos, de un modo que resulta consistente con los valores y fines que lo fundan.
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¿ES CORRECTA LA ELECCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DEL PRECIO EN LOS PRINCIPIOS LATINOAMERICANOS DE CONTRATOS?
El proyecto de Principios Latinoamericanos de Derecho de Contratos incorpora la reducción del precio como un medio de tutela del acreedor aplicable a cualquier contrato, lo que, sin duda, constituye un aspecto loable. No obstante, este instrumento adopta un método de cálculo de reducción que retoma aquél contenido en el art. 50 de la Convención de Viena. Las páginas que siguen, luego de presentar una introducción sobre el proceso de unificación del Derecho Latinoamericano de Contratos, se centran en analizar críticamente esta elección, intentando demostrar por qué ella no sería la más adecuada.
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El contrato de transporte aéreo y la emergencia por COVID-19: el estatuto aeronáutico chileno frente a la cancelación de vuelos por caso fortuito y la reactivación del tráfico aéreo pospandemia
La emergencia sanitaria por Coronavirus ha paralizado o ralentizado gran parte de las actividades económicas, dentro de las cuales se halla el transporte aéreo de pasajeros, provocando la cancelación de vuelos, lo que se traduce en un caso de incumplimiento contractual del porteador frente al pasajero. Para abordar qué respuesta se sigue de nuestra legislación frente a una cancelación por un caso fortuito –asumiendo que la pandemia por COVID-19 es uno–, este trabajo pretende, en primer lugar, resolver la cuestión respecto a la normativa aplicable al contrato de transporte aéreo. Posteriormente, analizar las hipótesis generales de incumplimiento del contrato de transporte aéreo por inejecución del viaje en los términos convenidos, y qué derechos tiene el pasajero frente a dicho incumplimiento. Enseguida, se abordan las opciones del pasajero frente a un vuelo cancelado por un caso fortuito, y los efectos que este último produce en el contrato. Finalmente, se analizan los deberes y obligaciones del transportista aéreo una vez reactivada la actividad, y la responsabilidad que le cabe por un eventual contagio.
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BREVE REVISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR INTERFERENCIA DE CONTRATOS DEL COMPETIDOR EN CHILE A LA LUZ DEL COMMON LAW
Este artículo tiene por objetivo contribuir a una mejor comprensión de la responsabilidad civil por interferencia e inducción al incumplimiento de contratos suscritos por rivales, área emergente del Derecho de Daños en Chile. La sección i introduce este problema, que se presenta particularmente en relación con las cláusulas de no competir. La sección ii describe brevemente la responsabilidad por interferencia en contrato ajeno, modelo seguido en Francia y que ha influido en un sector de la doctrina chilena. La sección iii, y principal de este trabajo, examina la inducción al incumplimiento contractual tipificada en la LCD; revisa las condiciones para imputar responsabilidad por esta conducta mediante su confrontación con el Derecho inglés; y enfatiza la necesidad de exigir mala fe y dolo para que la responsabilidad sea un régimen coherente con la libertad de competir. La sección iv concluye que la futura jurisprudencia chilena podrá imponer responsabilidad por interferir negligentemente y de mala fe en contrato ajeno o adherir a una postura aún más conservadora, que limite la responsabilidad a la inducción del incumplimiento, como sucede en el Derecho inglés.