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FUNDAMENTO Y RÉGIMEN DE LA VINCULACIÓN ENTRE EL TERCERO PERJUDICADO Y EL ASEGURADOR VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: UNA CUESTIÓN DE DERECHO PRIVADO
Con la reforma al Derecho del contrato de seguro, surgió la discusión sobre la incorporación de la acción directa contra el asegurador al seguro voluntario de responsabilidad civil en Chile. Los puntos de vista se polarizaron en posiciones a favor o en contra, pero gran parte del debate discurrió desde una perspectiva de justicia distributiva. Este trabajo pretende demostrar que las razones para vincular al tercero perjudicado con el asegurador son razones de Derecho Privado, es decir, de justicia correctiva. Lo anterior otorga parámetros para el análisis de los mecanismos que alteran la relatividad del contrato de seguro de responsabilidad civil. Asimismo, permite comprender con mayor precisión cuál es el sentido dogmático de la acción de cobro al tercero perjudicado que, finalmente, se recogió en la legislación nacional, al posicionarla como una opción entre los dos extremos posibles (absoluta ajenidad del tercero o acción directa). La comprensión del sentido de la acción de cobro reconocida en la legislación nacional dentro del contexto de otras opciones, facilita la labor de construcción de su régimen jurídico y, en particular, del sistema de excepciones.
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EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO Y SU PARTICULAR IMPORTANCIA COMO FUNDAMENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES DEL MODERNO DERECHO DE LAS OBLIGACIONES EN LA DOGMÁTICA NACIONAL
El presente trabajo tiene por finalidad abordar el equilibrio de las presta- ciones contenidas en un contrato como una manifestación del imperativo de justicia conmutativa que se proyecta en diferentes momentos del itercontractual, proponiendo su construcción dogmática a partir de diversas normas contenidas en el Código Civil y demostrar cómo su formulación permite justificar entre nosotros la aplicación de ciertas instituciones introducidas por el moderno Derecho de las Obligaciones y Contratos, contribuyendo a fortalecer y consolidar esta tendencia dogmática que en los últimos años ha concitado el interés de un destacado sector de la doctrina nacional.
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EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y SU INTEGRACIÓN CON EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CHILENO
Este trabajo analiza algunas de las cuestiones más controvertidas que se han suscitado ante los tribunales chilenos con respecto a la delimitación del ámbito de aplicación de la CISG y la integración de sus lagunas (en ausencia de principios generales) mediante las normas de Derecho Inter- nacional Privado chilenas. El artículo examina, en particular, las decisiones de nuestros tribunales sobre el ámbito de aplicación territorial y material de la Convención; la ley aplicable a sus vacíos, incluyendo la ley que rige el poder de representación, la prescripción extintiva, la propiedad de las mercaderías, la carga de la prueba y la excepción de contrato no cumplido; así como la posibilidad de renunciar total o parcialmente a la Convención y los efectos de la reserva formulada por Chile según el art. 96.
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Compraventa de acciones celebrada por el director aparente de una corporación
El trabajo analiza una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó una demanda de nulidad o inoponibilidad relativa a la compraventa de unas acciones. El vendedor, una corporación de Derecho privado, compareció a través de directores cuya elección fue más tarde anulada en sede electoral. La misma corporación, junto con uno de sus miembros, argumentó que faltó la voluntad de parte de la vendedora en el contrato, y que padeció objeto ilícito por infringirse una prohibición de celebrar actos y contratos sobre las acciones que, no obstante, al tiempo de la demanda había sido revocada. El análisis que presenta este comentario valida críticamente aquella decisión judicial, sobre la base del tratamiento que corresponde a los actos celebrados por directores aparentes y del alcance del objeto ilícito por violarse una prohibición de celebrar actos y contratos.
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LOS ALCANCES DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SEGURIDAD EN LOS EVENTOS MASIVOS: UNA MIRADA DESDE EL DERECHO DE CONSUMO
El presente artículo tiene como objetivo indagar los alcances del incumplimiento de los deberes de seguridad en el consumo por parte de un organizador de eventos masivos. Considerando que el fenómeno de la masificación en los espectáculos cada vez tiene una mayor ocurrencia en Chile y es fuente de riesgos para los asistentes, esta investigación analiza los eventos masivos desde el derecho de consumo. Siendo un tema omitido por la doctrina nacional, el presente trabajo, una vez asentada la relación existente entre este tipo de eventos y la ley de protección a los consumidores, enfatizando en los sujetos que intervienen (tanto consumidor jurídico/ material como proveedor efectivo/intermediario) y el contrato en el cual se funda esta relación, se centra en las particularidades que reviste la seguridad en los espectáculos públicos. Los alcances del incumplimiento del deber de seguridad adquieren relevancia al abordar los distintos tipos de responsabilidades en las cuales puede incurrir según el tipo de proveedor. Por último, se exponen los medios de exoneración que el proveedor dispone.
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EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE PUBLICIDAD DE PACTOS RELATIVOS A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y NUEVA PROPUESTA
En este trabajo se indaga el sentido de la oponibilidad que surten las formalidades de publicidad que la ley chilena sobre sociedades anónimas exige a los pactos de accionistas sobre cesión de acciones. Luego de revisar críticamente la literatura y jurisprudencia nacionales, se argumenta que la anotación del pacto en el registro de accionistas y su depósito en la compañía suponen en la práctica poca publicidad, coherente con que, en el resto de la ley, el registro de accionistas carece de proyección hacia terceros, como sería un cesionario de acciones. De este modo, la oponibilidad prevista en la norma no tiene un alcance distinto de la oponibilidad del derecho común: imponer la existencia del contrato –no su obligatoriedad– como parte de la realidad jurídica.