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La excepción de contrato no cumplido frente a la destrucción parcial de la cosa arrendada. Corte Suprema, 3 de marzo de 2020, rol n.° 3.660-2018
Una de las cuestiones más espinosas que plantea el derecho de los contratos es la relación entre las disposiciones generales, tales como aquellas establecidas en el título “Del efecto de las obligaciones” (libro 4o, título xii del CC), y aquellas que el legislador dispone para cada contrato en particular. El caso objeto de este comentario pone de manifiesto este problema en el contexto del arrendamiento, particularmente en la hipótesis de perecimiento parcial de la cosa arrendada y la omisión del arrendador de proceder a su reparación, lo que motivó al arrendatario a suspender el pago de las rentas asilándose en la llamada excepción de contrato no cumplido del art. 1552. El rechazo de dicha excepción por parte de la Corte Suprema ofrece una interesante perspectiva de análisis sobre los límites del art. 1552 y sobre la lógica detrás de la regulación especial en materia de arrendamiento frente al deterioro de la cosa arrendada. (...)
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“CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRÁ PONER FIN AL SERVICIO CUANDO QUIERA”. ESTUDIO SOBRE EL FUNDAMENTO Y EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ART. 2009 DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO
Este trabajo analiza el fundamento y el ámbito de aplicación de la regla de terminación unilateral sin expresión de causa (ad nutum) contenida en el art. 2009 del CC, al interior del párrafo del arrendamiento de servicios inmateriales, una regla frecuentemente invocada en la práctica, que, pese a ello, ha recibido escasa atención doctrinal. El estudio muestra que, en contra de las ideas más extendidas, la regla no descansa en la prohibición de las vinculaciones perpetuas ni en el supuesto carácter intuito personae del contrato, sino en la naturaleza del servicio para el cual la regla fue pensada.
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ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES, PANDEMIA Y REMISSIO MERCEDIS
Este comentario analiza una reciente sentencia que aplica el art. 1932 del CC a la pandemia del coronavirus, la que califica como un “vicio jurídico” que eximiría al arrendatario del pago de la renta. Se comentan especialmente los criterios para subsumir la pandemia bajo esta norma, así como el hecho de que se eximiera al arrendatario del pago del total de la renta y se le reconociera la posibilidad de suspender su pago mientras durasen las restricciones al goce de la cosa.