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JUSTICIA DISTRIBUTIVA Y DERECHO CONTRACTUAL: SOBRE LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DEL TRABAJO EN PETER BENSON
El artículo aborda la defensa que hace Peter Benson de una DIT entre instituciones encargadas de llevar a cabo la justicia distributiva y el derecho contractual. Más precisamente, el artículo aborda dos de las tesis de Benson al respecto. La primera es la propia tesis de la DIT. Según esta tesis, es la propia justicia distributiva la que requiere una división del trabajo entre el derecho contractual y las instituciones encargadas de cumplir los mandatos distributivos. La segunda es la tesis de la aplicación indirecta, según la cual la DIT es compatible con la justicia distributiva aplicada indirectamente al derecho contractual. El artículo plantea objeciones a ambas tesis.
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RESPONSABILIDAD DE LAS TABACALERAS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. CUESTIONES QUE SE SUSCITAN
El consumo de cigarrillos es perjudicial para la salud, derecho consagrado como fundamental por la Constitución Nacional Argentina y los tratados internacionales de Derechos humanos incorporados a ésta con jerarquía constitucional por la reforma de 1994.
El goce efectivo de este derecho, cuya protección debe garantizar el Estado, se enlaza con la defensa del consumidor, también con rango constitucional.
Es preciso determinar a quien corresponde asumir la responsabilidad frente a los daños que aquel consumo provoca tanto a fumadores activos como pasivos.
A ese efecto es necesario establecer cual es el vínculo que une a éstos con las tabacaleras: es contractual, extracontractual o cabe una tercera posibilidad derivada del derecho de consumo.
A su vez, se considera la posibilidad de que el fumador en espacios cerrados públicos y, aun privados, incurra en responsabilidad frente a quienes se ven obligados a inhalar el humo del tabaco.
También, analizar la responsabilidad que cabe al estado dado el papel paradojal asumido, apareciendo como garante y, al mismo tiempo, violador de los derechos fundamentales comprometidos, lo cual derivaría en la posibilidad de que se convierta tanto en actor como en demandado.
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ALGUNAS PRECISIONES EN TORNO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES Y DIFUSOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 2 de octubre de 2019, en la causa rol n° 2086-2018, caratulada “Servicio Nacional del Consumidor con Banco de Chile”, referida a la determinación de la competencia para conocer de las acciones interpuestas para velar por los intereses generales de los consumidores, a su diferencia con los intereses supraindividuales y sus mecanismos de protección.
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Nulidad de cláusulas abusivas en reservas, promesas de compraventa y compraventas suscritas por consumidores de viviendas comercializadas en verde
Este trabajo analiza la sentencia dictada en Sernac con Socovesa S.A., y otra (2020) que se pronuncia sobre una demanda deducida para la defensa del interés colectivo de los consumidores en virtud del procedimiento especial establecido en el art. 53 del título iv de la LPDC. La acción se funda en las distintas cláusulas abusivas que las demandadas mantienen en los contratos de adhesión que suelen celebrar con los consumidores durante el proceso de compra de una vivienda en verde; estos son la reserva para la operación de compra de la vivienda, el contrato de promesa de compraventa y el contrato de compraventa con mutuo hipotecario. El estudio se centra, específicamente, en las pretensiones relativas a la declaración de nulidad de ciertas cláusulas que fueron rechazadas en la sentencia de primera instancia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. En consecuencia, reflexiona sobre la naturaleza de las reservas como contrato de adhesión, sobre la interpretación del art. 138 bis de la LGUC a la luz del derecho de consumo y también, sobre el objeto de las cláusulas de conformidad.
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Exclusión del derecho de desistimiento en contratos en línea con consumidores en caso de bienes desprecintados tras la entrega, no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o higiene
El derecho a desistir del contrato adquiere especial relevancia en la actualidad en la contratación de bienes y servicios entre empresarios y consumidores, en particular en la contratación en línea. En el ordenamiento jurídico español, tal derecho es reconocido en el real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No obstante, entre las exclusiones al ejercicio de este derecho, se contempla el caso del suministro de bienes precintados no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. En el presente trabajo analizamos los elementos de tal exclusión, ineptitud del bien para ser devuelto, características del “precinto”, así como la información que ha de aportarse al consumidor para que opere la exclusión, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de marzo de 2019, asunto C681/17, que admite el ejercicio por un consumidor del derecho de desistimiento en caso de compra en línea de un colchón que desprecinta para su prueba.