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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.
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NORMAS LEGALES SOBRE INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS: ¿REGLAS O MEROS CONSEJOS?
Este texto aborda una vieja discusión que atañe a la dimensión pragmática de las normas sobre interpretación de contratos. Como hilo conductor recurrimos a un caso resuelto en forma discrepante por los tribunales de instancia y la Corte Suprema. De nuestro análisis se extrae que esas normas no serían reglas (en un sentido fuerte de obligatoriedad), ni meros consejos (en un sentido de permisos), sino que pertenecen a la clase de los estándares de interpretación, los cuales no fuerzan un resultado, pero imponen una carga de justificación, tanto si se utilizan o no. Esta forma de comprensión explica, prima facie, la facultad de la Corte Suprema de modificar decisiones en sede de casación en el fondo, e insta a profundizar respecto a lo que entendemos por infracción de ley y error.
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EL CONCEPTO DE EMPRESA PARA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y SUS IMPLICANCIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS
El presente trabajo tiene por finalidad determinar el significado del término ‘empresa’ para la Ley de Delitos Económicos. Esto es particularmente relevante respecto de los delitos de las categorías segunda y tercera, y en menor medida la cuarta. La relevancia de la pregunta se basa en que el legislador lo ha empleado como un elemento estructural o fundamental para la delimitación de lo que se entenderá por delito económico y, como consecuencia de ello, para activar el estatuto especial de penas y consecuencias adicionales a la sanción aplicable a las personas responsables de los delitos económicos. Para dar respuesta a esta interrogante, primero se acude a la legislación extrapenal. A continuación, se revisa el artículo sexto de la Ley n.º 21595 y el respectivo reenvío que esta disposición efectúa a la Ley n.° 20416. Sobre la base de ello se deduce que no es posible incardinar dentro del concepto de empresa a las corporaciones y fundaciones, con las consecuencias que ello implica. Por último, se destaca el impacto que esta técnica legislativa genera para el estatuto penal de las personas jurídicas, que también fue modificado por la ley de delitos económicos.
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LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ALEGAR LA NULIDAD ABSOLUTA EN EL INTERÉS DE LA MORAL O DE LA LEY
Entre los sujetos legitimados para pedir la declaración de nulidad absoluta de un acto, el art. 1683 del Código Civil menciona al Ministerio Público. Esta legitimación presenta dos dificultades interpretativas; la primera, que aquel puede accionar “en el interés de la moral o de la ley”, lo que suele contraponerse a un interés pecuniario; por otro lado, que aquel ha evolucionado en cuanto a estructura orgánica, contenido y atribuciones. Ante estas dificultades cabe plantear dos tesis: la primera, apunta a concluir que el Ministerio Público ha perdido tales atribuciones; la segunda, que este trabajo defiende, el que las mantiene. Para estos efectos, se analizan las modificaciones experimentadas por el Ministerio Público y se argumenta para dar utilidad práctica a dicho artículo.
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NATURALEZA DE LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS O ESTIPULACIONES ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES O MICRO O PEQUEÑOS EMPRESARIOS. SOBRE LA CONSISTENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE NULIDAD ABSOLUTA CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO CIVIL
Luego de una exposición sintética de las dos principales tesis acerca de la naturaleza de la nulidad contemplada en la Ley n.° 19496 respecto de las cláusulas o estipulaciones abusivas, se examina si el régimen de nulidad absoluta exhibe las disfuncionalidades acusadas por parte de la doctrina. Se intenta mostrar que todas las objeciones a la consistencia y a la funcionalidad de la aplicación de dicho régimen son derrotables y que no justifican la construcción, por vía interpretativa, de un régimen especial. Se postula que el régimen de nulidad absoluta, rectamente entendido, no solo es funcional, sino que, además, es más protector que un pretendido, incompleto e incierto régimen especial.
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¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?
El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.