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ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES, PANDEMIA Y REMISSIO MERCEDIS
Este comentario analiza una reciente sentencia que aplica el art. 1932 del CC a la pandemia del coronavirus, la que califica como un “vicio jurídico” que eximiría al arrendatario del pago de la renta. Se comentan especialmente los criterios para subsumir la pandemia bajo esta norma, así como el hecho de que se eximiera al arrendatario del pago del total de la renta y se le reconociera la posibilidad de suspender su pago mientras durasen las restricciones al goce de la cosa.
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Daños punitivos, especialmente para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores
En este trabajo se estudian de manera crítica los daños punitivos regulados por la ley n.º 19496, con el objetivo de detectar y evaluar tanto los aspectos positivos como los cuestionables de su reglamentación en el marco de la protección de los consumidores. Ello, empleando una metodología dogmática fundada en la normativa, bibliografía y jurisprudencia nacional y extranjera, que permite analizar de modo cualitativo tales fuentes en orden a presentar y elaborar la hipótesis, las reflexiones y las conclusiones. En los apartados i y ii se formula un marco teórico representado por una aproximación a los daños punitivos sobre la base de antecedentes nacionales y foráneos, a través del estudio específico de su naturaleza y función, y de su procedencia en Chile, en virtud de la revisión de las discusiones al respecto, en particular, en cuanto a los supuestos problemas de constitucionalidad a que darían lugar y el carácter reparatorio de la responsabilidad civil. La hipótesis central es que la regulación de los daños punitivos en la indicada ley es positiva al contribuir a sancionar, disuadir y prevenir conductas graves de los proveedores, pero cuestionable respecto de la reglamentación de su cuantificación; aspectos que se desarrollan en el acápite iii.
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DE LA REPUDIACIÓN DE FILIACIÓN DETERMINADA POR PARTO
En el presente comentario se analiza el caso de repudio de la maternidad por parto, y la confusión en que incurren el Registro Civil y la Corte de Apelaciones de Antofagasta entre este acto de renuncia de derechos y la institución de la impugnación de maternidad.
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LA INFLUENCIA DEL DERECHO DE DAÑOS EN LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE SERVICIO
El presente artículo analiza la influencia del derecho de daños en la responsabilidad del Estado por falta de servicio desde la teoría de Peter Cane desarrollada en Tort Law and Public Functions. En este punto, la investigación analiza tres aspectos fundamentales: la estructura normativa en las relaciones de desigualdad jurídica, el rol del ideal igualitario en la responsabilidad estatal y el deber de indemnizar los daños causados por los agentes públicos. Primero, establece que la estructura normativa de la responsabilidad pública debe ser entendida en términos de justicia correctiva, puesto que existe una parte que debe corregir el daño ilegítimo causado por otra. Segundo, sostiene que la igualdad entre las partes funciona como criterio distributivo para contrarrestar la subordinación estatal ejercida sobre el administrado. Por último, contrasta los objetivos de la responsabilidad estatal y del derecho daños e identifica las razones generales por las cuales la Administración debería indemnizar los daños causados a los administrados.
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Regulación constitucional y legal de la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas: tensiones actuales y propuestas para su modificación
El presente artículo ilustra los aspectos patrimoniales a los que se encuentra sometido el derecho de aprovechamiento de aguas en la lógica constitucional y los efectos que, de dicha propietarización, se irradian en la legislación de aguas. De este modo, el objetivo de este trabajo es demostrar cuáles son los alcances del dominio sobre el derecho de aprovechamiento y hasta qué punto dicha institución se puede encuadrar dentro de la lógica patrimonial privada del derecho común. Asimismo, analizaremos cómo las modificaciones propuestas al contenido del derecho de aprovechamiento pueden tensar –hasta fracturar– la vinculación de dicha titularidad con las categorías de la propiedad civilmente regulada.
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SOBRE LA POSIBILIDAD DE STAKEHOLDERS DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS SOSTENIBLES CONTENIDAS EN CONTRATOS ENTRE AGENTES EMPRESARIALES
Las empresas incorporan cláusulas de sostenibilidad en la contratación comercial con otras organizaciones empresariales, de forma de implementar la responsabilidad social de largo plazo en las operaciones de negocios. Estas estipulaciones no otorgan poder coercitivo suficiente para su exigibilidad y, además, hacen referencia a terceros ajenos (stakeholders) que se pueden ver afectados por la operación mercantil. Este trabajo tiene por objetivo reinterpretar la estipulación a favor de un tercero y la oponibilidad del contrato a las partes por terceros para dotar de eficacia a las cláusulas sostenibles respecto de quienes no son parte del acuerdo, pero se ven favorecidos por su observancia. Conforme con ello, la hipótesis de esta investigación es que es posible que los stakeholders, como beneficiarios de las cláusulas contractuales que se incorporan en materia de sostenibilidad empresarial, exijan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellas, porque permite lograr el fin del contrato o, bien, la reparación de los daños en tanto se les reconoce un interés legítimo en su cumplimiento.