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EL DESARROLLO Y LA CONCRECIÓN DE LA BUENA FE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS
Este trabajo sostiene que la buena fe, en su función de integración de los contratos, puede ser desarrollada y concretizada en reglas más precisas por la ley, la costumbre y los jueces, en un sentido equivalente. De ello da cuenta un análisis pormenorizado de la legislación contractual dispositiva, la costumbre y la definición judicial de los términos implícitos que se integran a los contratos suplementando sus lagunas. Lo indicado plantea la pregunta por la relación jerárquica entre esas tres fuentes de determinación de lo ordenado por la buena fe, pudiendo asumirse que, frente a la existencia de una laguna en el contrato necesitada de suplementación, el juez debe ante todo aplicar la legislación contractual dispositiva y la costumbre, de existir y resultar suficientes para complementar el acuerdo. Solo en defecto de una regla de esa especie, el juez puede formular directamente un término implícito que se incorpora a la convención. Por tanto, la integración contractual por los jueces con fundamento en la buena fe presupone tanto una laguna en el contrato como una laguna en la ley, dando cuenta que al complementar el negocio los mismos suplen y desarrollan no solo el contrato, sino también el Derecho contractual objetivo.
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¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?
El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.
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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.
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LA RECEPCIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN EL DERECHO CHILENO
Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago ofrece novedosos argumentos para aplicar de oficio la teoría de la imprevisión. Cuestión novedosa que va en contra de la jurisprudencia mayoritaria en virtud de la excepcionalidad de esta institución. De seguirse tal práctica judicial, la seguridad jurídica podría verse afectada y, por consiguiente, la fuerza obligatoria de los contratos como regla general. La Corte desarrolla fundamentos que refutan el carácter absoluto de la fuerza obligatoria de los contratos y la inviabilidad de la imprevisión siempre que las partes soliciten su aplicación. A pesar de aquello, esta conducta poco común en la materia por parte de un tribunal de justicia constituiría un peligro para la seguridad jurídica desde la perspectiva de las partes y del tercero imparcial.
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SOBRE LA OPORTUNIDAD PARA ALEGAR EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO: EL CRITERIO DE LA TERCERA SALA DE LA CORTE SUPREMA
La doctrina y jurisprudencia clásica entienden que el abandono del procedimiento no tiene un límite temporal para su interposición, mientras no se dicte una sentencia ejecutoriada. Así, no le resulta aplicable la regla general sobre el plazo para la promoción de los incidentes, establecida en el art. 85 del CPC. Sin embargo, una serie de fallos dictados por la Tercera Sala de la Corte Suprema han cambiado este criterio. A partir de una evolución argumentativa, que inició con un argumento de buena fe procesal, esta Sala ha considerado que la regla del art. 85 del CPC sí es aplicable al incidente de abandono del procedimiento. El objetivo de esta investigación es mostrar tal evolución y dar cuenta de los problemas de interpretación que se pueden dar al considerar aplicable esta norma.
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LA INEFICACIA APLICABLE A LOS ACTOS REALIZADOS POR EL MANDATARIO CUYO MANDATO EXPIRÓ Y LA PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS DE BUENA FE
El presente comentario revisa una sentencia emitida por la Corte Suprema en la cual se discutió acerca del tipo de ineficacia aplicable a los actos realizados por el mandatario cuyo mandato ha expirado, concluyendo aquella sentencia que correspondía declarar la nulidad absoluta por falta de voluntad y no la inoponibilidad de los actos. Al mismo tiempo, analiza la omisión que realiza la sentencia respecto de aplicar la protección que el art. 2173 del CC otorga a los terceros de buena fe. Finalmente contiene algunas proyecciones sobre el lugar que ocupa la nulidad y la inoponibilidad dentro de una teoría general de la ineficacia de los actos y/o contratos.