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Mostrando del 1 al 6 que coinciden con la frase legal principle.

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  • SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA: RELEVANCIA Y FUNCIONES DEL FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SOLUCIÓN DE UN CASO DIFÍCIL

    Ruperto Pinochet Olave

    La seguridad jurídica cumple, entre otras, la función de ser un principio general de nuestro ordenamiento jurídico, asumiendo un papel fundamental en la resolución de los llamados casos “difíciles”. Como partimos de la premisa de que los casos difíciles deben ser resueltos a la luz de los valores y principios que sustentan la institución civil involucrada, todos aquellos que estén vinculados con la prescripción deben ser interpretados en concordancia con este principio general del derecho –y valor jurídico–, que, sin lugar a duda, le sirve de fundamento. Ante la particular e insistente interrogante de si la interrupción de la prescripción exige la sola presentación de la demanda o la notificación legal de la misma dentro del plazo, es este principio el que ofrece buenas razones para decantar por la segunda opción.

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  • PRUEBA LEGAL Y BÚSQUEDA DE LA VERDAD: ¿ES POSIBLE INTERPRETAR LAS REGLAS PROBATORIAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONFORME A UN PRINCIPIO PRO VERITATIS?

    Juan Sebastián Vera Sánchez

    En este trabajo se aborda la tensión existente entre el sistema de prueba legal o tasada vigente en el CPC y la búsqueda de la verdad como finalidad primaria de la etapa probatoria. Ante la ausencia de una reforma procesal civil que subsane el desfase entre las estructuras normativas tradicionales y las exigencias epistémicas contemporáneas, se propone una interpretación de las normas probatorias conforme al propuesto principio pro veritatis. A través de un recorrido histórico, dogmático y normativo, es posible sostener que muchas de estas reglas conservan, en mayor o menor medida, una vocación epistémica que justifica su reinterpretación. En esa línea, se sugiere una relectura de las mismas que permita atenuar sus efectos más restrictivos y, al mismo tiempo, fortalecer la justicia de la decisión sobre una base fáctica verdadera y razonablemente probada. 

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  • EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

    Juan Luis Goldenberg Serrano

    El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.

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  • Las implicancias de la función integradora de la buena fe respecto de la obligación de entrega en el contrato de compraventa: subversión, restricción y garantía

    Boris Loayza Mosqueira

    A propósito de un obiter dictum pronunciado por la Corte Suprema respecto del alcance de la obligación de entrega del vendedor, se pretende determinar las implicancias de integrar, mediante la buena fe, la obligación de transferir el dominio en el contrato de compraventa. La idea que defiende este trabajo es que dicha integración subvierte la regla general relativa al alcance de la obligación del vendedor, lo cual restringe el régimen de la evicción y transforma la obligación de entrega en una de garantía.

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  • EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA COMO LÍMITE A LA LIBERTAD CONTRACTUAL EN EL DERECHO COMÚN DE CONTRATOS: FORMULACIÓN DESDE EL DERECHO CHILENO

    Patricia Verónica López Díaz

    Este artículo tiene por propósito examinar el principio de no discriminación arbitraria en el derecho común de contratos chileno, a partir de la regulación que este ha alcanzado en el derecho europeo, examinando su justificación y sus posibles alternativas de incardinación en nuestro ordenamiento jurídico. A tal efecto se propone concebirlo como una consecuencia de la constitucionalización del derecho privado, admitir que se trata de una manifestación de la dignidad humana aplicable a todo individuo y, finalmente, perfilarlo como un límite a la libertad de contratación, decantándonos por esta última alternativa a partir de determinadas normas contenidas en el derecho chileno que permiten entenderlo como tal.

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  • ACERCA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL MATRIMONIO EN ECUADOR: ¿EN REALIDAD TIENEN FUENTE CONTRACTUAL?

    María Gracia Naranjo Ponce, Sergio Núñez Dávila

    Mientras que la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Gestión de la Identidad y Datos Civiles definen al matrimonio como una unión, el CC lo etiqueta como un contrato solemne. Más allá del rótulo que tanto el constituyente como el legislador optaron por asignarle, pretendemos profundizar en el análisis de su supuesta fisonomía contractual a la luz de la teoría de las obligaciones. Concluimos que, si bien el matrimonio podría encasillarse en la noción de contrato dirigido o de contenido forzoso, en realidad no es tal en cuanto la fuente de sus obligaciones no es contractual, sino exclusivamente legal. El matrimonio es un negocio jurídico que se limita a modificar el estado civil de las personas y solo como consecuencia de aquel nuevo estatus es que los cónyuges adquieren obligaciones, de fuente legal. Por último, se levanta del interrogante sobre si acaso el vínculo matrimonial se encamina hacia un régimen que permita a los contrayentes, maximizando el principio de la autonomía de la voluntad, configurar el vínculo con más libertad.

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