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LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El derecho francés de la prescripción extintiva establecido por la ley de 2008 consagró un cómputo del plazo subjetivo sobre la base del conocimiento sumado a un límite de caducidad, lo que configura un sistema de doble plazo. La aplicación de este sistema a las sanciones al incumplimiento contractual no resulta sencilla, si bien podría entenderse que se fija el momento con el conocimiento o posibilidad de conocimiento del incumplimiento, esto no es satisfactorio según la comprensión de los elementos propios a cada sanción al incumplimiento contractual. A esto se agrega la dificultad de comprensión del plazo tope, respecto del cual también cabe tener presente las particularidades de las sanciones al incumplimiento del contrato.
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SOBRE EL GERENTE DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE ALLANA A LA DISOLUCIÓN JUDICIAL
El trabajo analiza un caso en que una sociedad anónima fue demandada de disolución por causa grave por dos accionistas, conforme con lo dispuesto por el art. 105 de la Ley n.° 18046, sobre sociedades anónimas. El gerente de la sociedad demandada se allanó; sin embargo, los tribunales de primera y segunda instancia prescindieron de esta actuación y rechazaron la demanda. Luego, la Corte Suprema anuló todo lo obrado por falta de emplazamiento. El comentario a estas decisiones pone de relieve qué efecto tiene infringir los límites estatutarios a la cesión de acciones y la necesidad de que en cada junta de accionistas su presidente proclame los acuerdos alcanzados. Finalmente, el trabajo problematiza la legitimación pasiva correspondiente a la acción de disolución, pues es preciso buscar el mejor modo de resguardar los derechos de los accionistas no demandantes. -
EL DESARROLLO Y LA CONCRECIÓN DE LA BUENA FE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS
Este trabajo sostiene que la buena fe, en su función de integración de los contratos, puede ser desarrollada y concretizada en reglas más precisas por la ley, la costumbre y los jueces, en un sentido equivalente. De ello da cuenta un análisis pormenorizado de la legislación contractual dispositiva, la costumbre y la definición judicial de los términos implícitos que se integran a los contratos suplementando sus lagunas. Lo indicado plantea la pregunta por la relación jerárquica entre esas tres fuentes de determinación de lo ordenado por la buena fe, pudiendo asumirse que, frente a la existencia de una laguna en el contrato necesitada de suplementación, el juez debe ante todo aplicar la legislación contractual dispositiva y la costumbre, de existir y resultar suficientes para complementar el acuerdo. Solo en defecto de una regla de esa especie, el juez puede formular directamente un término implícito que se incorpora a la convención. Por tanto, la integración contractual por los jueces con fundamento en la buena fe presupone tanto una laguna en el contrato como una laguna en la ley, dando cuenta que al complementar el negocio los mismos suplen y desarrollan no solo el contrato, sino también el Derecho contractual objetivo.
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Daños punitivos, especialmente para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores
En este trabajo se estudian de manera crítica los daños punitivos regulados por la ley n.º 19496, con el objetivo de detectar y evaluar tanto los aspectos positivos como los cuestionables de su reglamentación en el marco de la protección de los consumidores. Ello, empleando una metodología dogmática fundada en la normativa, bibliografía y jurisprudencia nacional y extranjera, que permite analizar de modo cualitativo tales fuentes en orden a presentar y elaborar la hipótesis, las reflexiones y las conclusiones. En los apartados i y ii se formula un marco teórico representado por una aproximación a los daños punitivos sobre la base de antecedentes nacionales y foráneos, a través del estudio específico de su naturaleza y función, y de su procedencia en Chile, en virtud de la revisión de las discusiones al respecto, en particular, en cuanto a los supuestos problemas de constitucionalidad a que darían lugar y el carácter reparatorio de la responsabilidad civil. La hipótesis central es que la regulación de los daños punitivos en la indicada ley es positiva al contribuir a sancionar, disuadir y prevenir conductas graves de los proveedores, pero cuestionable respecto de la reglamentación de su cuantificación; aspectos que se desarrollan en el acápite iii.
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DIVORCIOS TRANSFRONTERIZOS Y COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL
Los divorcios internacionales son más numerosos cada día. En no pocas ocasiones existe un especial interés de las partes litigantes en presentar la demanda ante los tribunales de un determinado Estado, adquiriendo especial relevancia el fenómeno del forum shopping cuya finalidad es procurarse el foro más favorable, en particular en cuanto a la ley aplicable. En la actualidad en la Unión Europea la determinación de la competencia judicial relativa a divorcios internacionales se regula en el reglamento 2201/2003. Su artículo 3.º contiene un amplio número de foros al efecto. La aplicación de este reglamento ha relegado a un segundo plano la norma interna española contenida en el artículo 22 de la ley orgánica del poder judicial. El Tribunal Supremo ha resuelto controvertidas cuestiones en torno al referido instrumento y la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de divorcio.
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LOS ALCANCES DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SEGURIDAD EN LOS EVENTOS MASIVOS: UNA MIRADA DESDE EL DERECHO DE CONSUMO
El presente artículo tiene como objetivo indagar los alcances del incumplimiento de los deberes de seguridad en el consumo por parte de un organizador de eventos masivos. Considerando que el fenómeno de la masificación en los espectáculos cada vez tiene una mayor ocurrencia en Chile y es fuente de riesgos para los asistentes, esta investigación analiza los eventos masivos desde el derecho de consumo. Siendo un tema omitido por la doctrina nacional, el presente trabajo, una vez asentada la relación existente entre este tipo de eventos y la ley de protección a los consumidores, enfatizando en los sujetos que intervienen (tanto consumidor jurídico/ material como proveedor efectivo/intermediario) y el contrato en el cual se funda esta relación, se centra en las particularidades que reviste la seguridad en los espectáculos públicos. Los alcances del incumplimiento del deber de seguridad adquieren relevancia al abordar los distintos tipos de responsabilidades en las cuales puede incurrir según el tipo de proveedor. Por último, se exponen los medios de exoneración que el proveedor dispone.