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EL PRECIO DE DECLARAR PAGADO EL PRECIO (ART. 1876 DEL CÓDIGO CIVIL)
Este comentario analiza una reciente sentencia que considera que la cláusula de haberse pagado el precio en la compraventa impide que el vendedor pruebe que, en realidad, no recibió el precio. El fallo se apoya en las palabras “no se admitirá prueba alguna en contrario” del art. 1876, el cual es considerado aplicable entre las partes en tanto reflejaría el valor probatorio de los instrumentos públicos consagrado en el art. 1700. Se comenta críticamente esta decisión, ya que el art. 1876 asigna ciertos efectos a la cláusula de haberse pagado el precio únicamente respecto de terceros, como se desprende no solo de su tenor literal, sino, también, de las fuentes que lo inspiraron. Se critica, asimismo, el valor probatorio que el fallo concede a los instrumentos públicos, así como las consecuencias prácticas que de ello se siguen para el tráfico comercial cotidiano.
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PRUEBA LEGAL Y BÚSQUEDA DE LA VERDAD: ¿ES POSIBLE INTERPRETAR LAS REGLAS PROBATORIAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONFORME A UN PRINCIPIO PRO VERITATIS?
En este trabajo se aborda la tensión existente entre el sistema de prueba legal o tasada vigente en el CPC y la búsqueda de la verdad como finalidad primaria de la etapa probatoria. Ante la ausencia de una reforma procesal civil que subsane el desfase entre las estructuras normativas tradicionales y las exigencias epistémicas contemporáneas, se propone una interpretación de las normas probatorias conforme al propuesto principio pro veritatis. A través de un recorrido histórico, dogmático y normativo, es posible sostener que muchas de estas reglas conservan, en mayor o menor medida, una vocación epistémica que justifica su reinterpretación. En esa línea, se sugiere una relectura de las mismas que permita atenuar sus efectos más restrictivos y, al mismo tiempo, fortalecer la justicia de la decisión sobre una base fáctica verdadera y razonablemente probada.
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LA CONVENIENCIA DE RESTRINGIR LAS CONSECUENCIAS DE LA DISTINCIÓN ENTRE OBLIGACIONES DE MEDIOS Y RESULTADO SOBRE LA FUNCIÓN Y PRUEBA DE LA CULPA DEL DEUDOR
La recepción de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado en Derecho chileno ha dado lugar a importantes incertidumbres, especialmente en relación con la función y carga de la prueba de la culpa del deudor. En buena medida, estas incertidumbres pueden explicarse en la dificultad de conciliar la distinción con la diferencia impuesta por nuestro Derecho entre las etapas de obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento. Luego de revisar la posición de la doctrina y jurisprudencia reciente, el presente trabajo propone una interpretación de la distinción que no requiere aceptar las consecuencias que frecuentemente se le atribuyen sobre la función y prueba de la culpa del deudor.
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PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR. LA FACETA AFECTIVA Y SU RELACIÓN CON EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA COMO CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SALIDAS DEL PAÍS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El presente comentario analiza una sentencia del Segundo Tribunal de Familia de San Miguel, confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que resolvió negar la autorización de salida del país con destino a Francia de tres hijos menores de edad en compañía de la madre custodia. Para lo anterior, se consideró la vinculación afectiva con el padre no custodio y el trastorno de espectro autista de uno de los hijos, en especial las dificultades idiomáticas que podrían existir para la realización de sus terapias, las que ya estaban siendo realizadas en Chile. Junto con ello, se aborda el carácter holístico e indeterminado del principio del interés superior y la necesidad de soportar el peso de la prueba en relación con el beneficio derivado de la salida del país con respecto a los hijos.
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FUERZA QUE VICIA EL CONSENTIMIENTO. UNA RELECTURA DESDE LOS ESTÁNDARES DE DECISIÓN
Este artículo aborda el problema de la falta de operatividad de los arts. 1456 y 1457 del CC, que regulan la fuerza como vicio del consentimiento. Luego de analizar la posición dominante en la dogmática, se propone revisar en especial el art. 1456, desde la perspectiva de que consta de dos partes. La primera corresponde a una regla que dirime la concurrencia o no de la fuerza, asumiendo una valoración de los potenciales casos en abstracto (las reacciones a considerar serían las propias de una persona razonable). La segunda, se hace cargo de los casos de penumbra que subsisten del primer análisis: para ello es reconstruido como un estándar que facilita la toma de decisiones acorde con una evaluación de semejanzas o diferencias respecto de dos casos que serían modelos de concurrencia o de ausencia del vicio del consentimiento. Esta aproximación asume las dificultades de la prueba de las emociones, pero no exime de una carga relevante de justificación del punto de vista que se adopte.
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IMPUTACIÓN EN EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS
El trabajo analiza una sentencia pronunciada por la Corte Suprema en que el voto de mayoría, con ocasión de un recurso de casación en el fondo, calificó la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba a una sola de las partes, como una gestión útil y apta para interrumpir el plazo de seis meses del art. 152 del Código de Procedimiento Civil que regula el abandono del procedimiento. En particular, se examinan los argumentos esgrimidos por el voto de mayoría, cuestionando: i) La invocación del principio pro actione como un motivo para interpretar restrictivamente las normas del abandono del procedimiento; ii) El empleo del criterio de supresión hipotética, en el análisis sobre la utilidad de una gestión; iii) El entendimiento de que un mayor número de partes en un proceso, representa una razón para sostener que no existe una exigencia legal de notificar a todas las partes la interlocutoria de prueba en un plazo de seis meses. Asimismo, se analizan las consecuencias que conllevaría sustentar la posición del voto de mayoría.