Resultados de la búsqueda
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La publicidad errónea: ¿un problema de excusabilidad del proveedor o de recognoscibilidad del consumidor?
El presente trabajo tiene por propósito abordar lo que algunas sentencias de nuestros tribunales han denominado publicidad errónea con el objetivo de dilucidar si, efectivamente, nos encontramos ante una nueva categoría publicitaria o, por el contrario, ella constituye la faz negativa de la publicidad engañosa. El método utilizado ha consistido en revisar las sentencias de las Cortes de Apelaciones de Santiago que han aludido a ella entre los años 2015 al 2018, analizándolas desde una perspectiva crítica, a partir de la excusabilidad del error del proveedor y de la recognoscibilidad de este por parte del consumidor, constatando que no nos encontramos ante una especie de publicidad distinta de la engañosa y que el recurso a ella es innecesario, cuestión que incide en el ámbito de aplicación de la Ley n.o 19496 sobre Protección de Derechos de los Consumidores, toda vez que existiendo error del proveedor, reconocido por el consumidor, no hay confianza que proteger, debiendo retornarse al derecho civil.
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APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY N.º 19496 A COMUNICACIONES DE NATURALEZA PUBLICITARIA EMITIDAS POR LÍDERES DE OPINIÓN O INFLUENCERS
El presente trabajo tiene por objetivo analizar la aplicación de las normas contenidas en la Ley n.º 19496 sobre protección de los derechos de los consumidores a los denominados “lideres de opinión” o influencers, en especial dos supuestos infraccionales, la falta de información y la publicidad engañosa. Así, se describe de manera preliminar el ámbito de aplicación o la relación de consumo, compuesta por el proveedor de bienes o servicios, el líder de opinión o influencer y el consumidor. Luego, se da paso al estudio de las principales normas aplicables en esta materia, nos referimos al art. 3.o letra a) sobre libre elección, 3.o letra b) sobre información veraz y oportuna y, por último, el artículo 28 sobre publicidad engañosa. De la mano de legislación nacional y comparada, estudio de casos y doctrina, se construyen obligaciones particulares o deberes de conductas específicos para este tipo de sujetos, conforme a su estándar de profesionalidad y asignando responsabilidad civil o infraccional según corresponda. Por último, se analizan las acciones que otorga la ley por la inobservancia o incumplimiento de dichas obligaciones.
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El propósito persuasivo de la publicidad y sus peligros en el ámbito del crédito al consumo
Las decisiones de los consumidores responden a estímulos. Estos pueden ser condicionados por medio de una variedad de herramientas y, conforme a ellas, alterar los gustos y preferencias. El escaso tratamiento de los ordenamientos de consumo sobre esta materia, usualmente centrados en los estándares de claridad y veracidad de la publicidad, desatienden que esta puede persuadir al consumidor a tomar decisiones subóptimas. En la órbita del crédito al consumo, ello puede comprobarse si se observa el énfasis dado por el legislador a la transmisión de un cierto contenido informativo en la publicidad (dado por el costo financiero de la operación), pero que, carente de una regulación que atienda a los problemas derivados de la racionalidad imperfecta de los individuos, constituye una herramienta tutelar insuficiente. La tendencia a destacar los elementos positivos del consumo, desplazando los que envuelven algún grado de sacrificio, alientan a las personas a buscar financiamiento para consumos innecesarios o en condiciones que pueden resultarle perjudiciales, derivando, en los casos más extremos, en situaciones de sobreendeudamiento.
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EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE PUBLICIDAD DE PACTOS RELATIVOS A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y NUEVA PROPUESTA
En este trabajo se indaga el sentido de la oponibilidad que surten las formalidades de publicidad que la ley chilena sobre sociedades anónimas exige a los pactos de accionistas sobre cesión de acciones. Luego de revisar críticamente la literatura y jurisprudencia nacionales, se argumenta que la anotación del pacto en el registro de accionistas y su depósito en la compañía suponen en la práctica poca publicidad, coherente con que, en el resto de la ley, el registro de accionistas carece de proyección hacia terceros, como sería un cesionario de acciones. De este modo, la oponibilidad prevista en la norma no tiene un alcance distinto de la oponibilidad del derecho común: imponer la existencia del contrato –no su obligatoriedad– como parte de la realidad jurídica.
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ACERCA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA GARANTÍA LEGAL Y LA GARANTÍA VOLUNTARIA EN EL SISTEMA DE CONSUMO CHILENO: PLAZO CONCURRENTE Y PLAZO RESIDUAL
La deficiente técnica legislativa utilizada por la LPDC para regular los regímenes de garantía de conformidad ha implicado el surgimiento de diversas dudas interpretativas. Entre ellas, se encuentra la eventual extensión del plazo de la garantía legal –y sus efectos– a toda la eficacia temporal de una eventual garantía voluntaria.
Una lectura sistemática de la LPDC y de sus estatutos de responsabilidad conducen a una respuesta negativa, sustentada sobre la base de su racionalidad interna y la interpretación de las reglas de las garantías, en consonancia con las que establecen deberes de información y publicidad.
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LEGITIMACIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL A PROPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA SEPARACIÓN CONVENCIONAL DE BIENES
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto para revertir la desestimación de una tercería de posesión. El fundamento de esa decisión consistió en que el acto de adjudicación de los derechos sobre un inmueble, como consecuencia de la liquidación de una comunidad derivada de una sociedad conyugal, y el pago de una compensación económica, por la cual una persona transfería el restante porcentaje de derechos a favor de su excónyuge, requerían un tratamiento diferenciado, distinguiéndolo del pacto de separación de bienes celebrado en el mismo instrumento. En concreto, la discusión se centró en la función de la inscripción conservatoria respecto de la adjudicación, que la tercerista estimaba que venía exigida de manera expresa por la ley, pero cuya procedencia resulta de las reglas generales que informan el sistema registral chileno, sin olvidar las particularidades del régimen de sociedad conyugal.