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EL DIES A QUO EN LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL CÓDIGO CIVIL
Este trabajo defiende y justifica la tesis del cómputo del plazo de la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria contractual desde el incumplimiento atendido lo dispuesto del art. 2514 del Código Civil, dado que la exigibilidad refiere a la prestación objeto del contrato. Ello es consistente con la existencia de una única acción por incumplimiento contractual a la que dan contenido los distintos remedios contractuales, incluida la indemnización de daños.
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RAWLS Y RESPONSABILIDAD CIVIL: UNA CRÍTICA DE RIPSTEIN
El artículo cuestiona las tesis de Arthur Ripstein sobre el lugar del derecho privado (y, en particular, del derecho de daños) en la teoría de la justicia de John Rawls. Según Ripstein, la teoría de la justicia de Rawls otorga al derecho privado una cierta independencia, al no someterlo a los mandatos distributivos de los principios elegidos en la posición original. Esta conclusión tiene dos bases, una negativa y otra positiva. En el lado negativo del argumento, Ripstein afirma que la posición original de Rawls no se presta a guiar el diseño de instituciones, especialmente instituciones, como la ley de responsabilidad civil, con una estructura deontológica. En el lado positivo, Ripstein recurre a la idea de una división de responsabilidades entre ciudadanos e instituciones sociales (idea que Rawls presenta en el artículo Social Unity and Primary Goods) para demostrar el compromiso de Rawls con una concepción preinstitucional de propiedad y con la independencia del derecho privado que se derivaría. El artículo sostiene que Ripstein se equivoca al descuidar el papel de la posición original y los principios elegidos en esa posición, así como exagera las consecuencias para el derecho privado de la división de responsabilidades entre ciudadanos e instituciones.
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Disolución de una sociedad de responsabilidad limitada por renuncia fundada en motivo grave y ausencia de affectio societatis
La Corte de Apelaciones de Talca, al revisar un recurso de queja presentado en contra de un laudo arbitral derivado de una demanda de disolución de una SRL, se pronuncia sobre la procedencia de aquella, fundada en la renuncia por “motivo grave” ante la mala gestión administrativa y la pérdida de la affectio societatis y la consecuente terminación de la compañía. En este contexto, la Corte revoca la sentencia arbitral, declara disuelta la sociedad, y en el afán de alcanzar dicho cometido, conceptualiza y se refiere a la naturaleza y lugar en la estructura societaria de la affectio societatis, atribuyéndole a su ausencia un carácter justificante para la renuncia del socio. Estas apreciaciones merecen realizar un análisis crítico que podría arribar en una conclusión distinta a la alcanzada por la Corte.
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El negocio tras la muerte. Cementerios parque como proveedores financieros no tradicionales
Se comenta la sentencia dictada por el 3er Juzgado de Policía Local de Maipú, confirmada íntegramente por la Corte Suprema, en la cual, tras una labor interpretativa, que implicó analizar diversos elementos de la promesa de compraventa que la consumidora celebró con un cementerio, se determinó que el negocio, en realidad, se asemejaba a un leasing, e incluía la prestación de un producto financiero, siendo posible aplicar las disposiciones de la Ley n.° 18010 junto a las de la Ley n.° 19496.
Si bien dicha calificación buscó otorgar una mayor protección al consumidor frente a lo que puede considerarse un producto financiero encubierto, el concepto de “crédito directo” permite explicar de mejor manera el negocio y entender que la operación realizada se trata de un préstamo de dinero, cuya peculiaridad, en este caso, es su entrega de forma ficta al consumidor.
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Daniel Cruz, María de la Luz (2020). Libertad de prensa y daños. Consideraciones en torno al estándar de cuidado aplicable a los medios masivos de comunicación. Santiago: Thomson Reuters, 244 pp.
Aunque por el título principal podría pensarse en algo distinto, esta monografía trata de la responsabilidad civil extracontractual en uno de sus campos más complejos: el de la responsabilidad civil de los medios de comunicación, y que envuelve, siempre, tener que resolver un conflicto de derechos: por una parte, la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa (art. 19 n.º 12 de la Constitución) y, por otra , derechos de la personalidad como el derecho a la honra y a la vida privada (art. 19 n.º 4 de la Constitución). Como es sabido, este problema se hace más arduo cuando se trata de funcionarios públicos en los que el umbral de protección de la honra y la vida privada disminuye significativamente [...]
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