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LA CLÁUSULA DE CONTRATO COMPLETO O CLÁUSULA DE INTEGRIDAD EN EL DERECHO CONTRACTUAL CHILENO
Este trabajo trata sobre la cláusula de contrato completo en el derecho contractual chileno. Se sostiene que la cláusula de contrato completo tiene por función promover la certeza en los negocios jurídicos, al circunscribir con precisión los términos y condiciones del contrato fundados en la intención común de los contratantes. El efecto jurídico de la estipulación es limitar las declaraciones, promesas y acuerdos vinculantes de los contratantes a lo consignado en el texto del documento contractual, privando de valor para integrar el contrato a todas las declaraciones, acuerdos, promesas y comunicaciones de las partes preliminares y coetáneas a la suscripción de la convención. De manera adicional, se plantea que, a pesar de que su tenor pudiese inducir a asumir algo diferente, la cláusula de contrato completo no tiene incidencia alguna en la definición de los medios de interpretación, en la integración contractual, en la responsabilidad precontractual por declaraciones falsas y en las variaciones o modificaciones contractuales futuras. Por último, se sostiene que la estipulación resulta en general válida, salvo en la contratación con consumidores.
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EL INCREMENTO DEL RIESGO COMO CRITERIO COMPLEMENTARIO A LA CREACIÓN DEL RIESGO NO PERMITIDO EN EL ANÁLISIS DE LA CAUSALIDAD EN LAS OMISIONES EN CONTEXTOS MÉDICO-SANITARIOS
En este trabajo, enfocado en cuestiones vinculadas a la responsabilidad médica y sanitaria, se pretende analizar el tratamiento de la causalidad en las omisiones desde el postulado relativo a que, en estos casos, la culpa en clave de creación de un riesgo no permitido se identifica con la aproximación normativa de causalidad. Sin perjuicio de lo anterior, dicha proyección intelectual de culpa y en consecuencia de causalidad en el contexto omisivo, es susceptible de contestarse a través de otras aproximaciones. En tal sentido, se propone abordar el criterio de imputación objetiva denominado incremento de riesgo (también conocido como conducta alternativa lícita). Se considera que el referido concepto resulta útil en contextos en los que la omisión culpable no puede ser tenida como la generadora del daño, por cuanto de no haberse omitido el comportamiento bajo cuestionamiento, de todas formas, el agravio hubiera tenido lugar. De aquí entonces, que la creación de riesgos no permitidos pueda ser tenido como una presunción de causalidad susceptible de razonamientos contradictorios defendibles.
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Daños punitivos, especialmente para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores
En este trabajo se estudian de manera crítica los daños punitivos regulados por la ley n.º 19496, con el objetivo de detectar y evaluar tanto los aspectos positivos como los cuestionables de su reglamentación en el marco de la protección de los consumidores. Ello, empleando una metodología dogmática fundada en la normativa, bibliografía y jurisprudencia nacional y extranjera, que permite analizar de modo cualitativo tales fuentes en orden a presentar y elaborar la hipótesis, las reflexiones y las conclusiones. En los apartados i y ii se formula un marco teórico representado por una aproximación a los daños punitivos sobre la base de antecedentes nacionales y foráneos, a través del estudio específico de su naturaleza y función, y de su procedencia en Chile, en virtud de la revisión de las discusiones al respecto, en particular, en cuanto a los supuestos problemas de constitucionalidad a que darían lugar y el carácter reparatorio de la responsabilidad civil. La hipótesis central es que la regulación de los daños punitivos en la indicada ley es positiva al contribuir a sancionar, disuadir y prevenir conductas graves de los proveedores, pero cuestionable respecto de la reglamentación de su cuantificación; aspectos que se desarrollan en el acápite iii.
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Tres controversias de la Ley n.º 19496 en un solo caso: la aplicabilidad a las micro o pequeñas empresas; la independencia de la acción infraccional de la acción indemnizatoria y el plazo de caducidad de la garantía legal
Este trabajo pretende exponer tres temáticas que se han suscitado en el derecho del consumo a raíz de la aplicación de la Ley n.º 19496 por nuestros tribunales de justicia. En primer lugar, la aplicabilidad del estatuto tutelar por las micro y pequeñas empresa ante sus proveedores en virtud de la Ley n.º 20416. Segundo, la íntima dependencia o autonomía entre la responsabilidad infraccional y la indemnizatoria, en particular cuando operan las hipótesis que dan lugar a la garantía legal. Por último, el plazo de caducidad que caracteriza a la garantía legal en oposición a los plazos generales de prescripción consagrados en el art. 26 de la Ley n.º 19496.
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DE LA PRESUNCIÓN GENERAL DE CULPA POR EL HECHO PROPIO. A PROPÓSITO DE LOS ARTÍCULOS 2314 Y 2329 Y DE NUESTRO “CÓDIGO CIVIL IMAGINARIO” (II)
Se revisa críticamente la opinión de parte de la doctrina y de alguna jurisprudencia reciente que interpreta la regla del inciso 1o del artículo 2329 como una presunción general de culpa por el hecho propio, sobre la base del examen histórico y dogmático de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, concluyéndose que dicha lectura e interpretación no encuentra apoyo en el contexto dogmático en el que están concebidas tales disposiciones.
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DERROTABILIDAD DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: HACIA LA FACILIDAD PROBATORIA EN CHILE
Este trabajo analiza, desde la perspectiva de la teoría del razonamiento jurídico, el art. 1698 del CC chileno, que contiene la regla general sobre distribución de la carga de la prueba. A partir del marco conceptual de Frederick Schauer –que entiende las reglas prescriptivas como generalizaciones con justificaciones subyacentes– se propone demostrar que la distribución de cargas que hace el 1698 es derrotable. Aquí se exhibirán casos reconocidos por la jurisprudencia en que la generalización del 1698 no sirve a su justificación subyacente y, en consecuencia, los jueces derrotan su aplicación. Los hechos impeditivos y modificativos, por una parte, y la facilidad probatoria, por la otra, son las principales hipótesis de derrotabilidad sobre la distribución de la carga que hace el articulo 1698 del CC.