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EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE PUBLICIDAD DE PACTOS RELATIVOS A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y NUEVA PROPUESTA
En este trabajo se indaga el sentido de la oponibilidad que surten las formalidades de publicidad que la ley chilena sobre sociedades anónimas exige a los pactos de accionistas sobre cesión de acciones. Luego de revisar críticamente la literatura y jurisprudencia nacionales, se argumenta que la anotación del pacto en el registro de accionistas y su depósito en la compañía suponen en la práctica poca publicidad, coherente con que, en el resto de la ley, el registro de accionistas carece de proyección hacia terceros, como sería un cesionario de acciones. De este modo, la oponibilidad prevista en la norma no tiene un alcance distinto de la oponibilidad del derecho común: imponer la existencia del contrato –no su obligatoriedad– como parte de la realidad jurídica.
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Constitución y propiedad intelectual: un nuevo marco para balancear la creación y acceso al conocimiento
La norma constitucional actual sobre propiedad intelectual (art. 19 n.° 25) es deficitaria porque es opaca respecto a los objetivos económicos y sociales de dicha especie de propiedad. Por ello y en atención al crecimiento de la economía de base intangible en el siglo xxi, resulta necesario y oportuno diseñar una nueva norma constitucional que no se remita de forma irreflexiva a la regla general sobre propiedad, de modo de reflejar el carácter instrumental de la propiedad intelectual, en tanto herramienta para solucionar la falla de mercado del “bien público” que afecta a los bienes que son su objeto (de carácter no-rival y no-excluible). Así, una nueva norma constitucional debería fundarse en la promesa de la propiedad intelectual, a saber: optimizar el equilibrio entre creación y acceso al conocimiento, proveyendo de ese modo un marco general para que el legislador, los organismos públicos y los adjudicadores puedan luego actualizar dicho equilibrio en consideración al estado de desarrollo del país. En el artículo se propone un texto de norma constitucional que puede ser justificado en términos ralwsianos, es decir, desde un escenario hipotético de “posición original”. Además, se explica que el texto propuesto no se agota en una mera declaración programática, enunciando así qué tipo de efectos concretos puede producir en el ordenamiento jurídico.
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Regulación constitucional y legal de la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas: tensiones actuales y propuestas para su modificación
El presente artículo ilustra los aspectos patrimoniales a los que se encuentra sometido el derecho de aprovechamiento de aguas en la lógica constitucional y los efectos que, de dicha propietarización, se irradian en la legislación de aguas. De este modo, el objetivo de este trabajo es demostrar cuáles son los alcances del dominio sobre el derecho de aprovechamiento y hasta qué punto dicha institución se puede encuadrar dentro de la lógica patrimonial privada del derecho común. Asimismo, analizaremos cómo las modificaciones propuestas al contenido del derecho de aprovechamiento pueden tensar –hasta fracturar– la vinculación de dicha titularidad con las categorías de la propiedad civilmente regulada.
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Disolución de una sociedad de responsabilidad limitada por renuncia fundada en motivo grave y ausencia de affectio societatis
La Corte de Apelaciones de Talca, al revisar un recurso de queja presentado en contra de un laudo arbitral derivado de una demanda de disolución de una SRL, se pronuncia sobre la procedencia de aquella, fundada en la renuncia por “motivo grave” ante la mala gestión administrativa y la pérdida de la affectio societatis y la consecuente terminación de la compañía. En este contexto, la Corte revoca la sentencia arbitral, declara disuelta la sociedad, y en el afán de alcanzar dicho cometido, conceptualiza y se refiere a la naturaleza y lugar en la estructura societaria de la affectio societatis, atribuyéndole a su ausencia un carácter justificante para la renuncia del socio. Estas apreciaciones merecen realizar un análisis crítico que podría arribar en una conclusión distinta a la alcanzada por la Corte.
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El negocio tras la muerte. Cementerios parque como proveedores financieros no tradicionales
Se comenta la sentencia dictada por el 3er Juzgado de Policía Local de Maipú, confirmada íntegramente por la Corte Suprema, en la cual, tras una labor interpretativa, que implicó analizar diversos elementos de la promesa de compraventa que la consumidora celebró con un cementerio, se determinó que el negocio, en realidad, se asemejaba a un leasing, e incluía la prestación de un producto financiero, siendo posible aplicar las disposiciones de la Ley n.° 18010 junto a las de la Ley n.° 19496.
Si bien dicha calificación buscó otorgar una mayor protección al consumidor frente a lo que puede considerarse un producto financiero encubierto, el concepto de “crédito directo” permite explicar de mejor manera el negocio y entender que la operación realizada se trata de un préstamo de dinero, cuya peculiaridad, en este caso, es su entrega de forma ficta al consumidor.
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Calidad de vivienda y seguridad en el consumo
En el presente comentario analizamos el caso Servicio Nacional del Consumidor con Inmobiliaria Francisco de Aguirre Limitada, en particular las sentencias de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema con ocasión del conocimiento de un recurso de apelación y, posterior, casación en el fondo; las cuales versaron sobre el ámbito de aplicación de la Ley n.° 19496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Para ello, y luego de resumir de manera breve los hechos, expondremos el problema jurídico que aparejan los conceptos de calidad y seguridad y su relación con la normativa aplicable. A su vez, expondremos los argumentos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema al respecto, con la consideración especial del voto disidente de la abogada integrante Claudia Chaimovich en torno a distinguir los derechos de seguridad de la calidad de una vivienda dentro de la relación de consumo. Con ello, pretendemos lograr una adecuada comprensión de las materias excluidas de la ley y de la distinción entre los derechos que resguarda la misma.