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Incorporación a una cuenta corriente mercantil de créditos entre sociedades de un grupo económico y veracidad de los estados financieros. Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de 31 de julio de 2020, rol n.º 29.982-2019
El trabajo analiza una sentencia de la Corte Suprema que confirmó, con una rebaja, las multas impuestas por la antigua SVS a los administradores de una sociedad anónima abierta. La compañía informaba en sus estados financieros la presencia de ciertos créditos de corto plazo, cuyos deudores eran otras sociedades del grupo económico. La empresa no realizó gestiones para su cobro en un lapso considerable, bajo el argumento de haber sido incorporados a una cuenta corriente mercantil que experimentaba escasos movimientos. El fiscalizador recalificó contablemente los créditos como de largo plazo, y concluyó que los estados financieros contenían información falsa. Un análisis permite validar críticamente esa decisión judicial, al mismo tiempo que le ofrece un fundamento alternativo, a partir del contenido del contrato de cuenta corriente mercantil.
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VALORACIÓN DE LA PERICIA E INFRACCIÓN A LAS LEYES REGULADORAS DE LA PRUEBA
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte Suprema, con fecha 22 de marzo de 2023, en la causa rol n° 144.044-2020, caratulada SQM Salar S.A. en contra de Fisco de Chile, referida al otorgamiento de una servidumbre minera pedida por la actora respecto de doce hectáreas, por cincuenta años. La Corte Suprema, en fallo de casación en el fondo, anula la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y en su reemplazo confirma la pronunciada en primera instancia.
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Abusividad por falta de transparencia, nulidad de cláusulas no incorporadas e improcedencia de responsabilidad infraccional. 17° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, 27 de enero de 2017, rol n.° 15092-2015. Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de septiembre de 2018, rol n.° 8261-2017. Corte Suprema, 27 de diciembre de 2019, rol n.° 114-20191
A fin de concretar la venta de unidades de diversos proyectos inmobiliarios, Constructora Santa Beatriz S.A., a partir de 2002, desarrolló un modelo de contratación que, desde la perspectiva de cada consumidor interesado, comprendía la celebración de tres contratos diferentes: un contrato de reserva, uno de promesa de compraventa y uno de compraventa. De acuerdo con el modelo mencionado, el “proceso de compraventa de un departamento en modalidad verde” comenzaba por la celebración de un contrato de reserva, en cuya virtud el consumidor vinculado debía entregar en el mismo acto una suma de diez unidades de fomento, debiendo la inmobiliaria abstenerse de ofrecer en el mercado el departamento reservado por un plazo de quince días corridos. Una vez realizada la reserva y dentro de los quince días siguientes, el consumidor podía optar por desistirse del proceso de compra –siéndole restituidas las respectivas diez unidades de fomento–, o persistir en el mismo. En este último caso, la inmobiliaria lo citaba para la suscripción de un contrato de promesa, obligándose el consumidor a celebrar la compraventa prometida dentro del plazo establecido en la promesa, siempre que se hubieran cumplido las condiciones impuestas por la inmobiliaria. (...)
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Tercería de prelación y prueba del hecho negativo. Corte Suprema, 3 de diciembre de 2019, rol n° 12.044-2019
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Corte Suprema con fecha 3 de diciembre de 2019, en la causa rol n.° 12.044-2019, referida a la exigencia de aportación de prueba por parte del tercerista de prelación.
El fallo resulta de gran relevancia por cuanto la decisión considera que, sobre el tercerista de prelación, en su calidad de demandante, pesa la carga de probar que se cumplen los requisitos establecidos en el art. 2478 del Código Civil en afinidad con el art. 527 del Código de Procedimiento Civil. (...)
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Daño material por expropiación, más allá del costo de reposición del bien expropiado. Comentario al caso Inmobiliaria Alameda S.A. con Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, Corte Suprema, 2020
El presente trabajo comenta una sentencia de la Corte Suprema y discurre acerca del contenido de la indemnización expropiatoria, respecto del daño material; con la finalidad de constatar que este no queda restringido a la compensación económica por la pérdida del bien, sino que, en virtud de la regla constitucional, comprende también toda otra consecuencia patrimonial dañosa efectiva causada al propietario, a consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Así, en el caso de una expropiación parcial, además del costo de reposición del bien expropiado, la indemnización puede abarcar el costo del daño material ocasionado a las edificaciones existentes en la fracción no expropiada de un inmueble, en tanto se verifique como una consecuencia inmediata y directa de la expropiación, y la ulterior concreción de las obras que motivan el acto ablatorio.
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La excepción de contrato no cumplido frente a la destrucción parcial de la cosa arrendada. Corte Suprema, 3 de marzo de 2020, rol n.° 3.660-2018
Una de las cuestiones más espinosas que plantea el derecho de los contratos es la relación entre las disposiciones generales, tales como aquellas establecidas en el título “Del efecto de las obligaciones” (libro 4o, título xii del CC), y aquellas que el legislador dispone para cada contrato en particular. El caso objeto de este comentario pone de manifiesto este problema en el contexto del arrendamiento, particularmente en la hipótesis de perecimiento parcial de la cosa arrendada y la omisión del arrendador de proceder a su reparación, lo que motivó al arrendatario a suspender el pago de las rentas asilándose en la llamada excepción de contrato no cumplido del art. 1552. El rechazo de dicha excepción por parte de la Corte Suprema ofrece una interesante perspectiva de análisis sobre los límites del art. 1552 y sobre la lógica detrás de la regulación especial en materia de arrendamiento frente al deterioro de la cosa arrendada. (...)