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LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El derecho francés de la prescripción extintiva establecido por la ley de 2008 consagró un cómputo del plazo subjetivo sobre la base del conocimiento sumado a un límite de caducidad, lo que configura un sistema de doble plazo. La aplicación de este sistema a las sanciones al incumplimiento contractual no resulta sencilla, si bien podría entenderse que se fija el momento con el conocimiento o posibilidad de conocimiento del incumplimiento, esto no es satisfactorio según la comprensión de los elementos propios a cada sanción al incumplimiento contractual. A esto se agrega la dificultad de comprensión del plazo tope, respecto del cual también cabe tener presente las particularidades de las sanciones al incumplimiento del contrato.
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SOBRE LA POSIBILIDAD DE STAKEHOLDERS DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS SOSTENIBLES CONTENIDAS EN CONTRATOS ENTRE AGENTES EMPRESARIALES
Las empresas incorporan cláusulas de sostenibilidad en la contratación comercial con otras organizaciones empresariales, de forma de implementar la responsabilidad social de largo plazo en las operaciones de negocios. Estas estipulaciones no otorgan poder coercitivo suficiente para su exigibilidad y, además, hacen referencia a terceros ajenos (stakeholders) que se pueden ver afectados por la operación mercantil. Este trabajo tiene por objetivo reinterpretar la estipulación a favor de un tercero y la oponibilidad del contrato a las partes por terceros para dotar de eficacia a las cláusulas sostenibles respecto de quienes no son parte del acuerdo, pero se ven favorecidos por su observancia. Conforme con ello, la hipótesis de esta investigación es que es posible que los stakeholders, como beneficiarios de las cláusulas contractuales que se incorporan en materia de sostenibilidad empresarial, exijan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellas, porque permite lograr el fin del contrato o, bien, la reparación de los daños en tanto se les reconoce un interés legítimo en su cumplimiento.
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La excepción de contrato no cumplido frente a la destrucción parcial de la cosa arrendada. Corte Suprema, 3 de marzo de 2020, rol n.° 3.660-2018
Una de las cuestiones más espinosas que plantea el derecho de los contratos es la relación entre las disposiciones generales, tales como aquellas establecidas en el título “Del efecto de las obligaciones” (libro 4o, título xii del CC), y aquellas que el legislador dispone para cada contrato en particular. El caso objeto de este comentario pone de manifiesto este problema en el contexto del arrendamiento, particularmente en la hipótesis de perecimiento parcial de la cosa arrendada y la omisión del arrendador de proceder a su reparación, lo que motivó al arrendatario a suspender el pago de las rentas asilándose en la llamada excepción de contrato no cumplido del art. 1552. El rechazo de dicha excepción por parte de la Corte Suprema ofrece una interesante perspectiva de análisis sobre los límites del art. 1552 y sobre la lógica detrás de la regulación especial en materia de arrendamiento frente al deterioro de la cosa arrendada. (...)
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ENTRE LA RESERVA Y LA DIVULGACIÓN. LOS CONTORNOS DE LOS DEBERES DEL DIRECTORIO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA RELATIVOS A LA INFORMACIÓN ACERCA DE OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE EMPRESAS
Este artículo examina los deberes de reserva y divulgación que pesan sobre los directores de sociedades anónimas abiertas en el contexto de una negociación para adquirir una empresa. Se analiza cómo estos deben equilibrar su obligación de confidencialidad basada en la necesidad de privilegiar el interés social, con las obligaciones de información al mercado, cuyo fundamento está en el interés público asociado al correcto funcionamiento del mercado de valores. El texto plantea que, mientras el deber general es la reserva de información para proteger el interés de los accionistas, existen excepciones en que debe informarse al público ciertos eventos, en contextos en que la tutela del mercado de valores derrota la general protección al interés social que orienta la actividad de los administradores, y que las contra excepciones de “hechos reservados” obedecen a riesgos calificados para el interés social, que exigen volver a la norma general de secreto.
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¿Dos diferencias entre las aproximaciones del derecho chileno y francés al enriquecimiento injustificado?
En este trabajo se revisa la forma en que la doctrina y jurisprudencia nacionales han entendido la idea de enriquecimiento injustificado en los últimos años. Luego de identificar dos aspectos en que cierta doctrina y jurisprudencia recientes se alejan de la posición más tradicional inspirada en el derecho francés, el trabajo explora algunos de los problemas que este alejamiento podría traer aparejado. El trabajo plantea que las disposiciones sobre enriquecimiento injustificado introducidas al Código Civil francés ofrecen un punto de partida útil para abordar los desafíos impuestos por una institución que ha recibido poca atención en el derecho chileno.
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SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A PARTIR DEL DESEQUILIBRIO EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Este comentario analiza las sentencias pronunciadas en virtud de una acción en protección del interés colectivo iniciada por el SERNAC destinada a declarar la abusividad de los términos y condiciones predispuestos en el sitio web de una plataforma de comercio electrónico, al cual los consumidores debían adherir al momento de realizar sus compras. El estudio se centra en el razonamiento, a la luz de los criterios establecidos en el artículo 16 letra g) de la ley n.º 19496, efectuado en las distintas instancias y por la Corte Suprema al examinar las cláusulas referidas al derecho de retracto, la formación del consentimiento en la contratación electrónica y las reglas sobre la competencia ante conflictos sufridos por los consumidores.