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EL INCUMPLIMIENTO Y LOS REMEDIOS DEL ACREEDOR EN LA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS ESPAÑOL
El presente artículo analiza el régimen de incumplimiento y sus efectos en la propuesta de modernización del Derecho de Obligaciones y contratos español, considerando tanto la propia propuesta de reforma como también lo que se estima son las ideas claves para la construcción de un nuevo orden sobre el incumplimiento contractual, acorde con las actuales condiciones del tráfico y funcional al interés del acreedor. Tales ideas son: la comprensión del contrato, la noción de incumplimiento, la pluralidad de remedios y la opción del acreedor. Se busca su identificación dentro de la reforma proyectada, considerando los modelos de Derecho Contractual europeo e internacional que la propuesta sigue en su afán de armonización.
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El contrato de transporte aéreo y la emergencia por COVID-19: el estatuto aeronáutico chileno frente a la cancelación de vuelos por caso fortuito y la reactivación del tráfico aéreo pospandemia
La emergencia sanitaria por Coronavirus ha paralizado o ralentizado gran parte de las actividades económicas, dentro de las cuales se halla el transporte aéreo de pasajeros, provocando la cancelación de vuelos, lo que se traduce en un caso de incumplimiento contractual del porteador frente al pasajero. Para abordar qué respuesta se sigue de nuestra legislación frente a una cancelación por un caso fortuito –asumiendo que la pandemia por COVID-19 es uno–, este trabajo pretende, en primer lugar, resolver la cuestión respecto a la normativa aplicable al contrato de transporte aéreo. Posteriormente, analizar las hipótesis generales de incumplimiento del contrato de transporte aéreo por inejecución del viaje en los términos convenidos, y qué derechos tiene el pasajero frente a dicho incumplimiento. Enseguida, se abordan las opciones del pasajero frente a un vuelo cancelado por un caso fortuito, y los efectos que este último produce en el contrato. Finalmente, se analizan los deberes y obligaciones del transportista aéreo una vez reactivada la actividad, y la responsabilidad que le cabe por un eventual contagio.
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FORMA DE PAGO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR DIVORCIO O NULIDAD
La compensación económica constituye un derecho y correlativamente una obligación de origen legal que, una vez establecida, se somete al Derecho Común, propio de las obligaciones. Su titular tiene un crédito desprovisto de protección como tal. Quien debe dotar de protección al crédito de compensación es el juez, en él, el legislador radicó la tarea. El marco legal sobre su forma de pago apunta hacia esa dirección y le fija restricciones de observancia necesaria, que también los cónyuges deben acatar en sus acuerdos.
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EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD EN EL DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Tanto desde el punto de vista teórico como del práctico, la relación de causalidad es, sin duda, el presupuesto más problemático y, quizá, menos tratado del Derecho de la Responsabilidad Civil. Enrevesada, difícil, compleja, tormentosa, insoluble, angustiosa, multiforme, enigmática y ambigua, son algunas de las características (o adjetivos calificativos) con que, comúnmente, se señalan las cualidades (más bien abstractas) atribuidas a la causalidad (en tanto sustantivo). No obstante, la distinción entre causalidad e imputación objetiva resurgida en los últimos años y de gran predicamento en el Derecho Penal, aporta un halo de aire fresco que no se puede soslayar.
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LA DEUDA POR OBLIGACIÓN CONSTITUIDA A TRAVÉS DE CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO NO CONSTITUYE EXCEPCIÓN AL DISCHARGE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
Con base en un estudio dogmático de los fundamentos y justificaciones del fresh start y las excepciones al discharge, y tras un análisis crítico de la sentencia de la Corte Suprema, rol n.º 4656-2017, de 9 de mayo de 2017, que excluye del ámbito de aplicación del discharge de la ley n.º 20720 a todas las deudas de obligaciones contraídas a través de créditos con aval del estado, proponemos un criterio que, comprendiendo una correcta interpretación y consecuente armonización de las normas, otorga certeza jurídica a los deudores y soluciona el problema de relevancia jurídico social que el razonamiento de la Corte conlleva.