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NATURALEZA DE LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS O ESTIPULACIONES ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES O MICRO O PEQUEÑOS EMPRESARIOS. SOBRE LA CONSISTENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE NULIDAD ABSOLUTA CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO CIVIL
Luego de una exposición sintética de las dos principales tesis acerca de la naturaleza de la nulidad contemplada en la Ley n.° 19496 respecto de las cláusulas o estipulaciones abusivas, se examina si el régimen de nulidad absoluta exhibe las disfuncionalidades acusadas por parte de la doctrina. Se intenta mostrar que todas las objeciones a la consistencia y a la funcionalidad de la aplicación de dicho régimen son derrotables y que no justifican la construcción, por vía interpretativa, de un régimen especial. Se postula que el régimen de nulidad absoluta, rectamente entendido, no solo es funcional, sino que, además, es más protector que un pretendido, incompleto e incierto régimen especial.
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LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ALEGAR LA NULIDAD ABSOLUTA EN EL INTERÉS DE LA MORAL O DE LA LEY
Entre los sujetos legitimados para pedir la declaración de nulidad absoluta de un acto, el art. 1683 del Código Civil menciona al Ministerio Público. Esta legitimación presenta dos dificultades interpretativas; la primera, que aquel puede accionar “en el interés de la moral o de la ley”, lo que suele contraponerse a un interés pecuniario; por otro lado, que aquel ha evolucionado en cuanto a estructura orgánica, contenido y atribuciones. Ante estas dificultades cabe plantear dos tesis: la primera, apunta a concluir que el Ministerio Público ha perdido tales atribuciones; la segunda, que este trabajo defiende, el que las mantiene. Para estos efectos, se analizan las modificaciones experimentadas por el Ministerio Público y se argumenta para dar utilidad práctica a dicho artículo.
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SOBRE LA SANCIÓN A LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL DERECHO DEL CONSUMO
En este trabajo analizamos la sanción aplicable a las cláusulas abusivas en el derecho del consumo chileno, a propósito de la sentencia de la Corte Suprema, rol n.º 34713-2023, que calificó como abusiva una cláusula de aceleración del plazo contenida en un contrato de mutuo hipotecario. El fallo reviste especial interés porque resuelve el debate doctrinal sobre la naturaleza de la ineficacia prevista en el art. 16 de la Ley n.º 19496, afirmando que se trata de una nulidad absoluta. Para ello, exponemos los hechos del caso, sistematizamos las principales posturas doctrinales sobre la sanción por abusividad y revisamos la evolución jurisprudencial en la materia. Finalmente, sostenemos que la solución adoptada por la Corte Suprema es parcialmente correcta, sobre todo porque construye la solución desde el derecho vigente, en cuanto reconoce el carácter de orden público del control de cláusulas abusivas y permite integrar de forma coherente la LPDC con el régimen general de la nulidad, sin recurrir a construcciones judiciales de lege ferenda.
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Abusividad por falta de transparencia, nulidad de cláusulas no incorporadas e improcedencia de responsabilidad infraccional. 17° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, 27 de enero de 2017, rol n.° 15092-2015. Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de septiembre de 2018, rol n.° 8261-2017. Corte Suprema, 27 de diciembre de 2019, rol n.° 114-20191
A fin de concretar la venta de unidades de diversos proyectos inmobiliarios, Constructora Santa Beatriz S.A., a partir de 2002, desarrolló un modelo de contratación que, desde la perspectiva de cada consumidor interesado, comprendía la celebración de tres contratos diferentes: un contrato de reserva, uno de promesa de compraventa y uno de compraventa. De acuerdo con el modelo mencionado, el “proceso de compraventa de un departamento en modalidad verde” comenzaba por la celebración de un contrato de reserva, en cuya virtud el consumidor vinculado debía entregar en el mismo acto una suma de diez unidades de fomento, debiendo la inmobiliaria abstenerse de ofrecer en el mercado el departamento reservado por un plazo de quince días corridos. Una vez realizada la reserva y dentro de los quince días siguientes, el consumidor podía optar por desistirse del proceso de compra –siéndole restituidas las respectivas diez unidades de fomento–, o persistir en el mismo. En este último caso, la inmobiliaria lo citaba para la suscripción de un contrato de promesa, obligándose el consumidor a celebrar la compraventa prometida dentro del plazo establecido en la promesa, siempre que se hubieran cumplido las condiciones impuestas por la inmobiliaria. (...)
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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL RECONOCIMIENTO POR ERROR EN LA CORRESPONDENCIA GENÉTICA CON EL HIJO
El principio de verdad biológica se instaura como principio fundante del sistema filiativo chileno. Sin embargo, hoy se comienza a cuestionar la preponderancia de la coincidencia entre la filiación legal y la correspondencia genética entre padre e hijo. En este trabajo se pretende reflexionar acerca de este tópico, a propósito de la figura del reconocimiento, en particular, explorando cuál ha sido la respuesta jurisprudencial ante la posibilidad de anular este acto cuando el reconociente alega que ha incurrido en un error al descubrir, con posterioridad, que el hijo no es biológicamente suyo. Por último, se presenta un balance crítico que propone entender de manera restringida el ámbito de aplicación de la acción de nulidad del reconocimiento por error, debiendo cumplir ciertos requisitos para prosperar. En los casos en que la acción sea rechazada, se mantendrá la filiación a pesar de no ampararse en la verdad biológica, por lo que el reconocimiento operará como una excepción a este principio. Ello se justifica en la finalidad perseguida por la institución, la cual determina que la correspondencia genética no es, en todos los casos, una cualidad personal del hijo que tenga la entidad para viciar el consentimiento.
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La incompatibilidad de las acciones frente a la prestación irrisoria según el Código de Comercio ecuatoriano
El nuevo Código de Comercio ecuatoriano introduce la figura de la prestación irrisoria en el art. 217. Su objetivo es asegurar que las prestaciones asumidas por cada uno de los contratantes sean simétricas. A pesar de ello, ofrece tres consecuencias incompatibles entre sí frente a una prestación irrisoria: la nulidad absoluta, la resolución del contrato y la adaptabilidad. Por tal motivo, se propone que la sanción apropiada debería ser la nulidad relativa, que es compatible con la adaptabilidad del contrato.