Resultados de la búsqueda
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LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ALEGAR LA NULIDAD ABSOLUTA EN EL INTERÉS DE LA MORAL O DE LA LEY
Entre los sujetos legitimados para pedir la declaración de nulidad absoluta de un acto, el art. 1683 del Código Civil menciona al Ministerio Público. Esta legitimación presenta dos dificultades interpretativas; la primera, que aquel puede accionar “en el interés de la moral o de la ley”, lo que suele contraponerse a un interés pecuniario; por otro lado, que aquel ha evolucionado en cuanto a estructura orgánica, contenido y atribuciones. Ante estas dificultades cabe plantear dos tesis: la primera, apunta a concluir que el Ministerio Público ha perdido tales atribuciones; la segunda, que este trabajo defiende, el que las mantiene. Para estos efectos, se analizan las modificaciones experimentadas por el Ministerio Público y se argumenta para dar utilidad práctica a dicho artículo.
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LA SUBORDINACIÓN Y SU EXPANSIÓN: FUNCIÓN Y CONTENIDO EN LA DETERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
La subordinación laboral ha sido objeto de una significativa expansión en la historia de las ideas jurídicas. La primera, en el pasado, en relación con su función jurídica, a través del deslizamiento desde una función de control a una de protección o tutelar. La segunda, en el presente, de su contenido, en el tránsito de una forma disciplinaria a una virtual. Esto es, un desplazamiento de un control cuyo contenido exhibe un carácter anatómico, tópico y procesal, a uno cuyas notas características son el carácter virtual, atópico y reputacional.
De esas transformaciones da cuenta este artículo, para desde ahí, revisar el impacto en el derecho del trabajo chileno y analizarlos desafíos que dicha noción enfrenta como categoría central del derecho del trabajo para determinar el sujeto protegido por las normas que lo componen.
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LA PRUEBA DE LA CAUSALIDAD ESPECÍFICA: ¿UNA BARRERA INFRANQUEABLE PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
En este artículo argumento que, para superar con éxito la actual imposibilidad de acreditar el nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por uno o más agentes determinados y los daños ambientales o personales cuya reparación se demande, imputables de forma inmediata a cambios climáticos específicos y, más remotamente, al calentamiento global en que la actividad de aquellos incide, no es suficiente que los tribunales ambientales y los tribunales ordinarios de justicia chilenos usen las presunciones judiciales y trasladen la carga de la prueba a esos agentes, sino que tendrían que modificar de modo radical su comprensión del fundamento y fin de la responsabilidad ambiental y civil, mediante la sustitución de la idea tradicional y determinística de causalidad, basada en la conditio sine qua non, por una noción probabilística, sustentada en la ciencia de atribución climática y en criterios normativos de causalidad, en cuya virtud los emisores sean declarados responsables por daños que con una muy alta probabilidad no produjeron, sino, a lo más, contribuyeron a causar.
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¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?
El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.
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ESTUDIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO MEDIO DE TUTELA DEL DERECHO DE OBTENTOR EN CHILE
En el trabajo se aborda la falta de previsión de acciones civiles en defensa del derecho de obtentor en la Ley n.º 19342. Se analiza de forma crítica la aplicación de la acción reivindicatoria en favor del titular del derecho en esta materia, otorgándole la propiedad de las plantas reproducidas sin autorización. Se estudia la naturaleza del derecho de obtentor y la funcionalidad de las acciones para su defensa. Dicha naturaleza no se corresponde con un derecho de propiedad, sino con la facultad exclusiva de autorizar actos de propagación de la variedad. Ello se constata desde el trámite de aprobación de la ley vigente. No resulta adecuado aplicar a esta materia el derecho de autor y los derechos reales. Se postula que las lagunas existentes en la Ley n.º 19342 deben integrarse con el artículo 106 y concordantes de la Ley n.º 19039, dada la analogía de régimen jurídico con las patentes. Las notas explicativas de UPOV y la legislación proyectada en Chile sobre derechos de obtentor, señalan un régimen de acciones distinto a la acción reivindicatoria, pero coincidente con el previsto en la Ley de Propiedad Industrial.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA INOPONIBILIDAD: UNA PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INEFICACIAS DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO
Este artículo argumenta que la inoponibilidad es una forma de ineficacia funcional, extrínseca, parcial, en sentido estricto y de carácter subsidiario –que no siempre se traduce en una sanción–, orientada a la tutela a determinados terceros perjudicados por la celebración de un negocio jurídico. Asimismo, postula la viabilidad de configurar una teoría general de la inoponibilidad factible de actuar más allá de los casos expresamente contemplados en el Código Civil chileno, en la medida que enmarque su ámbito de acción dentro de los contornos trazados por el sistema de ineficacias presente en el mismo, con un necesario equilibrio entre el efecto expansivo de los contratos y la protección a los terceros.