Resultados de la búsqueda
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INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS: ENTRE LITERALIDAD E INTENCIÓN
El art. 1560 del Código Civil concierne a la interpretación de contratos, del cual se sospecha que carece de operatividad. La estrategia para abordar el problema anunciado implica un análisis de su dimensión pragmática (¿para qué sirve dicha disposición?), para luego dar cuenta de su dimensión semántica (¿qué significa dicha disposición?). En tal sentido, se identifican distintas funciones: simbólica, técnica, definitoria e interpretativa. Tal estructura de análisis conduce a enfatizar, entre otras cosas,
i) la utilidad del art. 1560 para determinar qué es lo que los jueces deben interpretar (y no tanto, el cómo);
ii) los aportes de tal disposición para la comprensión de lo que debe entenderse por literalidad; y
iii) la atención que cabe prestar a las acciones intencionales (y no a los estados mentales) para enfrentar el arduo problema del conocimiento de la intención de los contratantes.
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INFRASEGURO ILEGAL E INTERPRETACIÓN CONTRA PROFERENTEM DEL CONTRATO DE SEGURO
La presente sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique es relevante desde dos puntos de vista: por una parte, determina que no puede pactarse como parámetro para determinar una situación de infraseguro y la correspondiente aplicación de la regla proporcional el “valor de reposición” de la cosa asegurada en vez de su valor real, pues ello infringiría el sentido de la norma imperativa del art.553 del CCom; por otra, constituye una oportunidad de apreciar una situación de incompatibilidad de cláusulas, terreno de aplicación de la regla de interpretación contractual contra proferentem. En ambos casos, el tribunal considera la protección del asegurado de manera primordial para determinar el sentido de la ley del seguro.
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FUERZA QUE VICIA EL CONSENTIMIENTO. UNA RELECTURA DESDE LOS ESTÁNDARES DE DECISIÓN
Este artículo aborda el problema de la falta de operatividad de los arts. 1456 y 1457 del CC, que regulan la fuerza como vicio del consentimiento. Luego de analizar la posición dominante en la dogmática, se propone revisar en especial el art. 1456, desde la perspectiva de que consta de dos partes. La primera corresponde a una regla que dirime la concurrencia o no de la fuerza, asumiendo una valoración de los potenciales casos en abstracto (las reacciones a considerar serían las propias de una persona razonable). La segunda, se hace cargo de los casos de penumbra que subsisten del primer análisis: para ello es reconstruido como un estándar que facilita la toma de decisiones acorde con una evaluación de semejanzas o diferencias respecto de dos casos que serían modelos de concurrencia o de ausencia del vicio del consentimiento. Esta aproximación asume las dificultades de la prueba de las emociones, pero no exime de una carga relevante de justificación del punto de vista que se adopte.
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ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES, PANDEMIA Y REMISSIO MERCEDIS
Este comentario analiza una reciente sentencia que aplica el art. 1932 del CC a la pandemia del coronavirus, la que califica como un “vicio jurídico” que eximiría al arrendatario del pago de la renta. Se comentan especialmente los criterios para subsumir la pandemia bajo esta norma, así como el hecho de que se eximiera al arrendatario del pago del total de la renta y se le reconociera la posibilidad de suspender su pago mientras durasen las restricciones al goce de la cosa.
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EL ARTÍCULO 1698 INCISO 1.° DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO COMO NORMA EN BLANCO: LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL REPARTO JUDICIAL DE LA CARGA
Este trabajo analiza el art. 1698 inc. 1.° del CC, y, en particular, la consideración de este como la norma de carga de la prueba aplicable a los casos concretos que requieren la aplicación de una regla de reparto de la carga de la prueba y de juicio. El estudio demuestra que el precepto en cuestión no tiene ese alcance, y que, en definitiva, es una norma en blanco. Esta únicamente podría adquirir un sentido operativo real si se integra con el efecto jurídico pedido, que es el criterio que permite singularizar en cada supuesto los tipos de hechos y la necesidad de prueba sobre los mismos, elementos imprescindibles para la aplicación del reparto de la carga de la prueba y la regla de juicio. Es decir, es la manera fiable para responder a la pregunta clave: ¿quién tiene que probar qué cosa?
Establecido lo anterior, se aborda el asunto referido a la necesidad de matizar el reparto normativo de la carga de la prueba con ajustes judiciales a través de tres instrumentos específicos, que plantean la dificultad de discernir si en rigor se tratan de fenómenos que se ubican en la formación de prueba o si representan medios para modificar el reparto de la carga de prueba en casos determinados.
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DERROTABILIDAD DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: HACIA LA FACILIDAD PROBATORIA EN CHILE
Este trabajo analiza, desde la perspectiva de la teoría del razonamiento jurídico, el art. 1698 del CC chileno, que contiene la regla general sobre distribución de la carga de la prueba. A partir del marco conceptual de Frederick Schauer –que entiende las reglas prescriptivas como generalizaciones con justificaciones subyacentes– se propone demostrar que la distribución de cargas que hace el 1698 es derrotable. Aquí se exhibirán casos reconocidos por la jurisprudencia en que la generalización del 1698 no sirve a su justificación subyacente y, en consecuencia, los jueces derrotan su aplicación. Los hechos impeditivos y modificativos, por una parte, y la facilidad probatoria, por la otra, son las principales hipótesis de derrotabilidad sobre la distribución de la carga que hace el articulo 1698 del CC.