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EXTENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS INSTRUCCIONES NOTARIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO POR SU INCUMPLIMIENTO
El presente artículo pretende demostrar que las instrucciones notariales obligan no solo al notario con quien se celebraron sino, también, a quien lo reemplace, y que el fundamento de ello es el art. 402 del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, se intenta demostrar que, como consecuencia de esa extensión de obligaciones, ante un incumplimiento o cumplimiento imperfecto de las instrucciones, se genera responsabilidad civil para el notario incumplidor, cualquiera sea su clase, la que se regirá en principio por el estatuto contractual. No obstante, atendidas las especiales características de la función notarial, se origina una concurrencia (cúmulo) de responsabilidades.
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La incompatibilidad de las acciones frente a la prestación irrisoria según el Código de Comercio ecuatoriano
El nuevo Código de Comercio ecuatoriano introduce la figura de la prestación irrisoria en el art. 217. Su objetivo es asegurar que las prestaciones asumidas por cada uno de los contratantes sean simétricas. A pesar de ello, ofrece tres consecuencias incompatibles entre sí frente a una prestación irrisoria: la nulidad absoluta, la resolución del contrato y la adaptabilidad. Por tal motivo, se propone que la sanción apropiada debería ser la nulidad relativa, que es compatible con la adaptabilidad del contrato.
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IMPUTACIÓN EN EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS
El trabajo analiza una sentencia pronunciada por la Corte Suprema en que el voto de mayoría, con ocasión de un recurso de casación en el fondo, calificó la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba a una sola de las partes, como una gestión útil y apta para interrumpir el plazo de seis meses del art. 152 del Código de Procedimiento Civil que regula el abandono del procedimiento. En particular, se examinan los argumentos esgrimidos por el voto de mayoría, cuestionando: i) La invocación del principio pro actione como un motivo para interpretar restrictivamente las normas del abandono del procedimiento; ii) El empleo del criterio de supresión hipotética, en el análisis sobre la utilidad de una gestión; iii) El entendimiento de que un mayor número de partes en un proceso, representa una razón para sostener que no existe una exigencia legal de notificar a todas las partes la interlocutoria de prueba en un plazo de seis meses. Asimismo, se analizan las consecuencias que conllevaría sustentar la posición del voto de mayoría.
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La casación en el fondo en pleno: Un balance tras treinta años
Incorporado en la Ley n.º 19374 de 18 de febrero de 1995, el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, que permite que el Pleno de la Corte Suprema pueda conocer un recurso de casación en el fondo en casos de dispersión jurisprudencial originados en la propia Corte, ha sido escasamente aplicado y su impacto en la producción de pautas generalizadas de interpretación de leyes que inciden en materias civiles y comerciales es en la práctica nulo. Lo anterior fue anticipado de manera temprana por una parte de la doctrina nacional. Lo que no fue previsto por esta doctrina es que, en aquellos pocos casos en que el Pleno de la Corte Suprema conoció de recursos de casación en el fondo las salas en casos posteriores harían caso omiso de las doctrinas sentadas por el Pleno sin dar mayores explicaciones, poniendo en entredicho no solo la igualdad ante la ley, sino, también, la predictibilidad de la interpretación y aplicación de importantes instituciones del derecho privado chileno. El artículo ofrece una explicación acerca de cómo se obtuvieron los resultados antes descritos, y finaliza con una defensa de los propósitos de unificación de jurisprudencia que subyacen a este mecanismo procesal.
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LA INEFICACIA APLICABLE A LOS ACTOS REALIZADOS POR EL MANDATARIO CUYO MANDATO EXPIRÓ Y LA PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS DE BUENA FE
El presente comentario revisa una sentencia emitida por la Corte Suprema en la cual se discutió acerca del tipo de ineficacia aplicable a los actos realizados por el mandatario cuyo mandato ha expirado, concluyendo aquella sentencia que correspondía declarar la nulidad absoluta por falta de voluntad y no la inoponibilidad de los actos. Al mismo tiempo, analiza la omisión que realiza la sentencia respecto de aplicar la protección que el art. 2173 del CC otorga a los terceros de buena fe. Finalmente contiene algunas proyecciones sobre el lugar que ocupa la nulidad y la inoponibilidad dentro de una teoría general de la ineficacia de los actos y/o contratos.
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Práctica jurisprudencial y determinación de la lex societatis de las sociedades de capital. Una perspectiva desde el derecho internacional privado español
La determinación de la ley aplicable a las personas jurídicas y de cada uno de
los aspectos vinculados a ellas como su “nacionalidad”, legitimación, capacidad
procesal o representación, entre otros, se basan en esencia en el art. 9.11 del
Código Civil español, para cuya concreción y aplicación ha sido clave la labor de interpretación del Tribunal Supremo. En el presente trabajo se realiza un estudio del ámbito de aplicación de dicha norma de conflicto, en especial, respecto de las sociedades de capital, en el contexto del derecho internacional privado español y basado en la revisión crítica de la jurisprudencia del alto tribunal.