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EL ARTÍCULO 1698 INCISO 1.° DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO COMO NORMA EN BLANCO: LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL REPARTO JUDICIAL DE LA CARGA
Este trabajo analiza el art. 1698 inc. 1.° del CC, y, en particular, la consideración de este como la norma de carga de la prueba aplicable a los casos concretos que requieren la aplicación de una regla de reparto de la carga de la prueba y de juicio. El estudio demuestra que el precepto en cuestión no tiene ese alcance, y que, en definitiva, es una norma en blanco. Esta únicamente podría adquirir un sentido operativo real si se integra con el efecto jurídico pedido, que es el criterio que permite singularizar en cada supuesto los tipos de hechos y la necesidad de prueba sobre los mismos, elementos imprescindibles para la aplicación del reparto de la carga de la prueba y la regla de juicio. Es decir, es la manera fiable para responder a la pregunta clave: ¿quién tiene que probar qué cosa?
Establecido lo anterior, se aborda el asunto referido a la necesidad de matizar el reparto normativo de la carga de la prueba con ajustes judiciales a través de tres instrumentos específicos, que plantean la dificultad de discernir si en rigor se tratan de fenómenos que se ubican en la formación de prueba o si representan medios para modificar el reparto de la carga de prueba en casos determinados.
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CONFESIÓN JUDICIAL Y CARGA DE LA PRUEBA EN LA LEY N.º 20009, QUE LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE PROVEEDORES DE LOS MEDIOS DE PAGO Y DE LOS USUARIOS
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 6 de mayo de 2025, en la causa rol n.° 2737-2022, con origen en el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, referida a la determinación de la responsabilidad de los proveedores de los medios de pago en relación con eventuales fraudes contemplados en la Ley n.º 20009.
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DERROTABILIDAD DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: HACIA LA FACILIDAD PROBATORIA EN CHILE
Este trabajo analiza, desde la perspectiva de la teoría del razonamiento jurídico, el art. 1698 del CC chileno, que contiene la regla general sobre distribución de la carga de la prueba. A partir del marco conceptual de Frederick Schauer –que entiende las reglas prescriptivas como generalizaciones con justificaciones subyacentes– se propone demostrar que la distribución de cargas que hace el 1698 es derrotable. Aquí se exhibirán casos reconocidos por la jurisprudencia en que la generalización del 1698 no sirve a su justificación subyacente y, en consecuencia, los jueces derrotan su aplicación. Los hechos impeditivos y modificativos, por una parte, y la facilidad probatoria, por la otra, son las principales hipótesis de derrotabilidad sobre la distribución de la carga que hace el articulo 1698 del CC.
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LA PRUEBA DE LA CAUSALIDAD ESPECÍFICA: ¿UNA BARRERA INFRANQUEABLE PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
En este artículo argumento que, para superar con éxito la actual imposibilidad de acreditar el nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por uno o más agentes determinados y los daños ambientales o personales cuya reparación se demande, imputables de forma inmediata a cambios climáticos específicos y, más remotamente, al calentamiento global en que la actividad de aquellos incide, no es suficiente que los tribunales ambientales y los tribunales ordinarios de justicia chilenos usen las presunciones judiciales y trasladen la carga de la prueba a esos agentes, sino que tendrían que modificar de modo radical su comprensión del fundamento y fin de la responsabilidad ambiental y civil, mediante la sustitución de la idea tradicional y determinística de causalidad, basada en la conditio sine qua non, por una noción probabilística, sustentada en la ciencia de atribución climática y en criterios normativos de causalidad, en cuya virtud los emisores sean declarados responsables por daños que con una muy alta probabilidad no produjeron, sino, a lo más, contribuyeron a causar.
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EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y SU INTEGRACIÓN CON EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CHILENO
Este trabajo analiza algunas de las cuestiones más controvertidas que se han suscitado ante los tribunales chilenos con respecto a la delimitación del ámbito de aplicación de la CISG y la integración de sus lagunas (en ausencia de principios generales) mediante las normas de Derecho Inter- nacional Privado chilenas. El artículo examina, en particular, las decisiones de nuestros tribunales sobre el ámbito de aplicación territorial y material de la Convención; la ley aplicable a sus vacíos, incluyendo la ley que rige el poder de representación, la prescripción extintiva, la propiedad de las mercaderías, la carga de la prueba y la excepción de contrato no cumplido; así como la posibilidad de renunciar total o parcialmente a la Convención y los efectos de la reserva formulada por Chile según el art. 96.
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PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR. LA FACETA AFECTIVA Y SU RELACIÓN CON EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA COMO CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SALIDAS DEL PAÍS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El presente comentario analiza una sentencia del Segundo Tribunal de Familia de San Miguel, confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que resolvió negar la autorización de salida del país con destino a Francia de tres hijos menores de edad en compañía de la madre custodia. Para lo anterior, se consideró la vinculación afectiva con el padre no custodio y el trastorno de espectro autista de uno de los hijos, en especial las dificultades idiomáticas que podrían existir para la realización de sus terapias, las que ya estaban siendo realizadas en Chile. Junto con ello, se aborda el carácter holístico e indeterminado del principio del interés superior y la necesidad de soportar el peso de la prueba en relación con el beneficio derivado de la salida del país con respecto a los hijos.