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EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y SU INTEGRACIÓN CON EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CHILENO
Este trabajo analiza algunas de las cuestiones más controvertidas que se han suscitado ante los tribunales chilenos con respecto a la delimitación del ámbito de aplicación de la CISG y la integración de sus lagunas (en ausencia de principios generales) mediante las normas de Derecho Inter- nacional Privado chilenas. El artículo examina, en particular, las decisiones de nuestros tribunales sobre el ámbito de aplicación territorial y material de la Convención; la ley aplicable a sus vacíos, incluyendo la ley que rige el poder de representación, la prescripción extintiva, la propiedad de las mercaderías, la carga de la prueba y la excepción de contrato no cumplido; así como la posibilidad de renunciar total o parcialmente a la Convención y los efectos de la reserva formulada por Chile según el art. 96.
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EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN CHILE. ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURISPRUDENCIAL
Los contratos de construcción, y en especial aquellos de suma alzada, están diseñados no solo para traspasar el riesgo de precio desde el mandante hasta el contratista, que es la parte que está en mejor posición para evaluar y controlar dicho riesgo, sino que para eliminar o mitigar los problemas que surgen de la asimetría de información entre los contratantes, incluyendo los fenómenos conocidos como selección adversa y riesgo moral. Si dichos fenómenos son efectivamente controlados, se puede concluir que este tipo de contratos tenderá a promover la eficiencia del mercado, reducirá los costos de transacción y maximizará los denominados excedentes sociales de la cooperación. La medida en que estos diseños contractuales alcanzan sus objetivos depende, en definitiva, del valor que en los hechos la jurisprudencia les reconozca. Analizada la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores de justicia chilenos, se puede concluir que, en general, los jueces tienden a respetar y aplicar estos mecanismos contractuales. -
LA BUENA FE CONTRACTUAL COMO NORMA JURÍDICA
La buena fe contractual tiene la forma de una cláusula general cuya aplicación presupone delegar en el juez la tarea de definir en concreto los deberes de comportamiento o efectos jurídicos que se derivan de la misma y que constituyen el contenido implícito del contrato. Para realizar esa tarea el juez debe efectuar una valoración de todas las circunstancias concretas a la luz de los valores y fines remitidos por la buena fe, de manera que su aplicación presupone la existencia y ejercicio de una potestad delegada, pero estrictamente dirigida, orientada a concretizar el estándar del contratante leal y honesto. La necesidad del derecho de contratos de contar con un instrumento de esa naturaleza radica en la falta de exhaustividad de sus normas, permitiendo la buena fe, primero, morigerar la aplicación puramente formal de la ley cuando en atención a circunstancias particulares esa aplicación lleva a resultados insatisfactorios y, segundo, hacerse cargo de las transformaciones sociales que inciden en la institución del contrato y que resultan imprevisibles para el legislador. La buena fe permite, de esta manera, la aplicación coherente y el desarrollo interno del derecho de contratos, de un modo que resulta consistente con los valores y fines que lo fundan.
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AUTOCONTRATO EN BENEFICIO DEL MANDATARIO Y EXTRALIMITACIÓN DE LA VOLUNTAD (PRESUNTA) DEL MANDANTE
Este comentario analiza el caso de un mandatario que se vale de los términos amplios del encargo recibido para perjudicar a su mandante en su propio beneficio. En lugar de admitir que su actuar queda subsumido en la letra del contrato, la Corte Suprema recurrió a la voluntad presunta del mandante, según la cual no habría estado dispuesto a obligarse en términos tan desventajosos. Si bien se trata de un criterio que contribuye a reprimir casos frecuentes de abuso de las facultades del mandatario, el recurso a una voluntad presunta resulta demasiado difuso y supone un riesgo para la seguridad jurídica. El presente comentario propone, en su lugar, distinguir los casos en que el mandatario realiza un mal negocio dentro de los límites del encargo de aquellos en los que este instrumentaliza de mala fe el alcance de sus facultades en su propio beneficio.
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ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES, PANDEMIA Y REMISSIO MERCEDIS
Este comentario analiza una reciente sentencia que aplica el art. 1932 del CC a la pandemia del coronavirus, la que califica como un “vicio jurídico” que eximiría al arrendatario del pago de la renta. Se comentan especialmente los criterios para subsumir la pandemia bajo esta norma, así como el hecho de que se eximiera al arrendatario del pago del total de la renta y se le reconociera la posibilidad de suspender su pago mientras durasen las restricciones al goce de la cosa.