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EL PRECIO DE DECLARAR PAGADO EL PRECIO (ART. 1876 DEL CÓDIGO CIVIL)
Este comentario analiza una reciente sentencia que considera que la cláusula de haberse pagado el precio en la compraventa impide que el vendedor pruebe que, en realidad, no recibió el precio. El fallo se apoya en las palabras “no se admitirá prueba alguna en contrario” del art. 1876, el cual es considerado aplicable entre las partes en tanto reflejaría el valor probatorio de los instrumentos públicos consagrado en el art. 1700. Se comenta críticamente esta decisión, ya que el art. 1876 asigna ciertos efectos a la cláusula de haberse pagado el precio únicamente respecto de terceros, como se desprende no solo de su tenor literal, sino, también, de las fuentes que lo inspiraron. Se critica, asimismo, el valor probatorio que el fallo concede a los instrumentos públicos, así como las consecuencias prácticas que de ello se siguen para el tráfico comercial cotidiano.
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EL DESARROLLO Y LA CONCRECIÓN DE LA BUENA FE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS
Este trabajo sostiene que la buena fe, en su función de integración de los contratos, puede ser desarrollada y concretizada en reglas más precisas por la ley, la costumbre y los jueces, en un sentido equivalente. De ello da cuenta un análisis pormenorizado de la legislación contractual dispositiva, la costumbre y la definición judicial de los términos implícitos que se integran a los contratos suplementando sus lagunas. Lo indicado plantea la pregunta por la relación jerárquica entre esas tres fuentes de determinación de lo ordenado por la buena fe, pudiendo asumirse que, frente a la existencia de una laguna en el contrato necesitada de suplementación, el juez debe ante todo aplicar la legislación contractual dispositiva y la costumbre, de existir y resultar suficientes para complementar el acuerdo. Solo en defecto de una regla de esa especie, el juez puede formular directamente un término implícito que se incorpora a la convención. Por tanto, la integración contractual por los jueces con fundamento en la buena fe presupone tanto una laguna en el contrato como una laguna en la ley, dando cuenta que al complementar el negocio los mismos suplen y desarrollan no solo el contrato, sino también el Derecho contractual objetivo.
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El derecho de propiedad sobre los datos
En el mundo actual, los datos son uno de los recursos más valiosos de la economía digital. Sin embargo, no existe una regulación especial para determinar quién es su dueño, ni tampoco existe claridad sobre cómo conviven los distintos derechos sobre este recurso. Por consiguiente, en este artículo, se propone un análisis jurídico que distingue a los datos de su contenido, las bases y el conocimiento extraído a partir de técnicas y disciplinas, para identificar sobre qué bienes intangibles es posible ejercer un derecho real de dominio, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las normas de derecho privado chileno. Se demostrará que, pese a que los datos no pueden ser objeto de un derecho de propiedad en los términos del Código Civil, su contenido, bases y estudios, sí pueden ser protegidos por otros tipos de derechos reconocidos en nuestra legislación.
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Disolución de una sociedad de responsabilidad limitada por renuncia fundada en motivo grave y ausencia de affectio societatis
La Corte de Apelaciones de Talca, al revisar un recurso de queja presentado en contra de un laudo arbitral derivado de una demanda de disolución de una SRL, se pronuncia sobre la procedencia de aquella, fundada en la renuncia por “motivo grave” ante la mala gestión administrativa y la pérdida de la affectio societatis y la consecuente terminación de la compañía. En este contexto, la Corte revoca la sentencia arbitral, declara disuelta la sociedad, y en el afán de alcanzar dicho cometido, conceptualiza y se refiere a la naturaleza y lugar en la estructura societaria de la affectio societatis, atribuyéndole a su ausencia un carácter justificante para la renuncia del socio. Estas apreciaciones merecen realizar un análisis crítico que podría arribar en una conclusión distinta a la alcanzada por la Corte.
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Nulidad de cláusulas abusivas en reservas, promesas de compraventa y compraventas suscritas por consumidores de viviendas comercializadas en verde
Este trabajo analiza la sentencia dictada en Sernac con Socovesa S.A., y otra (2020) que se pronuncia sobre una demanda deducida para la defensa del interés colectivo de los consumidores en virtud del procedimiento especial establecido en el art. 53 del título iv de la LPDC. La acción se funda en las distintas cláusulas abusivas que las demandadas mantienen en los contratos de adhesión que suelen celebrar con los consumidores durante el proceso de compra de una vivienda en verde; estos son la reserva para la operación de compra de la vivienda, el contrato de promesa de compraventa y el contrato de compraventa con mutuo hipotecario. El estudio se centra, específicamente, en las pretensiones relativas a la declaración de nulidad de ciertas cláusulas que fueron rechazadas en la sentencia de primera instancia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. En consecuencia, reflexiona sobre la naturaleza de las reservas como contrato de adhesión, sobre la interpretación del art. 138 bis de la LGUC a la luz del derecho de consumo y también, sobre el objeto de las cláusulas de conformidad.
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Sobre la arbitrabilidad del conflicto de consumo en Chile: insumo básico para un replanteamiento estructural
En este trabajo se aborda la arbitrabilidad del conflicto de consumo en el derecho chileno, como punto de partida para el replanteamiento de todo el sistema de arbitraje de consumo en Chile. Trata la arbitrabilidad en sus manifestaciones subjetiva y material, y revisa los efectos que genera en este ámbito la irrenunciabilidad de los derechos del consumidor, el carácter imperativo de las normas de la Ley n.°19496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y el alcance del art. 230 del Código Orgánico de Tribunales, sobre arbitraje prohibido.