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CRITEROS DE AVALUACIÓN DEL DAÑO MORAL: UNA MIRADA A LA JURISPRUDENCIA CHILENA
El presente trabajo ofrece un diagnóstico crítico sobre los criterios utilizados por los tribunales chilenos para justificar la cuantía de la indemnización por daño moral. A partir del análisis de una serie de sentencias que reconocen este tipo de daño, se clasifican los fallos según el argumento central empleado por el tribunal al determinar el monto concedido, con independencia del evento lesivo que lo origina. Si bien dicha clasificación puede ser discutible en ciertos casos, por no resultar siempre claro cuál fue el razonamiento decisivo, se procura transparentar la selección mediante referencias cruzadas en nota al pie. Los criterios utilizados para la agrupación provienen inicialmente de la doctrina, y se fueron complementando con otros identificados durante el examen jurisprudencial. El estudio permite distinguir prácticas argumentativas consistentes con las reglas y principios de la responsabilidad civil, así como aquellas que los contravienen, lo que contribuye a esclarecer cuáles criterios resultan jurídicamente apropiados o deficientes.
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LA CLÁUSULA “SE FACULTA AL PORTADOR” COMO MANDATO INNOMINADO QUE TERMINA CON LA MUERTE DEL COMPRADOR
Este comentario analiza una reciente sentencia que considera que la muerte del comprador impide la transferencia del dominio de la cosa vendida. La Corte Suprema descartó que la cláusula “se faculta al portador” permitiera a un tercero realizar la inscripción después de la muerte del comprador, así como la posibilidad de que los herederos pudieran llevarla a cabo por sí mismos. Para llegar a esta conclusión, el fallo hace especial énfasis en que dicha cláusula constituiría un mandato innominado que terminaría por la muerte del mandante, lo que conduciría a la nulidad de la tradición por falta de consentimiento. Se comenta críticamente el papel asignado a las reglas sobre mandato y nulidad, las cuales desplazan a la normativa especial en materia de tradición, que conduciría en este caso a un desenlace diverso.
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CONTRATO A LA PARTE ENTRE EL ARMADOR Y LA TRIPULACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN DE PESCA ARTESANAL
El trabajo analiza la sentencia recaída en un caso en que el armador y la tripulación de una embarcación de pesca artesanal celebraron lo que la Ley General de 345 Pesca y Acuicultura llama un “contrato o sociedad a la parte”. La tripulación de mandante ejerció la acción de cumplimiento de este contrato y solicita que el armador sea condenado a pagar el producto de una reliquidación de la pesca de varias temporadas, así como la parte que le correspondía en una venta de la cuota de captura a un tercero. El comentario pone de relieve las dificultades que plantea la distinción entre negocios parciarios y contrato de sociedad, así como el lugar (contingente) de la personalidad jurídica en este último.
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La incompatibilidad de las acciones frente a la prestación irrisoria según el Código de Comercio ecuatoriano
El nuevo Código de Comercio ecuatoriano introduce la figura de la prestación irrisoria en el art. 217. Su objetivo es asegurar que las prestaciones asumidas por cada uno de los contratantes sean simétricas. A pesar de ello, ofrece tres consecuencias incompatibles entre sí frente a una prestación irrisoria: la nulidad absoluta, la resolución del contrato y la adaptabilidad. Por tal motivo, se propone que la sanción apropiada debería ser la nulidad relativa, que es compatible con la adaptabilidad del contrato.
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