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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL ALEMANA EN EL ÁMBITO DE LA CIRUGÍA ESTÉTICA
El Derecho alemán de responsabilidad médica hace una distinción entre
la responsabilidad por errores de tratamiento y la responsabilidad por
falta de información. En las intervenciones de la cirugía estética se trata,
por regla general, de un error de tratamiento cuando el médico tratante
quede por debajo del estándar vigente en el respectivo ramo especial de la
cirugía estética plástica. En cambio, en el caso de las faltas de información la responsabilidad (delictual) se basa en la lesión corporal que, según la jurisprudencia de los tribunales alemanes, es inherente a toda intervención médica en el estado corporal o de salud del paciente. No obstante, la lesión corporal no se estima antijurídica si este, después de haber sido debidamente informado, ha dado su consentimiento válido (informed consent). El consentimiento válido, del cual la parte tratante deberá dar pruebas en el juicio, puede justificar la lesión corporal. En las operaciones estéticas es de importancia práctica, ante todo, la responsabilidad por insuficiencia de información sobre los riesgos de la respectiva intervención. Si una operación estética carece de indicación médica –como ocurre con frecuencia– los requisitos relativos a la información del paciente son especialmente rigurosos. En este sentido, la jurisprudencia exige una información extensa, intensa y a veces “desconsiderada” sobre los riesgos inminentes, tratándose de compensar en cierto modo la “indicación meramente estética” por medio del consentimiento cualificado del paciente después de su información extensa (intensely informed consent). En caso de comprobarse que la información ha sido insuficiente, los médicos y hospitales pueden resultar responsables de los daños y perjuicios y obligados a pagar indemnización por daños personales. -
DEBER DE RESGUARDO RESPECTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN ETAPA PRECONTRACTUAL
El deber de entrega de información en etapa precontractual no ha presentado mayores debates en la actualidad. Sin embargo, hemos de mencionar que no se ha reparado con suficiencia ni por la doctrina o la jurisprudencia si dicha data merece algún deber de cuidado por parte del derecho común. El presente comentario de jurisprudencia tiene como objetivo el estudio de la tutela jurídica existente sobre esta entrega de información en etapa precontractual y en específico, la construcción del deber de resguardo que protege ciertos activos. Para ello analizaremos la sentencia en comento, en la que se alega la utilización de información entregada en etapa precontractual para la ejecución de un proyecto en el cual la parte que brindó dicha data no es parte, para luego caracterizar qué tipo de activos de información gozan de este especial deber según los criterios que delimita la Corte Suprema en el caso sublite.
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Incorporación a una cuenta corriente mercantil de créditos entre sociedades de un grupo económico y veracidad de los estados financieros. Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de 31 de julio de 2020, rol n.º 29.982-2019
El trabajo analiza una sentencia de la Corte Suprema que confirmó, con una rebaja, las multas impuestas por la antigua SVS a los administradores de una sociedad anónima abierta. La compañía informaba en sus estados financieros la presencia de ciertos créditos de corto plazo, cuyos deudores eran otras sociedades del grupo económico. La empresa no realizó gestiones para su cobro en un lapso considerable, bajo el argumento de haber sido incorporados a una cuenta corriente mercantil que experimentaba escasos movimientos. El fiscalizador recalificó contablemente los créditos como de largo plazo, y concluyó que los estados financieros contenían información falsa. Un análisis permite validar críticamente esa decisión judicial, al mismo tiempo que le ofrece un fundamento alternativo, a partir del contenido del contrato de cuenta corriente mercantil.
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ENTRE LA RESERVA Y LA DIVULGACIÓN. LOS CONTORNOS DE LOS DEBERES DEL DIRECTORIO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA RELATIVOS A LA INFORMACIÓN ACERCA DE OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE EMPRESAS
Este artículo examina los deberes de reserva y divulgación que pesan sobre los directores de sociedades anónimas abiertas en el contexto de una negociación para adquirir una empresa. Se analiza cómo estos deben equilibrar su obligación de confidencialidad basada en la necesidad de privilegiar el interés social, con las obligaciones de información al mercado, cuyo fundamento está en el interés público asociado al correcto funcionamiento del mercado de valores. El texto plantea que, mientras el deber general es la reserva de información para proteger el interés de los accionistas, existen excepciones en que debe informarse al público ciertos eventos, en contextos en que la tutela del mercado de valores derrota la general protección al interés social que orienta la actividad de los administradores, y que las contra excepciones de “hechos reservados” obedecen a riesgos calificados para el interés social, que exigen volver a la norma general de secreto.
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EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN CHILE. ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURISPRUDENCIAL
Los contratos de construcción, y en especial aquellos de suma alzada, están diseñados no solo para traspasar el riesgo de precio desde el mandante hasta el contratista, que es la parte que está en mejor posición para evaluar y controlar dicho riesgo, sino que para eliminar o mitigar los problemas que surgen de la asimetría de información entre los contratantes, incluyendo los fenómenos conocidos como selección adversa y riesgo moral. Si dichos fenómenos son efectivamente controlados, se puede concluir que este tipo de contratos tenderá a promover la eficiencia del mercado, reducirá los costos de transacción y maximizará los denominados excedentes sociales de la cooperación. La medida en que estos diseños contractuales alcanzan sus objetivos depende, en definitiva, del valor que en los hechos la jurisprudencia les reconozca. Analizada la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores de justicia chilenos, se puede concluir que, en general, los jueces tienden a respetar y aplicar estos mecanismos contractuales. -
ACERCA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA GARANTÍA LEGAL Y LA GARANTÍA VOLUNTARIA EN EL SISTEMA DE CONSUMO CHILENO: PLAZO CONCURRENTE Y PLAZO RESIDUAL
La deficiente técnica legislativa utilizada por la LPDC para regular los regímenes de garantía de conformidad ha implicado el surgimiento de diversas dudas interpretativas. Entre ellas, se encuentra la eventual extensión del plazo de la garantía legal –y sus efectos– a toda la eficacia temporal de una eventual garantía voluntaria.
Una lectura sistemática de la LPDC y de sus estatutos de responsabilidad conducen a una respuesta negativa, sustentada sobre la base de su racionalidad interna y la interpretación de las reglas de las garantías, en consonancia con las que establecen deberes de información y publicidad.