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LA REAJUSTABILIDAD DE LA CONDENA JUDICIAL A UNA SUMA DE DINERO EN SEDE CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. UN ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMA Y VALOR Y UN ESTUDIO EMPÍRICO DEL COMPORTAMIENTO JUDICIAL
El objetivo de este trabajo es explicar la asimetría de las decisiones judiciales relativas a la fecha del devengamiento de la reajustabilidad de la condena a una suma de dinero, ya sea que provenga de un incumplimiento contractual o de responsabilidad extracontractual usando conceptos dogmáticos y herramientas de la teoría del derecho. Sin fundarse en estos, la práctica judicial asume en la interpretación del derecho vigente las categorías de las obligaciones de suma y de valor y de estar obligado y ser responsable. Para ello se analizan setenta y una sentencias de casación de la Primera Sala de la Corte Suprema elegidas al azar y dictadas entre el 2008 y 2023. Todas condenan al pago de una suma de dinero, ya sea como indemnización de perjuicios (contractual o extracontractual) o a la devolución de dinero por sumas adeudadas, pero asumen diferentes criterios sobre la época del devengamiento del reajuste concedido. A pesar de la disparidad de criterios, existe, en términos gruesos, cierta uniformidad, la que es coherente con la dogmática que distingue entre obligaciones de suma y de valor. Este trabajo pretende mostrar que esa coherencia no es producto del azar, sino que la judicatura adopta decisiones que reflejan dichas categorías dogmáticas al interpretar el derecho. Se pretende colaborar con el desarrollo efectivo de una práctica de seguimiento de precedentes, imprescindible en un Estado de derecho, mostrando su necesidad y posibilidad.
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ACERCA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL MATRIMONIO EN ECUADOR: ¿EN REALIDAD TIENEN FUENTE CONTRACTUAL?
Mientras que la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Gestión de la Identidad y Datos Civiles definen al matrimonio como una unión, el CC lo etiqueta como un contrato solemne. Más allá del rótulo que tanto el constituyente como el legislador optaron por asignarle, pretendemos profundizar en el análisis de su supuesta fisonomía contractual a la luz de la teoría de las obligaciones. Concluimos que, si bien el matrimonio podría encasillarse en la noción de contrato dirigido o de contenido forzoso, en realidad no es tal en cuanto la fuente de sus obligaciones no es contractual, sino exclusivamente legal. El matrimonio es un negocio jurídico que se limita a modificar el estado civil de las personas y solo como consecuencia de aquel nuevo estatus es que los cónyuges adquieren obligaciones, de fuente legal. Por último, se levanta del interrogante sobre si acaso el vínculo matrimonial se encamina hacia un régimen que permita a los contrayentes, maximizando el principio de la autonomía de la voluntad, configurar el vínculo con más libertad.
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¿Dos diferencias entre las aproximaciones del derecho chileno y francés al enriquecimiento injustificado?
En este trabajo se revisa la forma en que la doctrina y jurisprudencia nacionales han entendido la idea de enriquecimiento injustificado en los últimos años. Luego de identificar dos aspectos en que cierta doctrina y jurisprudencia recientes se alejan de la posición más tradicional inspirada en el derecho francés, el trabajo explora algunos de los problemas que este alejamiento podría traer aparejado. El trabajo plantea que las disposiciones sobre enriquecimiento injustificado introducidas al Código Civil francés ofrecen un punto de partida útil para abordar los desafíos impuestos por una institución que ha recibido poca atención en el derecho chileno.
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TRES RAZONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL DERECHO PROCESAL CONCURSAL
En este artículo exploro tres razones por las cuales el Derecho Procesal Concursal es uno de los subconjuntos normativos donde tienen aplicación las consideraciones de eficiencia del análisis económico del Derecho. Para tal efecto, nos centraremos en el examen de las necesidades de pago de créditos que originan un procedimiento concursal. Al respecto, el Derecho Procesal Concursal buscará incrementar la riqueza existente con miras a satisfacer esas necesidades. En ese contexto, el Derecho Procesal Concursal posee una serie de instrumentos que persiguen incrementar la masa activa; asimismo, respeta en lo indispensable las reglas de titularidad de créditos (en lo necesario para enfrentar el problema de acción colectiva de los acreedores que surge con la insolvencia) y, finalmente, permite justificar la eficiencia en las preferencias de los mismos sujetos participantes del procedimiento concursal.
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ALGUNAS VICISITUDES EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2519 DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO. UNA SISTEMATIZACIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Nuestro objetivo en el presente artículo es analizar la regla del art. 2519 del CC chileno respecto de la interrupción de la prescripción de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Junto con ello, sistematizar el estado de la cuestión en torno a su aplicación a propósito de dos tipos de obligaciones solidarias de fuente legal: la solidaridad cambiaria y la solidaridad extracontractual.
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APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY N.º 19496 A COMUNICACIONES DE NATURALEZA PUBLICITARIA EMITIDAS POR LÍDERES DE OPINIÓN O INFLUENCERS
El presente trabajo tiene por objetivo analizar la aplicación de las normas contenidas en la Ley n.º 19496 sobre protección de los derechos de los consumidores a los denominados “lideres de opinión” o influencers, en especial dos supuestos infraccionales, la falta de información y la publicidad engañosa. Así, se describe de manera preliminar el ámbito de aplicación o la relación de consumo, compuesta por el proveedor de bienes o servicios, el líder de opinión o influencer y el consumidor. Luego, se da paso al estudio de las principales normas aplicables en esta materia, nos referimos al art. 3.o letra a) sobre libre elección, 3.o letra b) sobre información veraz y oportuna y, por último, el artículo 28 sobre publicidad engañosa. De la mano de legislación nacional y comparada, estudio de casos y doctrina, se construyen obligaciones particulares o deberes de conductas específicos para este tipo de sujetos, conforme a su estándar de profesionalidad y asignando responsabilidad civil o infraccional según corresponda. Por último, se analizan las acciones que otorga la ley por la inobservancia o incumplimiento de dichas obligaciones.