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FUNDAMENTO Y RÉGIMEN DE LA VINCULACIÓN ENTRE EL TERCERO PERJUDICADO Y EL ASEGURADOR VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: UNA CUESTIÓN DE DERECHO PRIVADO
Con la reforma al Derecho del contrato de seguro, surgió la discusión sobre la incorporación de la acción directa contra el asegurador al seguro voluntario de responsabilidad civil en Chile. Los puntos de vista se polarizaron en posiciones a favor o en contra, pero gran parte del debate discurrió desde una perspectiva de justicia distributiva. Este trabajo pretende demostrar que las razones para vincular al tercero perjudicado con el asegurador son razones de Derecho Privado, es decir, de justicia correctiva. Lo anterior otorga parámetros para el análisis de los mecanismos que alteran la relatividad del contrato de seguro de responsabilidad civil. Asimismo, permite comprender con mayor precisión cuál es el sentido dogmático de la acción de cobro al tercero perjudicado que, finalmente, se recogió en la legislación nacional, al posicionarla como una opción entre los dos extremos posibles (absoluta ajenidad del tercero o acción directa). La comprensión del sentido de la acción de cobro reconocida en la legislación nacional dentro del contexto de otras opciones, facilita la labor de construcción de su régimen jurídico y, en particular, del sistema de excepciones.
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CONFESIÓN JUDICIAL Y CARGA DE LA PRUEBA EN LA LEY N.º 20009, QUE LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE PROVEEDORES DE LOS MEDIOS DE PAGO Y DE LOS USUARIOS
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 6 de mayo de 2025, en la causa rol n.° 2737-2022, con origen en el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, referida a la determinación de la responsabilidad de los proveedores de los medios de pago en relación con eventuales fraudes contemplados en la Ley n.º 20009.
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RECURSOS COMPARADOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN DEL VÍNCULO CAUSAL. UN ANÁLISIS CENTRADO EN EVENTOS DE RESPONSABILIDAD SANITARIA
La incertidumbre científica ligada al desarrollo tecnológico repercute sobre las víctimas en pleno siglo xxi, en particular respecto de la acreditación del nexo causal siempre necesario para justificar una acción de responsabilidad civil. Sensibles contenciosos, muchos de ellos vinculados a la salud pública, representan en gran medida el problema que nos proponemos estudiar. El Derecho Comparado ha leído la dificultad expuesta arribando a soluciones de las que se desprende un interés por flexibilizar las reglas de prueba, en favor de la determinación de la pretendida causalidad. Hemos constatado en nuestro estudio el recurso jurisprudencial o legal a la responsabilidad solidaria y, en menor medida, a la responsabilidad proporcional, así como a las presunciones a título de mecanismo de inferencia causal. Dichas herramientas representan respuestas de la adaptación jurídica que diversos ordenamientos han observado con el propósito de ofrecer garantías resarcitorias al dañado, que involucrado en un escenario de fatalidad científica se ha visto afectado por partida doble, sea respecto de su daño evidente, sea respecto de la incertidumbre causal que pone en riesgo su resarcimiento.
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL ALEMANA EN EL ÁMBITO DE LA CIRUGÍA ESTÉTICA
El Derecho alemán de responsabilidad médica hace una distinción entre
la responsabilidad por errores de tratamiento y la responsabilidad por
falta de información. En las intervenciones de la cirugía estética se trata,
por regla general, de un error de tratamiento cuando el médico tratante
quede por debajo del estándar vigente en el respectivo ramo especial de la
cirugía estética plástica. En cambio, en el caso de las faltas de información la responsabilidad (delictual) se basa en la lesión corporal que, según la jurisprudencia de los tribunales alemanes, es inherente a toda intervención médica en el estado corporal o de salud del paciente. No obstante, la lesión corporal no se estima antijurídica si este, después de haber sido debidamente informado, ha dado su consentimiento válido (informed consent). El consentimiento válido, del cual la parte tratante deberá dar pruebas en el juicio, puede justificar la lesión corporal. En las operaciones estéticas es de importancia práctica, ante todo, la responsabilidad por insuficiencia de información sobre los riesgos de la respectiva intervención. Si una operación estética carece de indicación médica –como ocurre con frecuencia– los requisitos relativos a la información del paciente son especialmente rigurosos. En este sentido, la jurisprudencia exige una información extensa, intensa y a veces “desconsiderada” sobre los riesgos inminentes, tratándose de compensar en cierto modo la “indicación meramente estética” por medio del consentimiento cualificado del paciente después de su información extensa (intensely informed consent). En caso de comprobarse que la información ha sido insuficiente, los médicos y hospitales pueden resultar responsables de los daños y perjuicios y obligados a pagar indemnización por daños personales. -
Abusividad por falta de transparencia, nulidad de cláusulas no incorporadas e improcedencia de responsabilidad infraccional. 17° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, 27 de enero de 2017, rol n.° 15092-2015. Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de septiembre de 2018, rol n.° 8261-2017. Corte Suprema, 27 de diciembre de 2019, rol n.° 114-20191
A fin de concretar la venta de unidades de diversos proyectos inmobiliarios, Constructora Santa Beatriz S.A., a partir de 2002, desarrolló un modelo de contratación que, desde la perspectiva de cada consumidor interesado, comprendía la celebración de tres contratos diferentes: un contrato de reserva, uno de promesa de compraventa y uno de compraventa. De acuerdo con el modelo mencionado, el “proceso de compraventa de un departamento en modalidad verde” comenzaba por la celebración de un contrato de reserva, en cuya virtud el consumidor vinculado debía entregar en el mismo acto una suma de diez unidades de fomento, debiendo la inmobiliaria abstenerse de ofrecer en el mercado el departamento reservado por un plazo de quince días corridos. Una vez realizada la reserva y dentro de los quince días siguientes, el consumidor podía optar por desistirse del proceso de compra –siéndole restituidas las respectivas diez unidades de fomento–, o persistir en el mismo. En este último caso, la inmobiliaria lo citaba para la suscripción de un contrato de promesa, obligándose el consumidor a celebrar la compraventa prometida dentro del plazo establecido en la promesa, siempre que se hubieran cumplido las condiciones impuestas por la inmobiliaria. (...)