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EL DIES A QUO EN LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL CÓDIGO CIVIL
Este trabajo defiende y justifica la tesis del cómputo del plazo de la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria contractual desde el incumplimiento atendido lo dispuesto del art. 2514 del Código Civil, dado que la exigibilidad refiere a la prestación objeto del contrato. Ello es consistente con la existencia de una única acción por incumplimiento contractual a la que dan contenido los distintos remedios contractuales, incluida la indemnización de daños.
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LA REAJUSTABILIDAD DE LA CONDENA JUDICIAL A UNA SUMA DE DINERO EN SEDE CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. UN ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMA Y VALOR Y UN ESTUDIO EMPÍRICO DEL COMPORTAMIENTO JUDICIAL
El objetivo de este trabajo es explicar la asimetría de las decisiones judiciales relativas a la fecha del devengamiento de la reajustabilidad de la condena a una suma de dinero, ya sea que provenga de un incumplimiento contractual o de responsabilidad extracontractual usando conceptos dogmáticos y herramientas de la teoría del derecho. Sin fundarse en estos, la práctica judicial asume en la interpretación del derecho vigente las categorías de las obligaciones de suma y de valor y de estar obligado y ser responsable. Para ello se analizan setenta y una sentencias de casación de la Primera Sala de la Corte Suprema elegidas al azar y dictadas entre el 2008 y 2023. Todas condenan al pago de una suma de dinero, ya sea como indemnización de perjuicios (contractual o extracontractual) o a la devolución de dinero por sumas adeudadas, pero asumen diferentes criterios sobre la época del devengamiento del reajuste concedido. A pesar de la disparidad de criterios, existe, en términos gruesos, cierta uniformidad, la que es coherente con la dogmática que distingue entre obligaciones de suma y de valor. Este trabajo pretende mostrar que esa coherencia no es producto del azar, sino que la judicatura adopta decisiones que reflejan dichas categorías dogmáticas al interpretar el derecho. Se pretende colaborar con el desarrollo efectivo de una práctica de seguimiento de precedentes, imprescindible en un Estado de derecho, mostrando su necesidad y posibilidad.
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BULLYING Y VIOLENCIA ESCOLAR COMO ATENTADOS AL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y HECHOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El derecho a la educación es un derecho fundamental y por el efecto horizontal de aquellos, su observancia puede ser exigida a otros particulares, entre ellos, instituciones educativas. La convivencia escolar forma parte del derecho a la educación y el bullying y la violencia escolar constituyen atentados flagrantes contra dicha convivencia. Consecuencialmente, el bullying y la violencia escolar constituyen atentados contra el derecho a la educación. Este atentado implica, a su vez, un incumplimiento contractual y un delito o cuasidelito civil. Por tanto, le serían aplicables tanto el régimen contractual como extracontractual de responsabilidad. Atendido aquello, este sería un caso fronterizo de concurrencia de responsabilidades.
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RESPONSABILIDAD DE LAS TABACALERAS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. CUESTIONES QUE SE SUSCITAN
El consumo de cigarrillos es perjudicial para la salud, derecho consagrado como fundamental por la Constitución Nacional Argentina y los tratados internacionales de Derechos humanos incorporados a ésta con jerarquía constitucional por la reforma de 1994.
El goce efectivo de este derecho, cuya protección debe garantizar el Estado, se enlaza con la defensa del consumidor, también con rango constitucional.
Es preciso determinar a quien corresponde asumir la responsabilidad frente a los daños que aquel consumo provoca tanto a fumadores activos como pasivos.
A ese efecto es necesario establecer cual es el vínculo que une a éstos con las tabacaleras: es contractual, extracontractual o cabe una tercera posibilidad derivada del derecho de consumo.
A su vez, se considera la posibilidad de que el fumador en espacios cerrados públicos y, aun privados, incurra en responsabilidad frente a quienes se ven obligados a inhalar el humo del tabaco.
También, analizar la responsabilidad que cabe al estado dado el papel paradojal asumido, apareciendo como garante y, al mismo tiempo, violador de los derechos fundamentales comprometidos, lo cual derivaría en la posibilidad de que se convierta tanto en actor como en demandado.
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LA CLÁUSULA DE CONTRATO COMPLETO O CLÁUSULA DE INTEGRIDAD EN EL DERECHO CONTRACTUAL CHILENO
Este trabajo trata sobre la cláusula de contrato completo en el derecho contractual chileno. Se sostiene que la cláusula de contrato completo tiene por función promover la certeza en los negocios jurídicos, al circunscribir con precisión los términos y condiciones del contrato fundados en la intención común de los contratantes. El efecto jurídico de la estipulación es limitar las declaraciones, promesas y acuerdos vinculantes de los contratantes a lo consignado en el texto del documento contractual, privando de valor para integrar el contrato a todas las declaraciones, acuerdos, promesas y comunicaciones de las partes preliminares y coetáneas a la suscripción de la convención. De manera adicional, se plantea que, a pesar de que su tenor pudiese inducir a asumir algo diferente, la cláusula de contrato completo no tiene incidencia alguna en la definición de los medios de interpretación, en la integración contractual, en la responsabilidad precontractual por declaraciones falsas y en las variaciones o modificaciones contractuales futuras. Por último, se sostiene que la estipulación resulta en general válida, salvo en la contratación con consumidores.
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FACULTAD UNILATERAL DE TERMINAR EL CONTRATO Y BUENA FE CONTRACTUAL
El presente artículo tiene por objetivo examinar dos cuestiones: Por una parte, el control al que debe someterse la facultad unilateral de poner término al contrato por incumplimiento como herramienta de tutela, conforme a los parámetros de la buena fe contractual y, por otra, aceptando que la buena fe es una herramienta de valoración del comportamiento del acreedor, determinar cuál sería el régimen de responsabilidad aplicable en el caso que el acreedor ejerza dicha facultad contra la buena fe y cause daños, en su ejercicio, al deudor.