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RESPONSABILIDAD DE LAS TABACALERAS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. CUESTIONES QUE SE SUSCITAN
El consumo de cigarrillos es perjudicial para la salud, derecho consagrado como fundamental por la Constitución Nacional Argentina y los tratados internacionales de Derechos humanos incorporados a ésta con jerarquía constitucional por la reforma de 1994.
El goce efectivo de este derecho, cuya protección debe garantizar el Estado, se enlaza con la defensa del consumidor, también con rango constitucional.
Es preciso determinar a quien corresponde asumir la responsabilidad frente a los daños que aquel consumo provoca tanto a fumadores activos como pasivos.
A ese efecto es necesario establecer cual es el vínculo que une a éstos con las tabacaleras: es contractual, extracontractual o cabe una tercera posibilidad derivada del derecho de consumo.
A su vez, se considera la posibilidad de que el fumador en espacios cerrados públicos y, aun privados, incurra en responsabilidad frente a quienes se ven obligados a inhalar el humo del tabaco.
También, analizar la responsabilidad que cabe al estado dado el papel paradojal asumido, apareciendo como garante y, al mismo tiempo, violador de los derechos fundamentales comprometidos, lo cual derivaría en la posibilidad de que se convierta tanto en actor como en demandado.
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LA FRONTERA ENTRE CULPA EXCLUSIVA Y CONCURRENTE DE LA VÍCTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA CHILENA
Este artículo se refiere a la culpa de la víctima en sus dos vertientes: exclusiva y concurrente. Sobre la base de la jurisprudencia Corte Suprema chilena, se pone en evidencia que, a pesar del nombre común, corresponden a dos instituciones independientes, que cumplen diferentes papeles al interior del juicio de responsabilidad civil. La exclusiva es un argumento para demostrar la ausencia de responsabilidad del demandado, pero no comporta un análisis jurídico de la conducta de la víctima, sino solamente una explicación fáctica para la conducta del agente. La culpa concurrente, al dar por establecida la responsabilidad del demandado, sí exige dicho análisis jurídico, pues respecto de la víctima deben concurrir los supuestos jurídicos que permitan elevar su conducta de mera condición a concausa, según los criterios de la causalidad normativa. Estos supuestos no son abordados en esta sede.
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FUNDAMENTO Y RÉGIMEN DE LA VINCULACIÓN ENTRE EL TERCERO PERJUDICADO Y EL ASEGURADOR VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: UNA CUESTIÓN DE DERECHO PRIVADO
Con la reforma al Derecho del contrato de seguro, surgió la discusión sobre la incorporación de la acción directa contra el asegurador al seguro voluntario de responsabilidad civil en Chile. Los puntos de vista se polarizaron en posiciones a favor o en contra, pero gran parte del debate discurrió desde una perspectiva de justicia distributiva. Este trabajo pretende demostrar que las razones para vincular al tercero perjudicado con el asegurador son razones de Derecho Privado, es decir, de justicia correctiva. Lo anterior otorga parámetros para el análisis de los mecanismos que alteran la relatividad del contrato de seguro de responsabilidad civil. Asimismo, permite comprender con mayor precisión cuál es el sentido dogmático de la acción de cobro al tercero perjudicado que, finalmente, se recogió en la legislación nacional, al posicionarla como una opción entre los dos extremos posibles (absoluta ajenidad del tercero o acción directa). La comprensión del sentido de la acción de cobro reconocida en la legislación nacional dentro del contexto de otras opciones, facilita la labor de construcción de su régimen jurídico y, en particular, del sistema de excepciones.
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EXTENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS INSTRUCCIONES NOTARIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO POR SU INCUMPLIMIENTO
El presente artículo pretende demostrar que las instrucciones notariales obligan no solo al notario con quien se celebraron sino, también, a quien lo reemplace, y que el fundamento de ello es el art. 402 del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, se intenta demostrar que, como consecuencia de esa extensión de obligaciones, ante un incumplimiento o cumplimiento imperfecto de las instrucciones, se genera responsabilidad civil para el notario incumplidor, cualquiera sea su clase, la que se regirá en principio por el estatuto contractual. No obstante, atendidas las especiales características de la función notarial, se origina una concurrencia (cúmulo) de responsabilidades.
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LAS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN DE DEBERES MATRIMONIALES NO DAN LUGAR A INDEMNIZACIÓN
Conforme a nuestra normativa y jurisprudencia, las consecuencias de la infracción de deberes conyugales no deben indemnizarse. Esto se de debe a que no son obligaciones; el derecho establece efectos especiales ante su vulneración; la protección de los derechos fundamentales de los cónyuges se opone al resarcimiento; y hay enormes dificultades para evaluar los requisitos de la responsabilidad civil en estos supuestos.
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ALGUNOS PROBLEMAS DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS IMPLANTABLES RIESGOSOS PARA SER INCLUIDOS EN EL CONCEPTO DE DEFECTO BAJO LA DIRECTIVA EU 85/374 Y LA RESPUESTA REGULATORIA DE LA DIRECTIVA EU 2024/2853 SOBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS
En este artículo propongo plantear algunos problemas relacionados con la inclusión de los productos sanitarios implantables riesgosos en el concepto de defecto bajo la Directiva 85/374, los cuales, al tener características particulares relacionadas con la interacción riesgosa, la finalidad prevista del mismo, los riesgos inherentes, los potenciales daños que podrían causar requieren una evaluación ajustada a sus particulares circunstancias. Abordo la temática desde el producto sanitario implantable riesgoso, su regulación desde la esfera administrativa y la esfera de responsabilidad civil, para, al final, analizar si estas cuestiones fueron resueltas o se mantuvieron en la nueva regulación europea sobre daños causados por productos defectuosos, Directiva EU 2024/2853 que tiene como objetivo la contribución al correcto funcionamiento del mercado interior, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los consumidores y otras personas físicas.