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ACERCA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA GARANTÍA LEGAL Y LA GARANTÍA VOLUNTARIA EN EL SISTEMA DE CONSUMO CHILENO: PLAZO CONCURRENTE Y PLAZO RESIDUAL
La deficiente técnica legislativa utilizada por la LPDC para regular los regímenes de garantía de conformidad ha implicado el surgimiento de diversas dudas interpretativas. Entre ellas, se encuentra la eventual extensión del plazo de la garantía legal –y sus efectos– a toda la eficacia temporal de una eventual garantía voluntaria.
Una lectura sistemática de la LPDC y de sus estatutos de responsabilidad conducen a una respuesta negativa, sustentada sobre la base de su racionalidad interna y la interpretación de las reglas de las garantías, en consonancia con las que establecen deberes de información y publicidad.
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LA INFLUENCIA DEL DERECHO DE DAÑOS EN LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE SERVICIO
El presente artículo analiza la influencia del derecho de daños en la responsabilidad del Estado por falta de servicio desde la teoría de Peter Cane desarrollada en Tort Law and Public Functions. En este punto, la investigación analiza tres aspectos fundamentales: la estructura normativa en las relaciones de desigualdad jurídica, el rol del ideal igualitario en la responsabilidad estatal y el deber de indemnizar los daños causados por los agentes públicos. Primero, establece que la estructura normativa de la responsabilidad pública debe ser entendida en términos de justicia correctiva, puesto que existe una parte que debe corregir el daño ilegítimo causado por otra. Segundo, sostiene que la igualdad entre las partes funciona como criterio distributivo para contrarrestar la subordinación estatal ejercida sobre el administrado. Por último, contrasta los objetivos de la responsabilidad estatal y del derecho daños e identifica las razones generales por las cuales la Administración debería indemnizar los daños causados a los administrados.
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COMPETENCIA JUDICIAL Y LEY APLICABLE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AL AMBIENTE TRANSFRONTERIZOS: EL RÉGIMEN DE LA UNIÓN EUROPEA
Las normas de Derecho Internacional Privado en el contexto europeo han evolucionado considerablemente a partir de 1970. Aplicadas a los problemas de contaminación transfronteriza suponen una mayor protección de las personas y del ambiente porque contemplan la aplicación del principio favor laesi, que permite escoger el foro y la ley aplicable del lugar donde el daño se generó o se proyectó (produjo). Sin embargo, la directiva 2004/35/CE, que regula los daños ambientales o ecológicosper se, no contiene suficientes normas de Derecho Internacional Privado produciéndose diversos problemas con los reglamentos que disciplinan la competencia y la ley aplicable en los casos de responsabilidad civil extra contractual (respectivamente, Bruselas i y Roma ii). El presente artículo tiene por objeto identificar y exponer todas estas normas de manera ordenada para evidenciar los conflictos advertidos por la doctrina.
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RECURSOS COMPARADOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN DEL VÍNCULO CAUSAL. UN ANÁLISIS CENTRADO EN EVENTOS DE RESPONSABILIDAD SANITARIA
La incertidumbre científica ligada al desarrollo tecnológico repercute sobre las víctimas en pleno siglo xxi, en particular respecto de la acreditación del nexo causal siempre necesario para justificar una acción de responsabilidad civil. Sensibles contenciosos, muchos de ellos vinculados a la salud pública, representan en gran medida el problema que nos proponemos estudiar. El Derecho Comparado ha leído la dificultad expuesta arribando a soluciones de las que se desprende un interés por flexibilizar las reglas de prueba, en favor de la determinación de la pretendida causalidad. Hemos constatado en nuestro estudio el recurso jurisprudencial o legal a la responsabilidad solidaria y, en menor medida, a la responsabilidad proporcional, así como a las presunciones a título de mecanismo de inferencia causal. Dichas herramientas representan respuestas de la adaptación jurídica que diversos ordenamientos han observado con el propósito de ofrecer garantías resarcitorias al dañado, que involucrado en un escenario de fatalidad científica se ha visto afectado por partida doble, sea respecto de su daño evidente, sea respecto de la incertidumbre causal que pone en riesgo su resarcimiento.
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COMPETENCIA DESLEAL POR CULPA
El artículo examina la ilicitud en los actos de competencia desleal, previstos como una hipótesis de responsabilidad civil extracontractual en la ley No 20.169, que regula la competencia desleal. Refutando una interpretación efectuada por parte de la doctrina nacional y de la jurisprudencia, que afirma que tal ilícito exige la prueba de una conducta dolosa, se argumenta cómo el texto de esta ley, la historia fidedigna de su establecimiento, su interpretación sistemática con otros cuerpos normativos (en particular, con la protección al consumidor que subyace como interés legítimo ex- presamente en esta ley especial), la consideración de cierta experiencia comparada e, Incluso, una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, permiten sostener de manera fundada que una conducta de competencia desleal que infringe la diligencia ordinaria (culpa leve) configura ese ilícito y da lugar al ejercicio de las acciones que esta ley establece.
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FACULTAD UNILATERAL DE TERMINAR EL CONTRATO Y BUENA FE CONTRACTUAL
El presente artículo tiene por objetivo examinar dos cuestiones: Por una parte, el control al que debe someterse la facultad unilateral de poner término al contrato por incumplimiento como herramienta de tutela, conforme a los parámetros de la buena fe contractual y, por otra, aceptando que la buena fe es una herramienta de valoración del comportamiento del acreedor, determinar cuál sería el régimen de responsabilidad aplicable en el caso que el acreedor ejerza dicha facultad contra la buena fe y cause daños, en su ejercicio, al deudor.