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SOBRE LA SANCIÓN A LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL DERECHO DEL CONSUMO
En este trabajo analizamos la sanción aplicable a las cláusulas abusivas en el derecho del consumo chileno, a propósito de la sentencia de la Corte Suprema, rol n.º 34713-2023, que calificó como abusiva una cláusula de aceleración del plazo contenida en un contrato de mutuo hipotecario. El fallo reviste especial interés porque resuelve el debate doctrinal sobre la naturaleza de la ineficacia prevista en el art. 16 de la Ley n.º 19496, afirmando que se trata de una nulidad absoluta. Para ello, exponemos los hechos del caso, sistematizamos las principales posturas doctrinales sobre la sanción por abusividad y revisamos la evolución jurisprudencial en la materia. Finalmente, sostenemos que la solución adoptada por la Corte Suprema es parcialmente correcta, sobre todo porque construye la solución desde el derecho vigente, en cuanto reconoce el carácter de orden público del control de cláusulas abusivas y permite integrar de forma coherente la LPDC con el régimen general de la nulidad, sin recurrir a construcciones judiciales de lege ferenda.
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LA NOCIÓN DE CLÁUSULA NO NEGOCIADA Y SU IMPORTANCIA EN LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES DE INCORPORACIÓN Y DE CONTENIDO
Se examina la noción de cláusula no negociada como una noción fundamental en la tarea de delimitar los ámbitos objetivos de aplicación de los controles de incorporación y de contenido. Se sostiene que las características definitorias de una cláusula no negociada son la contractualidad, la predisposición y la imposición. Se precisa que, si a las mencionadas características se añade la generalidad, la cláusula no negociada pertinente podrá ser calificada, además, como una condición general de la contratación. En el marco del tratamiento de las características de las cláusulas no negociadas se aclaran aspectos en que la jurisprudencia nacional se ha mostrado errática y que han incidido en una merma en la tutela del adherente. En particular, se aclara que la sola predisposición es un indicio suficiente para presumir que no ha existido posibilidad de negociación; asimismo, se aclara que la mera circunstancia de que ciertos datos sean llenados por el cliente o que este pueda elegir entre distintas cláusulas cuál es la que, en concreto, habrá de regir el contrato, no implica una transformación de la cláusula elegida en una negociada de manera individual ni mucho menos supone la transformación entera del contrato en uno libremente discutido.
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ACERCA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA GARANTÍA LEGAL Y LA GARANTÍA VOLUNTARIA EN EL SISTEMA DE CONSUMO CHILENO: PLAZO CONCURRENTE Y PLAZO RESIDUAL
La deficiente técnica legislativa utilizada por la LPDC para regular los regímenes de garantía de conformidad ha implicado el surgimiento de diversas dudas interpretativas. Entre ellas, se encuentra la eventual extensión del plazo de la garantía legal –y sus efectos– a toda la eficacia temporal de una eventual garantía voluntaria.
Una lectura sistemática de la LPDC y de sus estatutos de responsabilidad conducen a una respuesta negativa, sustentada sobre la base de su racionalidad interna y la interpretación de las reglas de las garantías, en consonancia con las que establecen deberes de información y publicidad.
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Sobre la arbitrabilidad del conflicto de consumo en Chile: insumo básico para un replanteamiento estructural
En este trabajo se aborda la arbitrabilidad del conflicto de consumo en el derecho chileno, como punto de partida para el replanteamiento de todo el sistema de arbitraje de consumo en Chile. Trata la arbitrabilidad en sus manifestaciones subjetiva y material, y revisa los efectos que genera en este ámbito la irrenunciabilidad de los derechos del consumidor, el carácter imperativo de las normas de la Ley n.°19496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y el alcance del art. 230 del Código Orgánico de Tribunales, sobre arbitraje prohibido.
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Abusividad por falta de transparencia, nulidad de cláusulas no incorporadas e improcedencia de responsabilidad infraccional. 17° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, 27 de enero de 2017, rol n.° 15092-2015. Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de septiembre de 2018, rol n.° 8261-2017. Corte Suprema, 27 de diciembre de 2019, rol n.° 114-20191
A fin de concretar la venta de unidades de diversos proyectos inmobiliarios, Constructora Santa Beatriz S.A., a partir de 2002, desarrolló un modelo de contratación que, desde la perspectiva de cada consumidor interesado, comprendía la celebración de tres contratos diferentes: un contrato de reserva, uno de promesa de compraventa y uno de compraventa. De acuerdo con el modelo mencionado, el “proceso de compraventa de un departamento en modalidad verde” comenzaba por la celebración de un contrato de reserva, en cuya virtud el consumidor vinculado debía entregar en el mismo acto una suma de diez unidades de fomento, debiendo la inmobiliaria abstenerse de ofrecer en el mercado el departamento reservado por un plazo de quince días corridos. Una vez realizada la reserva y dentro de los quince días siguientes, el consumidor podía optar por desistirse del proceso de compra –siéndole restituidas las respectivas diez unidades de fomento–, o persistir en el mismo. En este último caso, la inmobiliaria lo citaba para la suscripción de un contrato de promesa, obligándose el consumidor a celebrar la compraventa prometida dentro del plazo establecido en la promesa, siempre que se hubieran cumplido las condiciones impuestas por la inmobiliaria. (...)
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Daños punitivos, especialmente para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores
En este trabajo se estudian de manera crítica los daños punitivos regulados por la ley n.º 19496, con el objetivo de detectar y evaluar tanto los aspectos positivos como los cuestionables de su reglamentación en el marco de la protección de los consumidores. Ello, empleando una metodología dogmática fundada en la normativa, bibliografía y jurisprudencia nacional y extranjera, que permite analizar de modo cualitativo tales fuentes en orden a presentar y elaborar la hipótesis, las reflexiones y las conclusiones. En los apartados i y ii se formula un marco teórico representado por una aproximación a los daños punitivos sobre la base de antecedentes nacionales y foráneos, a través del estudio específico de su naturaleza y función, y de su procedencia en Chile, en virtud de la revisión de las discusiones al respecto, en particular, en cuanto a los supuestos problemas de constitucionalidad a que darían lugar y el carácter reparatorio de la responsabilidad civil. La hipótesis central es que la regulación de los daños punitivos en la indicada ley es positiva al contribuir a sancionar, disuadir y prevenir conductas graves de los proveedores, pero cuestionable respecto de la reglamentación de su cuantificación; aspectos que se desarrollan en el acápite iii.