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BUENA FE, EL REVERSO DE LA MONEDA. A PROPÓSITO DEL DOLO POR OMISIÓN Y EL DEBER PRECONTRACTUAL DE INFORMAR
La ignorancia durante la formación de un contrato es lesiva para quien la sufre y, agregativamente para la sociedad en su conjunto. Una persistente miopía ha determinado a considerar, en sede jurídica, este problema como uno de vicios del consentimiento. La protección de la voluntad es uno de los criterios que deben considerarse para la asignación del riesgo de la defectuosa información, pero, desde luego, no el único. Es posible y útil distinguir los criterios que se utilizan según si consideran o no los incentivos para la producción y utilización de información.
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ACERCA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA GARANTÍA LEGAL Y LA GARANTÍA VOLUNTARIA EN EL SISTEMA DE CONSUMO CHILENO: PLAZO CONCURRENTE Y PLAZO RESIDUAL
La deficiente técnica legislativa utilizada por la LPDC para regular los regímenes de garantía de conformidad ha implicado el surgimiento de diversas dudas interpretativas. Entre ellas, se encuentra la eventual extensión del plazo de la garantía legal –y sus efectos– a toda la eficacia temporal de una eventual garantía voluntaria.
Una lectura sistemática de la LPDC y de sus estatutos de responsabilidad conducen a una respuesta negativa, sustentada sobre la base de su racionalidad interna y la interpretación de las reglas de las garantías, en consonancia con las que establecen deberes de información y publicidad.
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El derecho a la alimentación adecuada en Chile y su necesaria consagración como derecho fundamental en la nueva Constitución chilena
En el marco del proceso constituyente en Chile, este artículo aborda los argumentos históricos, fácticos y de derecho internacional de los derechos humanos que justifican la incorporación del derecho a la alimentación adecuada como un derecho autónomo en la nueva Constitución. Luego, el cuerpo de este texto evalúa el impacto de esta nueva garantía constitucional en el derecho privado chileno, con especial énfasis en lo que respecta al derecho a la información veraz y oportuna en las relaciones de consumo de alimentos y bebidas. El texto argumenta que, en última instancia, la consagración constitucional de este derecho permitirá extender las normas vigentes sobre información veraz y adecuada en el consumo de alimentos y bebidas, contribuyendo a una mejor garantía de otros derechos humanos relacionados con la alimentación, tales como el derecho a la salud.
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EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN CHILE. ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURISPRUDENCIAL
Los contratos de construcción, y en especial aquellos de suma alzada, están diseñados no solo para traspasar el riesgo de precio desde el mandante hasta el contratista, que es la parte que está en mejor posición para evaluar y controlar dicho riesgo, sino que para eliminar o mitigar los problemas que surgen de la asimetría de información entre los contratantes, incluyendo los fenómenos conocidos como selección adversa y riesgo moral. Si dichos fenómenos son efectivamente controlados, se puede concluir que este tipo de contratos tenderá a promover la eficiencia del mercado, reducirá los costos de transacción y maximizará los denominados excedentes sociales de la cooperación. La medida en que estos diseños contractuales alcanzan sus objetivos depende, en definitiva, del valor que en los hechos la jurisprudencia les reconozca. Analizada la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores de justicia chilenos, se puede concluir que, en general, los jueces tienden a respetar y aplicar estos mecanismos contractuales. -
Editorial
La cita al Digesto que muestra la distinción entre el derecho público y privado es frecuente en el medio académico: “Dos son las posiciones en este estudio: el público y el privado. Es Derecho Público el que respecta al estado de la República, privado el que respecta a la utilidad de los particulares, pues hay cosas de utilidad pública y otras de utilidad privada”.
Sin embargo, por distintas razones –sean jurídicas, económicas, políticas o sociales– la clásica y antigua distinción ha entrado en crisis. Ya sucedió a inicios del siglo xix con el derecho del trabajo. Más adelante, en el siglo xx, el mundo fue testigo de la importancia y la necesidad de resguardar los derechos humanos, tanto en las relaciones respecto del Estado como en todas sus demás manifestaciones. Incluso, más recientemente, el explosivo aumento de fenómenos como el consumo o las nuevas tecnologías de información, han requerido de legislaciones especiales, en las que el ente estatal termina interviniendo ciertas relaciones que, tradicionalmente, eran concebidas como un reducto privado. [...]
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Exclusión del derecho de desistimiento en contratos en línea con consumidores en caso de bienes desprecintados tras la entrega, no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o higiene
El derecho a desistir del contrato adquiere especial relevancia en la actualidad en la contratación de bienes y servicios entre empresarios y consumidores, en particular en la contratación en línea. En el ordenamiento jurídico español, tal derecho es reconocido en el real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No obstante, entre las exclusiones al ejercicio de este derecho, se contempla el caso del suministro de bienes precintados no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. En el presente trabajo analizamos los elementos de tal exclusión, ineptitud del bien para ser devuelto, características del “precinto”, así como la información que ha de aportarse al consumidor para que opere la exclusión, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de marzo de 2019, asunto C681/17, que admite el ejercicio por un consumidor del derecho de desistimiento en caso de compra en línea de un colchón que desprecinta para su prueba.