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SOBRE LA OPORTUNIDAD PARA ALEGAR EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO: EL CRITERIO DE LA TERCERA SALA DE LA CORTE SUPREMA
La doctrina y jurisprudencia clásica entienden que el abandono del procedimiento no tiene un límite temporal para su interposición, mientras no se dicte una sentencia ejecutoriada. Así, no le resulta aplicable la regla general sobre el plazo para la promoción de los incidentes, establecida en el art. 85 del CPC. Sin embargo, una serie de fallos dictados por la Tercera Sala de la Corte Suprema han cambiado este criterio. A partir de una evolución argumentativa, que inició con un argumento de buena fe procesal, esta Sala ha considerado que la regla del art. 85 del CPC sí es aplicable al incidente de abandono del procedimiento. El objetivo de esta investigación es mostrar tal evolución y dar cuenta de los problemas de interpretación que se pueden dar al considerar aplicable esta norma.
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ENTRE LA RESERVA Y LA DIVULGACIÓN. LOS CONTORNOS DE LOS DEBERES DEL DIRECTORIO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA RELATIVOS A LA INFORMACIÓN ACERCA DE OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE EMPRESAS
Este artículo examina los deberes de reserva y divulgación que pesan sobre los directores de sociedades anónimas abiertas en el contexto de una negociación para adquirir una empresa. Se analiza cómo estos deben equilibrar su obligación de confidencialidad basada en la necesidad de privilegiar el interés social, con las obligaciones de información al mercado, cuyo fundamento está en el interés público asociado al correcto funcionamiento del mercado de valores. El texto plantea que, mientras el deber general es la reserva de información para proteger el interés de los accionistas, existen excepciones en que debe informarse al público ciertos eventos, en contextos en que la tutela del mercado de valores derrota la general protección al interés social que orienta la actividad de los administradores, y que las contra excepciones de “hechos reservados” obedecen a riesgos calificados para el interés social, que exigen volver a la norma general de secreto.
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ACERCA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA GARANTÍA LEGAL Y LA GARANTÍA VOLUNTARIA EN EL SISTEMA DE CONSUMO CHILENO: PLAZO CONCURRENTE Y PLAZO RESIDUAL
La deficiente técnica legislativa utilizada por la LPDC para regular los regímenes de garantía de conformidad ha implicado el surgimiento de diversas dudas interpretativas. Entre ellas, se encuentra la eventual extensión del plazo de la garantía legal –y sus efectos– a toda la eficacia temporal de una eventual garantía voluntaria.
Una lectura sistemática de la LPDC y de sus estatutos de responsabilidad conducen a una respuesta negativa, sustentada sobre la base de su racionalidad interna y la interpretación de las reglas de las garantías, en consonancia con las que establecen deberes de información y publicidad.
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EL CONCEPTO DE EMPRESA PARA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y SUS IMPLICANCIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS
El presente trabajo tiene por finalidad determinar el significado del término ‘empresa’ para la Ley de Delitos Económicos. Esto es particularmente relevante respecto de los delitos de las categorías segunda y tercera, y en menor medida la cuarta. La relevancia de la pregunta se basa en que el legislador lo ha empleado como un elemento estructural o fundamental para la delimitación de lo que se entenderá por delito económico y, como consecuencia de ello, para activar el estatuto especial de penas y consecuencias adicionales a la sanción aplicable a las personas responsables de los delitos económicos. Para dar respuesta a esta interrogante, primero se acude a la legislación extrapenal. A continuación, se revisa el artículo sexto de la Ley n.º 21595 y el respectivo reenvío que esta disposición efectúa a la Ley n.° 20416. Sobre la base de ello se deduce que no es posible incardinar dentro del concepto de empresa a las corporaciones y fundaciones, con las consecuencias que ello implica. Por último, se destaca el impacto que esta técnica legislativa genera para el estatuto penal de las personas jurídicas, que también fue modificado por la ley de delitos económicos.
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LA FUNCIÓN NOTARIAL DE CONTROL DE LEGALIDAD EN CHILE
En el presente trabajo se analiza la función notarial de control de legalidad en Chile a partir de su configuración como notario de tipo latino. Para ello, se exponen los principios que inspiran la función del notariado latino y la configuración de la función notarial en Chile. Tras ello, se examina la función notarial de control de legalidad y sus diferentes manifestaciones en el ordenamiento chileno, poniendo de relieve la ausencia de reconocimiento legal expreso con carácter general de esta función, lo que lleva a proponer argumentos a favor de incluir dicho reconocimiento en futuras reformas notariales.
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NATURALEZA DE LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS O ESTIPULACIONES ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES O MICRO O PEQUEÑOS EMPRESARIOS. SOBRE LA CONSISTENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE NULIDAD ABSOLUTA CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO CIVIL
Luego de una exposición sintética de las dos principales tesis acerca de la naturaleza de la nulidad contemplada en la Ley n.° 19496 respecto de las cláusulas o estipulaciones abusivas, se examina si el régimen de nulidad absoluta exhibe las disfuncionalidades acusadas por parte de la doctrina. Se intenta mostrar que todas las objeciones a la consistencia y a la funcionalidad de la aplicación de dicho régimen son derrotables y que no justifican la construcción, por vía interpretativa, de un régimen especial. Se postula que el régimen de nulidad absoluta, rectamente entendido, no solo es funcional, sino que, además, es más protector que un pretendido, incompleto e incierto régimen especial.