Resultados de la búsqueda
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DESEMPOLVANDO EL CÓDIGO CIVIL. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA DEL SERNAC SOBRE LA INCORPORACIÓN DE FECHAS DE ENTREGA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN COMUNICACIONES PREVIAS A LA FIRMA DE PROMESAS DE COMPRAVENTA
La resolución exenta n.° 277 del SERNAC, de 21 de abril de 2025, aborda la incorporación de fechas de entrega de proyectos inmobiliarios en las comunicaciones previas a la firma de promesas de compraventa. Este trabajo ofrece un análisis crítico del dictamen interpretativo, destacando tanto sus aciertos como sus ambigüedades conceptuales y limitaciones normativas. Se examina la naturaleza jurídica de las circulares y dictámenes emitidos por el SERNAC, su alcance normativo y efectos jurídicos limitados, así como las consecuencias contractuales del incumplimiento de promesas de compraventa. El análisis también considera el papel del derecho común y, en particular, la aplicación del art. 1554 del CC en promesas sujetas a condiciones indeterminadas. Se concluye que, si bien el dictamen refuerza ciertos elementos valiosos del sistema de protección al consumidor, el Servicio ha desaprovechado una oportunidad relevante para precisar, con mayor claridad y rigor técnico, el alcance de las obligaciones de los proveedores inmobiliarios.
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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.
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¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?
El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.
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NATURALEZA DE LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS O ESTIPULACIONES ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES O MICRO O PEQUEÑOS EMPRESARIOS. SOBRE LA CONSISTENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE NULIDAD ABSOLUTA CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO CIVIL
Luego de una exposición sintética de las dos principales tesis acerca de la naturaleza de la nulidad contemplada en la Ley n.° 19496 respecto de las cláusulas o estipulaciones abusivas, se examina si el régimen de nulidad absoluta exhibe las disfuncionalidades acusadas por parte de la doctrina. Se intenta mostrar que todas las objeciones a la consistencia y a la funcionalidad de la aplicación de dicho régimen son derrotables y que no justifican la construcción, por vía interpretativa, de un régimen especial. Se postula que el régimen de nulidad absoluta, rectamente entendido, no solo es funcional, sino que, además, es más protector que un pretendido, incompleto e incierto régimen especial.
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LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ALEGAR LA NULIDAD ABSOLUTA EN EL INTERÉS DE LA MORAL O DE LA LEY
Entre los sujetos legitimados para pedir la declaración de nulidad absoluta de un acto, el art. 1683 del Código Civil menciona al Ministerio Público. Esta legitimación presenta dos dificultades interpretativas; la primera, que aquel puede accionar “en el interés de la moral o de la ley”, lo que suele contraponerse a un interés pecuniario; por otro lado, que aquel ha evolucionado en cuanto a estructura orgánica, contenido y atribuciones. Ante estas dificultades cabe plantear dos tesis: la primera, apunta a concluir que el Ministerio Público ha perdido tales atribuciones; la segunda, que este trabajo defiende, el que las mantiene. Para estos efectos, se analizan las modificaciones experimentadas por el Ministerio Público y se argumenta para dar utilidad práctica a dicho artículo.
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ACERCA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA GARANTÍA LEGAL Y LA GARANTÍA VOLUNTARIA EN EL SISTEMA DE CONSUMO CHILENO: PLAZO CONCURRENTE Y PLAZO RESIDUAL
La deficiente técnica legislativa utilizada por la LPDC para regular los regímenes de garantía de conformidad ha implicado el surgimiento de diversas dudas interpretativas. Entre ellas, se encuentra la eventual extensión del plazo de la garantía legal –y sus efectos– a toda la eficacia temporal de una eventual garantía voluntaria.
Una lectura sistemática de la LPDC y de sus estatutos de responsabilidad conducen a una respuesta negativa, sustentada sobre la base de su racionalidad interna y la interpretación de las reglas de las garantías, en consonancia con las que establecen deberes de información y publicidad.