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DESEMPOLVANDO EL CÓDIGO CIVIL. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA DEL SERNAC SOBRE LA INCORPORACIÓN DE FECHAS DE ENTREGA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN COMUNICACIONES PREVIAS A LA FIRMA DE PROMESAS DE COMPRAVENTA
La resolución exenta n.° 277 del SERNAC, de 21 de abril de 2025, aborda la incorporación de fechas de entrega de proyectos inmobiliarios en las comunicaciones previas a la firma de promesas de compraventa. Este trabajo ofrece un análisis crítico del dictamen interpretativo, destacando tanto sus aciertos como sus ambigüedades conceptuales y limitaciones normativas. Se examina la naturaleza jurídica de las circulares y dictámenes emitidos por el SERNAC, su alcance normativo y efectos jurídicos limitados, así como las consecuencias contractuales del incumplimiento de promesas de compraventa. El análisis también considera el papel del derecho común y, en particular, la aplicación del art. 1554 del CC en promesas sujetas a condiciones indeterminadas. Se concluye que, si bien el dictamen refuerza ciertos elementos valiosos del sistema de protección al consumidor, el Servicio ha desaprovechado una oportunidad relevante para precisar, con mayor claridad y rigor técnico, el alcance de las obligaciones de los proveedores inmobiliarios.
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¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?
El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.
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ACERCA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA GARANTÍA LEGAL Y LA GARANTÍA VOLUNTARIA EN EL SISTEMA DE CONSUMO CHILENO: PLAZO CONCURRENTE Y PLAZO RESIDUAL
La deficiente técnica legislativa utilizada por la LPDC para regular los regímenes de garantía de conformidad ha implicado el surgimiento de diversas dudas interpretativas. Entre ellas, se encuentra la eventual extensión del plazo de la garantía legal –y sus efectos– a toda la eficacia temporal de una eventual garantía voluntaria.
Una lectura sistemática de la LPDC y de sus estatutos de responsabilidad conducen a una respuesta negativa, sustentada sobre la base de su racionalidad interna y la interpretación de las reglas de las garantías, en consonancia con las que establecen deberes de información y publicidad.
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Exclusión del derecho de desistimiento en contratos en línea con consumidores en caso de bienes desprecintados tras la entrega, no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o higiene
El derecho a desistir del contrato adquiere especial relevancia en la actualidad en la contratación de bienes y servicios entre empresarios y consumidores, en particular en la contratación en línea. En el ordenamiento jurídico español, tal derecho es reconocido en el real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No obstante, entre las exclusiones al ejercicio de este derecho, se contempla el caso del suministro de bienes precintados no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. En el presente trabajo analizamos los elementos de tal exclusión, ineptitud del bien para ser devuelto, características del “precinto”, así como la información que ha de aportarse al consumidor para que opere la exclusión, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de marzo de 2019, asunto C681/17, que admite el ejercicio por un consumidor del derecho de desistimiento en caso de compra en línea de un colchón que desprecinta para su prueba.
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La publicidad errónea: ¿un problema de excusabilidad del proveedor o de recognoscibilidad del consumidor?
El presente trabajo tiene por propósito abordar lo que algunas sentencias de nuestros tribunales han denominado publicidad errónea con el objetivo de dilucidar si, efectivamente, nos encontramos ante una nueva categoría publicitaria o, por el contrario, ella constituye la faz negativa de la publicidad engañosa. El método utilizado ha consistido en revisar las sentencias de las Cortes de Apelaciones de Santiago que han aludido a ella entre los años 2015 al 2018, analizándolas desde una perspectiva crítica, a partir de la excusabilidad del error del proveedor y de la recognoscibilidad de este por parte del consumidor, constatando que no nos encontramos ante una especie de publicidad distinta de la engañosa y que el recurso a ella es innecesario, cuestión que incide en el ámbito de aplicación de la Ley n.o 19496 sobre Protección de Derechos de los Consumidores, toda vez que existiendo error del proveedor, reconocido por el consumidor, no hay confianza que proteger, debiendo retornarse al derecho civil.
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Abusividad por falta de transparencia, nulidad de cláusulas no incorporadas e improcedencia de responsabilidad infraccional. 17° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, 27 de enero de 2017, rol n.° 15092-2015. Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de septiembre de 2018, rol n.° 8261-2017. Corte Suprema, 27 de diciembre de 2019, rol n.° 114-20191
A fin de concretar la venta de unidades de diversos proyectos inmobiliarios, Constructora Santa Beatriz S.A., a partir de 2002, desarrolló un modelo de contratación que, desde la perspectiva de cada consumidor interesado, comprendía la celebración de tres contratos diferentes: un contrato de reserva, uno de promesa de compraventa y uno de compraventa. De acuerdo con el modelo mencionado, el “proceso de compraventa de un departamento en modalidad verde” comenzaba por la celebración de un contrato de reserva, en cuya virtud el consumidor vinculado debía entregar en el mismo acto una suma de diez unidades de fomento, debiendo la inmobiliaria abstenerse de ofrecer en el mercado el departamento reservado por un plazo de quince días corridos. Una vez realizada la reserva y dentro de los quince días siguientes, el consumidor podía optar por desistirse del proceso de compra –siéndole restituidas las respectivas diez unidades de fomento–, o persistir en el mismo. En este último caso, la inmobiliaria lo citaba para la suscripción de un contrato de promesa, obligándose el consumidor a celebrar la compraventa prometida dentro del plazo establecido en la promesa, siempre que se hubieran cumplido las condiciones impuestas por la inmobiliaria. (...)