Resultados de la búsqueda
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Daños punitivos, especialmente para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores
En este trabajo se estudian de manera crítica los daños punitivos regulados por la ley n.º 19496, con el objetivo de detectar y evaluar tanto los aspectos positivos como los cuestionables de su reglamentación en el marco de la protección de los consumidores. Ello, empleando una metodología dogmática fundada en la normativa, bibliografía y jurisprudencia nacional y extranjera, que permite analizar de modo cualitativo tales fuentes en orden a presentar y elaborar la hipótesis, las reflexiones y las conclusiones. En los apartados i y ii se formula un marco teórico representado por una aproximación a los daños punitivos sobre la base de antecedentes nacionales y foráneos, a través del estudio específico de su naturaleza y función, y de su procedencia en Chile, en virtud de la revisión de las discusiones al respecto, en particular, en cuanto a los supuestos problemas de constitucionalidad a que darían lugar y el carácter reparatorio de la responsabilidad civil. La hipótesis central es que la regulación de los daños punitivos en la indicada ley es positiva al contribuir a sancionar, disuadir y prevenir conductas graves de los proveedores, pero cuestionable respecto de la reglamentación de su cuantificación; aspectos que se desarrollan en el acápite iii.
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Sobre la arbitrabilidad del conflicto de consumo en Chile: insumo básico para un replanteamiento estructural
En este trabajo se aborda la arbitrabilidad del conflicto de consumo en el derecho chileno, como punto de partida para el replanteamiento de todo el sistema de arbitraje de consumo en Chile. Trata la arbitrabilidad en sus manifestaciones subjetiva y material, y revisa los efectos que genera en este ámbito la irrenunciabilidad de los derechos del consumidor, el carácter imperativo de las normas de la Ley n.°19496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y el alcance del art. 230 del Código Orgánico de Tribunales, sobre arbitraje prohibido.
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El negocio tras la muerte. Cementerios parque como proveedores financieros no tradicionales
Se comenta la sentencia dictada por el 3er Juzgado de Policía Local de Maipú, confirmada íntegramente por la Corte Suprema, en la cual, tras una labor interpretativa, que implicó analizar diversos elementos de la promesa de compraventa que la consumidora celebró con un cementerio, se determinó que el negocio, en realidad, se asemejaba a un leasing, e incluía la prestación de un producto financiero, siendo posible aplicar las disposiciones de la Ley n.° 18010 junto a las de la Ley n.° 19496.
Si bien dicha calificación buscó otorgar una mayor protección al consumidor frente a lo que puede considerarse un producto financiero encubierto, el concepto de “crédito directo” permite explicar de mejor manera el negocio y entender que la operación realizada se trata de un préstamo de dinero, cuya peculiaridad, en este caso, es su entrega de forma ficta al consumidor.
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LOS ALCANCES DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SEGURIDAD EN LOS EVENTOS MASIVOS: UNA MIRADA DESDE EL DERECHO DE CONSUMO
El presente artículo tiene como objetivo indagar los alcances del incumplimiento de los deberes de seguridad en el consumo por parte de un organizador de eventos masivos. Considerando que el fenómeno de la masificación en los espectáculos cada vez tiene una mayor ocurrencia en Chile y es fuente de riesgos para los asistentes, esta investigación analiza los eventos masivos desde el derecho de consumo. Siendo un tema omitido por la doctrina nacional, el presente trabajo, una vez asentada la relación existente entre este tipo de eventos y la ley de protección a los consumidores, enfatizando en los sujetos que intervienen (tanto consumidor jurídico/ material como proveedor efectivo/intermediario) y el contrato en el cual se funda esta relación, se centra en las particularidades que reviste la seguridad en los espectáculos públicos. Los alcances del incumplimiento del deber de seguridad adquieren relevancia al abordar los distintos tipos de responsabilidades en las cuales puede incurrir según el tipo de proveedor. Por último, se exponen los medios de exoneración que el proveedor dispone.
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Calidad de vivienda y seguridad en el consumo
En el presente comentario analizamos el caso Servicio Nacional del Consumidor con Inmobiliaria Francisco de Aguirre Limitada, en particular las sentencias de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema con ocasión del conocimiento de un recurso de apelación y, posterior, casación en el fondo; las cuales versaron sobre el ámbito de aplicación de la Ley n.° 19496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Para ello, y luego de resumir de manera breve los hechos, expondremos el problema jurídico que aparejan los conceptos de calidad y seguridad y su relación con la normativa aplicable. A su vez, expondremos los argumentos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema al respecto, con la consideración especial del voto disidente de la abogada integrante Claudia Chaimovich en torno a distinguir los derechos de seguridad de la calidad de una vivienda dentro de la relación de consumo. Con ello, pretendemos lograr una adecuada comprensión de las materias excluidas de la ley y de la distinción entre los derechos que resguarda la misma.
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RESPONSABILIDAD DE LAS TABACALERAS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. CUESTIONES QUE SE SUSCITAN
El consumo de cigarrillos es perjudicial para la salud, derecho consagrado como fundamental por la Constitución Nacional Argentina y los tratados internacionales de Derechos humanos incorporados a ésta con jerarquía constitucional por la reforma de 1994.
El goce efectivo de este derecho, cuya protección debe garantizar el Estado, se enlaza con la defensa del consumidor, también con rango constitucional.
Es preciso determinar a quien corresponde asumir la responsabilidad frente a los daños que aquel consumo provoca tanto a fumadores activos como pasivos.
A ese efecto es necesario establecer cual es el vínculo que une a éstos con las tabacaleras: es contractual, extracontractual o cabe una tercera posibilidad derivada del derecho de consumo.
A su vez, se considera la posibilidad de que el fumador en espacios cerrados públicos y, aun privados, incurra en responsabilidad frente a quienes se ven obligados a inhalar el humo del tabaco.
También, analizar la responsabilidad que cabe al estado dado el papel paradojal asumido, apareciendo como garante y, al mismo tiempo, violador de los derechos fundamentales comprometidos, lo cual derivaría en la posibilidad de que se convierta tanto en actor como en demandado.