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RESPONSABILIDAD DE LAS TABACALERAS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. CUESTIONES QUE SE SUSCITAN
El consumo de cigarrillos es perjudicial para la salud, derecho consagrado como fundamental por la Constitución Nacional Argentina y los tratados internacionales de Derechos humanos incorporados a ésta con jerarquía constitucional por la reforma de 1994.
El goce efectivo de este derecho, cuya protección debe garantizar el Estado, se enlaza con la defensa del consumidor, también con rango constitucional.
Es preciso determinar a quien corresponde asumir la responsabilidad frente a los daños que aquel consumo provoca tanto a fumadores activos como pasivos.
A ese efecto es necesario establecer cual es el vínculo que une a éstos con las tabacaleras: es contractual, extracontractual o cabe una tercera posibilidad derivada del derecho de consumo.
A su vez, se considera la posibilidad de que el fumador en espacios cerrados públicos y, aun privados, incurra en responsabilidad frente a quienes se ven obligados a inhalar el humo del tabaco.
También, analizar la responsabilidad que cabe al estado dado el papel paradojal asumido, apareciendo como garante y, al mismo tiempo, violador de los derechos fundamentales comprometidos, lo cual derivaría en la posibilidad de que se convierta tanto en actor como en demandado.
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ALGUNAS VICISITUDES EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2519 DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO. UNA SISTEMATIZACIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Nuestro objetivo en el presente artículo es analizar la regla del art. 2519 del CC chileno respecto de la interrupción de la prescripción de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Junto con ello, sistematizar el estado de la cuestión en torno a su aplicación a propósito de dos tipos de obligaciones solidarias de fuente legal: la solidaridad cambiaria y la solidaridad extracontractual.
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LA DEUDA POR OBLIGACIÓN CONSTITUIDA A TRAVÉS DE CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO NO CONSTITUYE EXCEPCIÓN AL DISCHARGE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
Con base en un estudio dogmático de los fundamentos y justificaciones del fresh start y las excepciones al discharge, y tras un análisis crítico de la sentencia de la Corte Suprema, rol n.º 4656-2017, de 9 de mayo de 2017, que excluye del ámbito de aplicación del discharge de la ley n.º 20720 a todas las deudas de obligaciones contraídas a través de créditos con aval del estado, proponemos un criterio que, comprendiendo una correcta interpretación y consecuente armonización de las normas, otorga certeza jurídica a los deudores y soluciona el problema de relevancia jurídico social que el razonamiento de la Corte conlleva.
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LA INFLUENCIA DEL DERECHO DE DAÑOS EN LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE SERVICIO
El presente artículo analiza la influencia del derecho de daños en la responsabilidad del Estado por falta de servicio desde la teoría de Peter Cane desarrollada en Tort Law and Public Functions. En este punto, la investigación analiza tres aspectos fundamentales: la estructura normativa en las relaciones de desigualdad jurídica, el rol del ideal igualitario en la responsabilidad estatal y el deber de indemnizar los daños causados por los agentes públicos. Primero, establece que la estructura normativa de la responsabilidad pública debe ser entendida en términos de justicia correctiva, puesto que existe una parte que debe corregir el daño ilegítimo causado por otra. Segundo, sostiene que la igualdad entre las partes funciona como criterio distributivo para contrarrestar la subordinación estatal ejercida sobre el administrado. Por último, contrasta los objetivos de la responsabilidad estatal y del derecho daños e identifica las razones generales por las cuales la Administración debería indemnizar los daños causados a los administrados.
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Editorial
La cita al Digesto que muestra la distinción entre el derecho público y privado es frecuente en el medio académico: “Dos son las posiciones en este estudio: el público y el privado. Es Derecho Público el que respecta al estado de la República, privado el que respecta a la utilidad de los particulares, pues hay cosas de utilidad pública y otras de utilidad privada”.
Sin embargo, por distintas razones –sean jurídicas, económicas, políticas o sociales– la clásica y antigua distinción ha entrado en crisis. Ya sucedió a inicios del siglo xix con el derecho del trabajo. Más adelante, en el siglo xx, el mundo fue testigo de la importancia y la necesidad de resguardar los derechos humanos, tanto en las relaciones respecto del Estado como en todas sus demás manifestaciones. Incluso, más recientemente, el explosivo aumento de fenómenos como el consumo o las nuevas tecnologías de información, han requerido de legislaciones especiales, en las que el ente estatal termina interviniendo ciertas relaciones que, tradicionalmente, eran concebidas como un reducto privado. [...]