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  • LA NOCIÓN DE CLÁUSULA NO NEGOCIADA Y SU IMPORTANCIA EN LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES DE INCORPORACIÓN Y DE CONTENIDO

    Sebastián Nicolás Campos Micin

    Se examina la noción de cláusula no negociada como una noción fundamental en la tarea de delimitar los ámbitos objetivos de aplicación de los controles de incorporación y de contenido. Se sostiene que las características definitorias de una cláusula no negociada son la contractualidad, la predisposición y la imposición. Se precisa que, si a las mencionadas características se añade la generalidad, la cláusula no negociada pertinente podrá ser calificada, además, como una condición general de la contratación. En el marco del tratamiento de las características de las cláusulas no negociadas se aclaran aspectos en que la jurisprudencia nacional se ha mostrado errática y que han incidido en una merma en la tutela del adherente. En particular, se aclara que la sola predisposición es un indicio suficiente para presumir que no ha existido posibilidad de negociación; asimismo, se aclara que la mera circunstancia de que ciertos datos sean llenados por el cliente o que este pueda elegir entre distintas cláusulas cuál es la que, en concreto, habrá de regir el contrato, no implica una transformación de la cláusula elegida en una negociada de manera individual ni mucho menos supone la transformación entera del contrato en uno libremente discutido.

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  • ACERCA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA GARANTÍA LEGAL Y LA GARANTÍA VOLUNTARIA EN EL SISTEMA DE CONSUMO CHILENO: PLAZO CONCURRENTE Y PLAZO RESIDUAL

    Erika Isler

    La deficiente técnica legislativa utilizada por la LPDC para regular los regímenes de garantía de conformidad ha implicado el surgimiento de diversas dudas interpretativas. Entre ellas, se encuentra la eventual extensión del plazo de la garantía legal –y sus efectos– a toda la eficacia temporal de una eventual garantía voluntaria.

    Una lectura sistemática de la LPDC y de sus estatutos de responsabilidad conducen a una respuesta negativa, sustentada sobre la base de su racionalidad interna y la interpretación de las reglas de las garantías, en consonancia con las que establecen deberes de información y publicidad.

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  • ACERCA DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONTRACTUAL

    Carlos Pizarro Wilson

    La regla de la exigibilidad para establecer el cómputo del plazo de la prescripción extintiva constituye la norma general en el derecho de las obligaciones. Su interpretación tradicional la asume como una cuestión sencilla, que hace coincidente el nacimiento de la obligación con la exigibilidad, cuya excepción es la obligación sujeta a plazo o condición suspensiva. La existencia del crédito y la acción para su ejecución o cumplimiento constituye el trazo esencial para su comprensión. Sin embargo, como demostraremos en este trabajo, ese entendimiento no es satisfactorio, al menos de una manera tradicional, para fijar el momento del inicio de la prescripción de la acción indemnizatoria derivada del incumplimiento del contrato. Razonaremos y concluiremos que la acción indemnizatoria por incumplimiento contractual no comienza a correr sin la manifestación del daño y el conocimiento o posibilidad de él de parte del acreedor.

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  • EL TÉRMINO ESENCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES O REMEDIOS POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL ACREEDOR A LA LUZ DEL ARTÍCULO 1489 DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO

    Patricia Verónica López Díaz

    Desde antiguo la doctrina comparada ha abordado la noción del término esencial y los efectos derivados de su vencimiento, suscitándose el debate a propósito de las acciones o remedios por incumplimiento que puede elegir el acreedor para satisfacer el interés contractual que resulta frustrado como consecuencia de tal vencimiento. Esta interesante discusión no se ha planteado aún en nuestra doctrina, lo que no sólo ha impedido advertir en toda su extensión el alcance del derecho de opción que el artículo 1489 otorga al acreedor frente al incumplimiento del deudor sino delimitar uno de los casos o hipótesis en que el acreedor puede escoger autónomamente entre la pretensión de cumplimiento específico, la resolución o la indemnización de daños.

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  • EL CONCEPTO DE EMPRESA PARA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y SUS IMPLICANCIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS

    Ximena Luz Marcazzolo Awad, Diva Serra Cruz

    El presente trabajo tiene por finalidad determinar el significado del término ‘empresa’ para la Ley de Delitos Económicos. Esto es particularmente relevante respecto de los delitos de las categorías segunda y tercera, y en menor medida la cuarta. La relevancia de la pregunta se basa en que el legislador lo ha empleado como un elemento estructural o fundamental para la delimitación de lo que se entenderá por delito económico y, como consecuencia de ello, para activar el estatuto especial de penas y consecuencias adicionales a la sanción aplicable a las personas responsables de los delitos económicos. Para dar respuesta a esta interrogante, primero se acude a la legislación extrapenal. A continuación, se revisa el artículo sexto de la Ley n.º 21595 y el respectivo reenvío que esta disposición efectúa a la Ley n.° 20416. Sobre la base de ello se deduce que no es posible incardinar dentro del concepto de empresa a las corporaciones y fundaciones, con las consecuencias que ello implica. Por último, se destaca el impacto que esta técnica legislativa genera para el estatuto penal de las personas jurídicas, que también fue modificado por la ley de delitos económicos.

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  • SOBRE LA OPORTUNIDAD PARA ALEGAR EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO: EL CRITERIO DE LA TERCERA SALA DE LA CORTE SUPREMA

    Carlos Troncoso Durandeau, Pedro Pablo Vigneaux Novoa

    La doctrina y jurisprudencia clásica entienden que el abandono del procedimiento no tiene un límite temporal para su interposición, mientras no se dicte una sentencia ejecutoriada. Así, no le resulta aplicable la regla general sobre el plazo para la promoción de los incidentes, establecida en el art. 85 del CPC. Sin embargo, una serie de fallos dictados por la Tercera Sala de la Corte Suprema han cambiado este criterio. A partir de una evolución argumentativa, que inició con un argumento de buena fe procesal, esta Sala ha considerado que la regla del art. 85 del CPC sí es aplicable al incidente de abandono del procedimiento. El objetivo de esta investigación es mostrar tal evolución y dar cuenta de los problemas de interpretación que se pueden dar al considerar aplicable esta norma.

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